Servindi, 17 de mayo, 2019.- El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Fabián Salvioli, alertó que los artículos del proyecto de "Ley de Reconciliación Nacional" son ilegales bajo la ley nacional e internacional.
Según el experto en justicia transicional, la iniciativa legislativa contiene perdones de facto por graves violaciones de derechos humanos, prescripciones para la investigación y el enjuiciamiento de dichas violaciones, entre otras medidas.
"La condena y el castigo efectivo de los responsables es una obligación del Estado salvadoreño, y no puede ser eludida por decisiones legislativas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”, remarcó Salvioli en un comunicado de la ONU.
Esta declaración se dio en el marco del posible debate y aprobación de dicho proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, antes del 1 de junio, fecha en que el presidente electo, Nayib Bukele, asumirá el cargo.
De acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional y la Oficina en Washington para Latinoamérica (WOLA por sus siglas en inglés), dicho texto legislativo beneficiaría a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
Finaliza la #CPolíticaAL y acuerda emitir dictamen para declarar como "Día de las víctimas de desaparición forzada", el 30 de agosto da cada año; además de crear una subcomisión para que confeccione un anteproyecto de ley de reconciliación nacional. pic.twitter.com/gHoWmA2Akj
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) May 14, 2019
La comisión especial que presentó esta propuesta legislativa fue cuestionada por diversas organizaciones de derechos humanos, dado que todos sus miembros estuvieron relacionados directamente con este período de violencia.
La cuestionada comisión justificó su proyecto legislativo en la sentencia del Tribunal Supremo de 2016, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de amnistía establecida en 1993.
Dicho fallo exigió a la Asamblea Legislativa que trabaje en una nueva Ley de Reconciliación Nacional.
Las víctimas del conflicto armado, sus representantes y la sociedad civil aseguraron que no han sido consultadas en el proceso de creación de este proyecto.
En El Salvador, el conflicto armado interno, ocurrido entre 1980 y 1992, cobró 75 mil vidas. Este periodo de violencia dejó crímenes como el asesinato de los jesuitas, la masacre de unos mil campesinos en El Mozote (1981) y el homicidio del arzobispo Óscar Arnulfo Romero (1980).
Relator ONU recuerda a El Salvador que las amnistías son incompatibles con crímenes como la tortura o el genocidio. Desde la @CIDH compartimos estas preocupaciones https://t.co/r7zgI1aQto
— Antonia Urrejola (@totonia68) May 17, 2019
Señalamientos al proyecto
Según Salvioli, las disposiciones del proyecto incluyen amnistías o perdones de facto que reemplazarán las penas de prisión por el servicio a la comunidad.
En el caso de la responsabilidad penal, esta será asumida únicamente por quienes participaron directamente en un acto punible. Es decir, existe el riesgo de impunidad para quienes ordenaron, participaron o fueron cómplices de ello.
Otro cuestionamiento es el plazo de prescripción de cinco años para la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de guerra.
Por último, el proyecto también prohíbe las extradiciones pasivas con fines de enjuiciamiento en tribunales extranjeros.
Así lo identificó el mencionado relator especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición.