Legalidad y Legitimidad: pilares para el buen gobierno

Pronunciamiento a propósito de la disolución del Congreso de la República del Perú

30 de setiembre de 2019

Los pueblos indígenas amazónicos del Perú representados por AIDESEP consideramos legítima la disolución del Congreso de la República del Perú como decisión constitucional del Presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo en virtud de lo que establece el artículo 134 de la Constitución del Perú.

En este contexto, RECHAZAMOS con firmeza

• la suspensión al Presidente Martín Vizcarra y la juramentación inconstitucional de Mercedes Araoz —una de las responsables políticas de la masacre de Bagua (2009)— como “Presidenta” en el contexto de un Congreso disuelto, lo que consideramos va en contra de toda acción constitucional que busca garantizar un orden jurídico y político estable en nuestro país; y

• todo acto o decisión desde el Estado que no se funde en el principio máximo del bien común para las y los ciudadanos de nuestro país y, contrario a ello, se someta a intereses ajenos a la ética y el buen gobierno, que de manera fáctica nos han significado durante décadas la violación de nuestros derechos fundamentales como pueblos indígenas amazónicos en el Perú reconocidos en tratados internacionales y nacionales.

Por otro lado, declaramos que RESPALDAMOS

• toda acción desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que busque garantizar con transparencia y control el proceso de las elecciones parlamentarias convocadas por el Presidente Vizcarra para el 26 de enero de 2020;

• la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para elegir a las autoridades con transparencia, publicidad, control, y que con ello se aporte a generar mejores condiciones para una buena gobernanza.

Agregamos que es innegable que existe una desconfianza hacia lo público. Las evidencias son concretas a diversas escalas territoriales en nuestra amazonia, con una cadena causal de desigualdades y agresiones a nuestros derechos fundamentales como personas y pueblos originarios: una educación lánguida; un atención de salud ineficaz; amenazas y muerte a los defensores y defensoras indígenas; criminalización; aplicación de justicia sin garantías de un debido proceso; inseguridad jurídica en el acceso y control de nuestros territorios; expansión del tráfico de tierras, de las invasiones, agronegocios, monocultivos, plantaciones, tala ilegal, narcotráfico; la expansión de actividades de las industrias extractivas, proyectos como la Hidrovía Amazónica, la fragilidad en el cumplimiento de la consulta previa, libre e informada toda vez que alguna medida administrativa o ley pueda afectar los derechos colectivos de nuestros pueblos, entre otros.  

Este escenario de desigualdades se ha territorializado gravemente debido, entre otros, a la debilidad de la política institucional del Estado peruano marcada no solo por las redes de corrupción injertadas en la estructura orgánica de sus poderes, sino, también, por la falta de espacios de articulación entre ellos en la toma de decisiones y la incapacidad/voluntad política para impulsar junto con los pueblos indígenas una planificación integral de desarrollo con equidad para la amazonia peruana y sus pueblos.

Por tanto, EL ESTADO PERUANO, COMO GARANTE DE NUESTROS DERECHOS FUNDAMENTALES COMO PUEBLOS INDÍGENAS, TIENE EL DEBER DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES PARA EL EFICAZ FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE SUS ESTRUCTURAS POLÍTICAS TOMANDO COMO PRINCIPIO MÁXIMO EL BIEN COMÚN E INICIAR JUNTO CON EL QUE SE CONSTITUIRÁ COMO NUEVO PARLAMENTO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE UN PROYECTO POLÍTICO PARA LA AMAZONIA. AIDESEP, desde su legitimidad, es y seguirá siendo vigilante activo de la acción política del Estado peruano.

Consejo Directivo Nacional

Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana