Servindi, 29 de marzo, 2019.- Tras la convocatoria de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Minga Nacional por la Defensa de la Vida, los territorios y la Paz va sumando nuevas comunidades y prevé cubrir desde La Guajira hasta la Amazonía colombiana.
La movilización nacional se da en un contexto donde se intensifica el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por ejemplo, solo en lo que va del gobierno de Iván Duque fueron asesinados 140 líderes.
Además, entre el 1 de enero del 2016 y el 9 de febrero último fueron asesinados 584 líderes y lideresas, de los cuales más de la mitad pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes.
“Sumando a ello, vemos con preocupación que este gobierno impulsa un plan de desarrollo regresivo en los derechos conquistados en salud, trabajo, educación, entre otros, e intensifica un modelo extractivista que destruyen a su paso los páramos, ríos, boques, la vida y pervivencia de los pueblos”, expresa la ONIC.
En este sentido, la Minga busca confrontar el modelo económico del gobierno, su agenda política, militar y social, así como exponer la grave situación de los derechos humanos en Colombia.
La agenda de movilización contiene la defensa da la vida, la paz y los derechos humanos, la defensa de los territorios para la vida, defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), los acuerdos incumplidos y posicionamiento político frente al Plan de Desarrollo 2018-2022.
Propuestas
La Minga exige el cumplimiento integral del Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, así como la verdad y la justicia frente al asesinato y amenazas de líderes y lideresas sociales e indígenas, autoridades tradicionales y espirituales.
Asimismo, rechazan el proyecto de ley que modifica la Ley 160-1994, un “proyecto lesivo” porque “legaliza el despojo violento de los territorios, restringe la función social y ecológica al uso de la tierra”, ya que no se cumplió con el mecanismo de la consulta previa con los pueblos indígenas.
“Exigimos cumplimiento del Convenio 169 de la OIT ratificado por Colombia, mediante la Ley 21 de 1991 que establece la obligatoriedad de la realización de la consulta con los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes y reiteramos nuestra oposición a la reglamentación que contradice el mismo Convenio”, sostiene ONIC.
Las organizaciones indígenas colombianas también exigen la reparación y compensación de los pasivos ambientales que fueron producidos por los proyectos de explotación, entre ellos, mineros, petroleros e hidroeléctricos (en este caso de Hidroituango) por afectar el río Cauca.
Por otro lado, exigen reconocer la “existencia de la emergencia humanitaria en los departamentos de Choco, Guaviare, Vichada, Guajira por los altos niveles de desnutrición infantil y madres gestantes” y la implementación de un plan de nutrición integral con enfoque diferencial.