Cuestionada norma ampara intervención de fuerzas armadas en acciones de seguridad pública y de seguridad nacional. Fue aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República el mismo día por votación en su mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Servindi, 16 de diciembre, 2017.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó su rechazo a la nueva Ley de Seguridad Interna de México por considerar que viola los derechos humanos de los ciudadanos.
La intervención del Ejército de México en los asuntos de seguridad pública y de seguridad nacional que ampara esta normativa, podría suponer una grave violación a los derechos humanos de los mexicanos.
Organizaciones de la sociedad civil anunciaron que pedirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revertir esta legislación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un recurso de Inconstitucionalidad.
La norma fue aprobada la mañana del 15 de diciembre por el Senado en lo general, y la Cámara de Diputados en lo particular. El pleno del Senado de México la aprobó por 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.
La Cámara de Diputados siguió la conducta del Senado y la aprobó, con apenas unas horas de diferencia, con 262 votos a favor y 25 en contra. La mayor parte de los votos fueron del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Cuestionamientos
Elisabeth Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó que la aprobación de dicha norma es "lamentable porque no creemos que sea un paso positivo".
Throssell indicó que México "debería centrarse en reforzar la Policía nacional y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna".
Cristina Díaz Salazar, en representación de la Comisión de Gobernación, dijo que esta nueva Ley "no pretende que la Fuerzas Armadas estén al frente de las acciones de seguridad de manera permanente; y mucho menos es intención del gobierno de la república militarizar al país”.
Ángel Benjamín Robles, senador y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, aseguró que "la Ley potenciará el uso indiscriminado de las fuerzas armadas, debido a que se puede prorrogar su presencia en las entidades, y pone en riesgo al país ante una posible militarización".
El problema de la impunidad
La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) advirtió recientemente que sólo 3 de cada 100 delitos presuntamente cometidos por elementos del Ejército tuvo castigo.
Además documentó que entre 2012 y 2016 la Procuraduría General de República inició 505 investigaciones judiciales en contra de militares por diversos delitos pero sólo obtuvo sentencia condenatoria para 16 casos.
Las denuncias se efectuaron por presuntos delitos de tortura, desaparición forzada, homicidio, violencia sexual, abuso de autoridad, lesiones, extorsión, secuestro, robo y allanamiento de morada.
"Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios" detalla el reporte según una información de Infobae.