Servindi, 14 de junio, 2018.- Un paquete de normas legales lesivas a los intereses ciudadanos y que solo benefician a sectores empresariales específicos y a su propia bancada pretende aprobar la mayoría fujimorista de Fuerza Popular en los últimos días de la legislatura parlamentaria.

Muestra de ello es la aprobación de la Ley Mulder que prohibe la publicidad estatal en los medios privados de difusión y que fue aprobado la tarde del jueves 14 de junio por el contubernio político entre la bancada fujimorista y el aprismo, a pesar de su evidente carácter inconstitucional. 

Así lo advierte la bancada parlamentaria de Nuevo Perú que señala entre dichas normas a la Ley Chlimpler que busca extender el Régimen Laboral Agrario que desconoce derechos laborales y beneficia a empresas agroexportadores como la del propio José Chlimper.

Otra norma es la Ley Keiko que busca cerrar el paso e impedir la postulación de nuevas alternativas políticas como las que representan Julio Guzmán y Verónica Mendoza.

De esta formar, la hija del dictador Alberto Fujimori quiere allanarse el camino a la presidencia en la que sería su tercera postulación a la presdidencia.

Otra norma denunciada es la Ley de Hidrocarburos que -tal como lo advierte la Coordinadora Nacional de Derechonas Humanos- vulnera derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política y en instrumentos jurídicos internacionales.

La Ley Letona busca obstruir una supervisión efectiva por parte de la Superintencia de Banca y Seguros (SBS) a las cooperativas de ahorro y crédito, a pesar que existe evidencia de se usan para lavar dinero de actividades ilegales.

La citada norma hiperconcentra funciones en el Ministerio de Energía y Minas en desmedro de otros sectores y otorga una serie de licencias a los concesionarios de hidrocarburos vulnerando derechos ciudadanos, ambientales e incluso contenidos en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

Otra norma es la Ley Chatarra que modifica la Ley de Alimentación Saludable con el único afan de beneficiar a grandes empresas a costa de perjudicar a los consumidores con una información confusa.