Servindi, 17 de octubre, 2015.- La participación indígena, en particular de la mujer, es esencial para cumplir las metas de conservación de la diversidad biológica, sostuvo Edith Bastidas, miembro de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad (RMIB).
Bastidas, quién es indígena del pueblo Pasto, de Colombia destacó que las oportunidades de conservación de la diversidad y el conocimiento tradicional resultan de la interacción de la naturaleza con los pueblos que tradicionalmente habitan los respectivos territorios.
"De ahí la importancia de la participación de los pueblos indígenas en todas las políticas de conservación, especialmente en la gestión y manejo de los territorios tradicionales que se han delimitado como protegidos" sostuvo en un reporte escrito.
Edith Bastidas participó en el taller de creación de capacidades para América Latina y el Caribe, para alcanzar las metas 11 y 12 de Aichi, organizado por la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), que se llevó a cabo en Curitiba, Brasil, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2015.
En 2010 se adoptó en Nagoya, Japón, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica para ser alcanzado en el año 2020, conocido como las Metas de Aichi, con 20 metas específicas.
El evento tuvo el propósito de recolectar información sobre el estado y la falta de datos respecto al cumplimiento de los diferentes elementos de las metas 11 y 12, las acciones para resolver la falta de datos, hallar posibilidades de financiamiento y definir acciones para contribuir con alcanzar la meta subregional y global en los años restantes para el 2020.
Edith Bastidas, quien es abogada especialista en derecho constitucional y parlamentario, enfatizó en la participación de la mujer indígena dado su importante rol en la gestión holística e integral de sus territorios.
Entre las conclusiones planteó la necesidad de que se reconozcan los territorios indígenas como opciones válidas y efectivas de conservación, sin necesidad de que ellos sean elevados a una nueva categoría de área protegida.
A continuación el reporte de Edith Bastidas:
Los pueblos indígenas y el cumplimiento de las metas de conservación de la diversidad biológica
Por Edith Bastidas*
17 de octubre, 2015.- El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), constituye un tratado internacional jurídicamente vinculante. Fue firmado el 5 de junio de 1992, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, y entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. Su órgano rector es la Conferencia de las Partes (COP), conformada por delegados de los Gobiernos que han ratificado el CDB.(1)
En el año 2010 en la provincia de Nagoya, Japón se llevó a cabo la décima conferencia de la COP, en la cual se adoptó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica para ser alcanzado en el año 2020, conocido como las Metas de Aichi(2) con 20 metas para la conservación de la Diversidad Biológica.
En esta oportunidad nos situaremos en el objetivo estratégico C: consistente en: “Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética”. A su vez este objetivo tiene tres metas, 11, 12 y 13. Para efectos del presente escrito citamos a continuación el contenido de las Metas 11 y 12:
Meta 11: “Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios.
Meta 12: Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de conservación se habrá mejorado y sostenido, especialmente para las especies en mayor declive.”
A este respecto, la RMIB participó en el taller de creación de capacidades para América Latina y el Caribe, para alcanzar las metas 11 y 12 de Aichi, organizado por la Secretaría del CBD, evento llevado a cabo en Curitiba - Brasil, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2015, cuyo propósito era recolectar información sobre el estado y la falta de datos respecto al cumplimiento de los diferentes elementos de las metas 11 y 12; acciones posibles para resolver la falta de datos; posibilidades de financiamiento; y definir acciones a nivel subregional para contribuir con alcanzar la meta subregional y global en los años restantes para el 2020.
De acuerdo con el cuarto Panorama mundial de diversidad biológica, ha habido progresos importantes en el cumplimiento de los elementos cuantitativos tanto para áreas marinas y costeras como para áreas terrestres, sin embargo se observa que hace falta un arduo trabajo para el cumplimiento de los elementos cualitativos(3), entre ellos lo relacionado con la gobernanza, el cual constituye uno de los elementos más sensibles para los pueblos indígenas, junto a otros como los derechos territoriales, a la hora de delimitar áreas protegidas. A estos temas se hará referencia más adelante.
En este marco, en el desarrollo del taller, la Secretaría del CBD y las organizaciones asociadas, presentaron información pertinente a los temas. Por parte de la Secretaría el doctor Sarab Guidda, en cuanto a los datos cuantitativos informa que en el 2014 a nivel global, el 15.37 por ciento de áreas terrestres y el 8,4 por ciento de las zonas marinas y costeras, se encuentran protegidas. Venezuela tiene la mayoría de las áreas terrestres protegidas en 2014 con 53,8 por ciento y, para áreas marina y costeras, Colombia tiene la mayor área protegida con un 8,4 por ciento.
Cada uno de los delegados de las Partes, presentó una matriz con la información a nivel nacional sobre el estado, las lagunas, las oportunidades y la definición de acciones prioritarias, factibles y específicas que permitan alcanzar las metas en los próximos cinco años. La información fue socializada y analizada en tres grupos subregionales de Mesoamérica, Suramérica y el Caribe, presentando posteriormente una relatoría por cada subregión.
De igual forma se hizo una exposición por parte de las organizaciones asociadas y posteriormente trabajo en grupos en relación con el tema de Conservación de tierras autóctonas, gobernanza y equidad. El trabajo en grupos consistió en escribir las diferentes prioridades tanto para los administradores de las áreas protegidas como para los pueblos indígenas, encontrando que en efecto hay diferencias en las visiones de estos sectores.
