La Comisión Europea cuestionó que España cobre impuestos bajo para la utilización de combustibles. El país ibérico se encuentra retrasado en materia de legislación ambiental y las organizaciones civiles sospechan de ‘lobbies’ detrás de este retraso.
Por José Díaz
Servindi, 14 de marzo, 2018.- La Comisión Europea (CE) envió hace unos días a España un comunicado exigiendo la mejora de su normativa ambiental en ámbitos como la eficiencia energética y el cálculo de emisiones. Según el órgano continente el país ibérico se encuentra retrasado -en comparación con otros países de la región- en el terreno de la recaudación de impuestos por el uso de combustibles fósiles.
La crítica de la CE hacia la laxitud medioambiental española se debe principalmente a lo que denominan un “impuesto especialmente mínimo” al uso de la gasolina, pese a su carácter contaminante. Cabe mencionar que la recaudación ambiental de España alcanza solo un 1.9% de su PBI frente a una media de 2.4% en la mayoría de países pertenecientes a la Unión Europea.
Pocos ingresos, lo que refleja el bajo nivel de impuestos especiales sobre la gasolina sin plomo y el diésel, señaló un comunicado de la Comisión Europea.
Pese a la involucración de España en proyectos ambientales de carácter regional como el Plan Natura, la legislación ambiental en materia de emisiones sigue estando bastante retrasada. La última actualización de su corpus normativo data del 2003.
Falta de claridad
Sin duda alguna, la baja recaudación española hacia las actividades industriales que involucran el uso de energías no renovables ha despertado la sospecha de lobbies al interior de la Península Ibérica. Así lo ha señalado un informe de la organización Ecologistas en Acción que sugiere la intervención de una fundación vinculada al ex presidente de España, José María Aznar.
Frente a estas sospechas, la respuesta de la Comisión Europea fue firme:
“Las autoridades españolas disponen de dos meses para subsanar las deficiencias señaladas en el dictamen motivado; de lo contrario, la Comisión puede llevarlas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, afirmó su comunicado.
La falta de claridad en materia de emisiones es otro de los aspectos preocupantes para el bloque regional en función de la contaminación que produce España. ¿Se pondrá el país ibérico a la par de las demás naciones europeas en legislación ambiental?
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— Servindi (@Servindi) 14 de marzo de 2018