Servindi, 23 de julio, 2019.- El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de San Martín contra las normas que permiten a la Policía Nacional realizar convenios con empresas extractivas.

La demanda pide anular el Decreto Legislativo N° 1267 y el Decreto Supremo N° 003-2017-IN que permiten a la institución policial brindar servicios de seguridad a las empresas extractivas a cambio de una remuneración económica.

La resolución judicial que admite la demanda permitirá a los magistrados del Tribunal Constitucional evaluar el fondo de la demanda y celebrar una audiencia para dictar una sentencia.

En Perú se han suscrito 138 convenios de esa naturaleza, de los cuales 29 están aún vigentes.

Los demandantes sostienen que los convenios son parte de un andamiaje institucional que tienen como objetivo criminalizar la protesta socioambiental en perjuicio de los defensores y defensoras indígenas de derechos humanos.

De igual manera,  vulneran el derecho de la población a la seguridad ciudadana y quiebran los principios del Estado de Derecho.

La demanda es patrocinada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Earth Rights International (ERI) y solicita además que el Congreso de la República y el Ejecutivo respeten los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Cabe destacar que el 30 de mayo de 2019 el Tribunal Constitucional también admitió a trámite otra demanda de amparo que pide declarar inaplicable el “Convenio de Servicios Extraordinarios Complementarios a la Función Policial”.

Dicho acuerdo fue suscrito entre la empresa minera Glencore Antapacay (antes Xtrata Tintaya) y la Policía Nacional del Perú.

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