Conferencia de prensa sobre grave denuncia. Foto: Jean Chicana / Servindi

- Tras cinco años de conocer los resultados de la contaminación con metales pesados, el Estado no brindó solución a grave problema de salud.

Servindi, 26 de noviembre, 2015.- Sendas demandas en el ámbito civil y penal, así como un proceso de amparo, se anunciaron a favor de las comunidades campesinas de Huisa y Alto Huancané, las más afectadas por la contaminación con metales, en la provincia de Espinar, Cusco.

Las demandas serán debidamente formuladas con la colaboración de diversas asociaciones civiles como Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco (DHSF Cusco), CooperAcción, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA).

El anuncio coincide con una reciente investigación realizada por Convoca y difundida por el diario La República que reveló una gran falta cometida por el Estado peruano con las poblaciones cercanas a la zona de afectación del proyecto Tintaya -hoy Antapaccay-.

La investigación demuestra que el Estado peruano no cumplió con proteger y atender a tiempo a las comunidades afectadas en su salud por la contaminación con metales pesados, a consecuencia de los relaves dejados por la actividad minera.

En octubre de 2010 el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente (CENSOPAS), entidad dependiente del Ministerio de Salud (MINSA), realizó un estudio para determinar el grado de contaminación por metales pesados en los poblados de Huisa y Alto Huancané.

Dicho estudio mostró que en el 100 por ciento de los casos analizados las personas analizadas estuvieron expuestos a metales altamente dañinos como el arsénico, el mercurio, el cadmio y el plomo, superando en muchas situaciones los límites máximos indicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No obstante, el CENSOPAS no divulgó los resultados a la población ni adoptó las medidas que la situación ameritaba. La posterior revelación de este estudio fue el inicio del grave conflicto social que dejó tres fallecidos en mayo de 2012.

En esa misma fecha, el ministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal defendió su posición afirmando que el estudio de CENSOPAS no fue practicado en el área de influencia de la entonces minera Xstrata, demostrando así la despreocupación del gobierno.

Infografía: Convoca

Esconden resultados

En 2013, CENSOPAS recibió el pedido de realizar un nuevo estudio por parte de la minera Quechua, subsidiaria de la firma japonesa Pan Pacific, quienes se encontraban en etapa de exploración de un proyecto que compartía parte de la zona de influencia de la mina Tintaya.

Cabe mencionar que en ese tiempo, la empresa Xstrata Tintaya se asoció con la compañía suiza Glencore, quienes ampliaron el proyecto cuprífero y lo renombraron Antapaccay.

En mayo de 2013 la población recién pudo conocer verdaderamente los resultados de los estudios practicados hasta ese entonces. No obstante tras la protesta, se acordó un nuevo examen médico.

Estos nuevos resultados además de confirmar el diagnóstico anterior, descubrieron que en la orina y la sangre de los pacientes analizados se encontraron otros metales como molibdeno, cobalto, estroncio, cesio, tungsteno, uranio, entre otros; siendo en total 17 metales nocivos.

Sin embargo, durante las mesas de diálogo de agosto de 2013, el CENSOPAS solo mostró los resultados para seis metales. Los resultados para los metales restantes no fueron revelados sino hasta diciembre de 2014.

Por si fuera poco el Estado aparte de esconder las pruebas a la población, entregó las constancias médicas sin sellos ni firmas que certifiquen la información tal como corresponde al ser un documento oficial.

Faltas del Estado

De acuerdo con el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, en este caso existen una serie de obligaciones contempladas en normas que no han sido cumplidas por parte del Estado, así como también algunos ilícitos penales como “el delito de no atender personas en peligro”.

Asimismo, explicó que se encuentra en preparación una demanda civil contra el Estado para que repare los daños de las personas afectadas.

Señaló que se espera conocer pronto el informe solicitado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) al Instituto Nacional de Energía Nuclear que establecerá el grado de responsabilidad de la empresa minera para que también sea demandada.

“Estas demandas no buscan oponerse a la actividad extractiva necesariamente, lo que busca es una adecuada protección al medioambiente, a los derechos de las personas afectadas, porque es absolutamente incompatible esa situación en un Estado constitucional”, aclaró Ruiz Molleda.

Por su parte, el médico Fernando Osores Plenge precisó que la intervención de la congresista Verónika Mendoza colaboró en la revelación de los estudios escondidos y encarpetados por CENSOPAS, entidad dirigida en ese momento por la doctora María del Carmen Gastañaga.

También puntualizó que el Estado intentó pasar los estudios como parte de un informe de base sobre una zona donde todavía no había actividad minera, cuando en realidad el estudio mismo indicaba que ya había el tajo Tintaya, en plena explotación y otros proyectos en desarrollo.

“El Estado sabe desde el 2010 que hay metales pesados en las personas y las están envenenando, intoxicando, que son un veneno para la salud humana, que destruyen el futuro de  las comunidades y que rompen con la seguridad y la inocuidad alimentaria”, denunció Osores.

Y finalizó mencionando que hasta la fecha, las autoridades no han hecho nada para solucionar y atender de forma especializada este grave problema.

“Solamente han hecho acciones de salud bamba, donde las poblaciones llegan, son auscultadas en el pecho, se les manda (hacerse) una ecografía, y todavía tienen el cuajo de mandarlos a comprar medicamentos a la farmacia”, reclamó.

Juan Manuel Magaño presentando imágenes de los niños con malformaciones. Foto: Jean Chicana / Servindi

Demandas

Juan Manuel Magaño, dirigente de la comunidad Huisa, expresó su indignación en torno al atentado contra la salud de su pueblo y el desamparo de las autoridades ante los constantes reclamos por contaminación con metales pesados.

“Nos han quitado nuestros derechos a una vida digna, han atentado (contra) nuestra atención médica y de salud. No nos han atendido hasta el momento (…) El Estado sabía desde el 2010 que hemos estábamos siendo envenenados y no hizo nada”, expuso Magaño.

Asimismo comentó que en Huisa existen tres fallecidos producto de males hepáticos, atribuidos a la sobreexposición a metales nocivos, así como la existencia de casos de recién nacidos con malformaciones, y niños con trastornos mentales.

Por su parte, la señora Melchora Surco Rimachi comentó que en el poblado de Alto Huancané se presentan casos similares en niños y adultos, lo cual ha cambiado totalmente la forma de vida de la comunidad.

“Tenemos preocupación de qué será de nuestros nietos, de nuestras demás generaciones. El Estado se ha olvidado de nosotros sabiendo que hay contaminación, pero dicen que es natural. (…) Pero lo que yo veo desde mi niñez no era así”, contó entre sollozos.

Melchora Surco Rimachi contando su testimonio. Foto: Jean Chicana / Servindi.

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