Servindi, 22 de marzo, 2019.- Organizaciones sociales condenaron la actuación represiva del Estado peruano que la noche del jueves 21 detuvo a dirigentes comunales y a dos abogados de la comunidad de Fuerabamba, en Apurímac.

Los representantes y defensores acudían a una cita con la Presidencia del Consejo de Ministros en torno al conflicto minero Las Bambas, pero son acusados de ser "autores intelectuales" del bloqueo de vías y entorpecer el diálogo con la empresa minera.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)  denuncia el intento de criminalizar la defensa legal de las comunidades y llama a "evitar cualquier intervención violenta de la PNP, lo cual solo agudizará más el conflicto".

"Es imprescindible evitar que se repitan sucesos como los de Bagua o los del mismo Apurímac en el 2015 y el 2016, nada justifica la pérdida de vidas humanas" indica la Coordinadora.

Advierte que "insistir con una política de mano dura generará más violencia y no dará solución institucional y duradera a las legítimas demandas de la población".

Destaca que es imprescindible que el gobierno asuma su obligación de realizar el saneamiento físico legal de la propiedad de las comunidades afectadas, cuyas tierras están siendo usadas por el Estado sin autorización comunal.

La Confederación Nacional Agraria (CNA) demanda que el Estado adopte un rol "mediador y facilitador para garantizar un diálogo y proceso de concertación" que no ponga en desmedro los derechos de las comunidades.

Que así como se divulga que la empresa minera está perdiendo millones de dólares por día "también se visibilice la vulneración de los derechos de las comunidades al territorio (artículo 73 de la Constitución Política del Perú).

Asimismo pide atender el caso con la celeridad debida a fin de evitar muertes y personas heridas. "Prolongar el conflicto sería catastrófico e innecesario" indica el gremio nacional.

El origen del conflicto

Es importante saber que la comunidad de Fuerabamba fue trasladada de su territorio ancestral a zonas suburbanas sin adecuación intercultural para dar paso al proyecto minero.

Con el pago de sumas irrisorias la población salió de su territorio ancestral. Una vez reubicada el proyecto minero modificó el traslado de minerales a través de un mineroducto para hacerlo por una carretera que atraviesa la nueva ubicación.

Ante la legítima protesta comunal el Estado peruano decidió declarar via nacional la carretera a fin de favorecer a la empresa, en desmedro de los comuneros.

Luego de meses de exigir diálogo la población decidió hace más de 40 dias bloquear la carretera a fin de iniciar un diálogo y obtener una compensación.

Sin embargo, el Estado ha decidido aplicar una medida represiva que puede agravar las tensiones y el conflicto social, como lo advierten las organizaciones sociales. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo señaló que corresponde al Ministerio de Transportes y Comunicaciones explicar la situación jurídica de la carretera que cruza Yavi Yavi, respecto a su reclasificación como vía nacional y el derecho de vía establecido mediante resolución ministerial.

Tanbién informar con precisión sobre el contrato de permuta entre la comunidad de Fuerabamba y la compañía minera Las Bambas, y aclarar sobre la servidumbre existente, y el posible derecho de la comunidad a una compensación por el uso de la referida vía.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe tener presente que la demora en los procedimientos para la adquisición de la franja del fundo Yavi Yavi por donde pasa la vía reclasificada como nacional, crea una situación de tensión permanente.

"No se puede mantener una carretera reconocida de uso público por el Estado, sin atender los derechos y expectativas del propietario" remarcó la Defensoría del Pueblo. 

La CNDDHH frente a la actuación del Estado por las protestas de las comunidades en 'Las Bambas'     PRONUNCIAMIENTO La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos frente a la actuación del Estado por las protestas de las comunidades afectadas por el proyecto minero Las Bambas expresa lo siguiente: La protesta de las comunidades y de los pobladores de Cotabambas – Apurímac por el accionar de la empresa MMG Las Bambas no es solo de hace 50 días, se vienen dando desde el 2015.  Las principales causas son las constantes modificaciones inconsultas que la empresa y el Estado hacen respecto al proyecto y que terminarán afectando a la población local.  Las más graves, el traslado de la planta de molibdeno de Cusco a Apurímac y, el cambio de medio de transporte del mineral de un mineroducto a una carretera.  En el 2015 y 2016 las demandas de la población en torno a la propiedad comunal y los impactos que genera el transporte del mineral fueron respondidas principalmente con represión, dejando 4 comuneros muertos, respecto a lo cual no hay un proceso judicial que investigue esto. Sin embargo, los comuneros que reclaman sus derechos sí están siendo procesados por delitos como asociación ilícita para delinquir, disturbios o daños y sus casos avanzan de manera acelerada. A esto se suman los mecanismos represivos de la declaratoria de los Estados de emergencia preventivos, que se dictan recurrentemente desde hace más de 2 años y que suspenden derechos fundamentales de la población.  De igual forma, persisten los convenios de prestación de servicios que pone a la policía al servicio privado de la empresa minera.   Preocupa que el gobierno no esté siendo diligente para atender estos conflictos, una muestra de ello es la extinción intempestiva de la Mesa de Dialogo para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, el 12 de diciembre de 2018, mesa que se conformó luego de las protestas del año 2015, y que dejó a las comunidades sin mecanismo de interlocución con el Estado. Respecto a la comunidad de Fuerabamba, hay que tener en cuenta que tiene un historial de impactos, fue trasladada de su territorio ancestral y los ubicaron en zonas suburbanas sin adecuación intercultural. Urge reconocer que existe un reclamo legítimo que debe revisarse, por lo mismo denunciamos la detención de los dirigentes campesinos Carlos Fernando Vargas Arizábal y Gregorio Rojas Paniura; llamamos la atención nacional e internacional sobre la acusación hecha sobre estos líderes como integrantes de una organización criminal, y le recordamos al gobierno que los comuneros han insistido por años en el diálogo de buena fe. Así también con relación a la defensa legal de los abogados Chávez, si bien no avalamos su forma de diálogo y trabajo, denunciamos los intentos de criminalizar la defensa legal de las comunidades afectadas. Hacemos un llamado urgente a evitar cualquier intervención violenta de la PNP, lo cual solo agudizará más el conflicto. Es imprescindible evitar que se repitan sucesos como los de Bagua o los del mismo Apurímac en el 2015 y el 2016, nada justifica la pérdida de vidas humanas.  Exigimos al gobierno central que no se deje amedrentar por la campaña de presión y de desprestigio para con las y los líderes de las comunidades afectadas ejercidas por diferentes gremios extractivos. Insistir con una política de mano dura generará más violencia y no dará solución institucional y duradera a las legítimas demandas de la población. Por el contrario, es imprescindible que el gobierno asuma su obligación de realizar el saneamiento físico legal de la propiedad de las comunidades afectadas y cuyas tierras están siendo usadas por el Estado sin su autorización. 22 de marzo de 2019 Coordinadora Nacional de Derechos Humanos