Hay que aclarar que el ejercicio se trató de una simulación, teniendo en cuenta que en el taller solamente hubo participación de dos miembros de pueblos indígenas, lo cual evidencia que sigue siendo necesario fortalecer la participación indígena más aún cuando la gran mayoría de las áreas protegidas están superpuestas sobre sus territorios.
En el taller se hizo una presentación de representantes de la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y del Caribe (OLACEFS), sobre auditoría coordinada de las áreas protegidas en América Latina, que incluyen entidades fiscalizadoras de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Esta auditoría fue coordinada por el Tribunal Federal de Cuentas del Brasil y la Contraloría General de la República del Paraguay.
En el informe se estableció que, respecto de los elementos cuantitativos, 8 de los 12 países auditados ya habían alcanzado el objetivo de proteger al menos el 17% de sus áreas terrestres. En cuanto a los elementos cualitativos el 19% de las áreas protegidas de América Latina evaluadas tienen un alto grado de implementación y gestión, y el 29% está en el bajo nivel de gestión, estando el 52% en nivel medio. Igualmente se estableció que el 47% de las áreas protegidas no tienen un plan de manejo. En el 44% de las área no se hace monitoreo continuo y sistemático de la biodiversidad. Igualmente se concluyó que hay insuficiente articulación entre los actores para el logro de los objetivos de las áreas protegidas(4).
Visión desde los pueblos indígenas
En el taller no hubo espacio para exposición por parte de los participantes indígenas, sin embargo, se tuvo la posibilidad de hacer intervenciones tanto en los grupos de trabajo como en el plenario, en donde se aludió a las tensiones que existen entre los pueblos indígenas y las áreas protegidas, pero también el gran aporte de los mismos a la preservación de la diversidad biológica con enfoque holístico e integral y el conocimiento tradicional asociado.
En primer lugar hay que decir que, si bien los pueblos indígenas hemos vivido en armonía con la naturaleza, nuestros pueblos no son conservacionistas, pues nuestra visión no corresponde a la intangibilidad de la naturaleza, sino que se basa en otros principios como son el equilibrio y la armonía, traducido para algunos pueblos en el Sumak kausay o Buen Vivir. Dentro de nuestra cosmovisión es la interacción de hombres y mujeres con la naturaleza, la que favorece la conservación y la diversificación de la fauna y flora, teniendo en cuenta obviamente el manejo especial que ameritan algunos sitios sagrados y otros similares.
A pesar de no ser conservacionistas, los modelos de vida de los pueblos indígenas no están en contradicción con la conservación, es más, ellos, sumados al conocimiento tradicional y de manera particular al papel de la mujer indígena, son perfectamente compatibles con la conservación de la diversidad biológica y la favorecen mucho más que los modelos conservacionistas. Si bien, de acuerdo con algunos sectores conservacionistas, algunas actividades desarrolladas por los pueblos indígenas no favorecen la conservación, es claro que eso se debe a la alteración de los modelos tradicionales justamente por diferentes presiones sobre el territorio generados por actores externos y también factores exógenos.
De manera particular la visión no indígena de la conservación de la diversidad biológica ha encontrado en las áreas protegidas, el instrumento seguramente más idóneo para este propósito, y a lo largo de la historia gran parte de las áreas protegidas se han establecido en territorios de pueblos indígenas, sin consulta con los afectados e implicando inclusive la expulsión de sus habitantes. Esta forma en que se han establecido las áreas protegidas, en especial de manera inconsulta y no concertada ha generado animadversión hacia las mismas.
A este respecto, han dicho algunos pueblos indígenas: “Nos acostamos en un territorio indígena y amanecimos en un área protegida”. En este caso, el problema no es solamente la superposición de figuras jurídicas, sino por sobre todo el desconocimiento de derechos territoriales, la imposición de autoridades distintas a las legítimas autoridades indígenas, las restricciones a sus actividades cotidianas de uso y goce de los recursos tradicionales, e incluso la expulsión de los territorios.
Justamente, uno de los puntos que genera mayor discusión es el desconocimiento de la autoridad indígena como autoridad ambiental. Frente a este asunto, para el caso de Colombia, está reconocida a nivel constitucional la jurisdicción especial de los pueblos indígenas. Este reconocimiento, sumado a otras normas, no deja duda de que las autoridades indígenas son autoridades ambientales, y por lo tanto, bien podrían asegurar la gobernanza de las áreas de conservación sin necesidad de superposición de autoridades no indígenas, y más bien, guiados por un modelo de coordinación.
A nivel de los diferentes países, hay descoordinación entre los diferentes órganos del gobierno nacional, pues mientras algunos estamentos abogan por la conservación, otros son los encargados de promover la explotación minera, petrolera, maderera, el establecimiento de monocultivos, pero con los mismos estudios y licencias ambientales otorgados por la autoridad ambiental, lo cual constituye indudablemente un contraste y obstáculo para la conservación.
Los territorios indígenas, sumados al apoyo para mejorar su gestión, son una opción real de conservación de la biodiversidad y del conocimiento asociado. Esto no quiere decir que los mismos deban ser incluidos en el sistema de áreas protegidas como una categoría adicional, pues el hecho de cambiar de autoridad, y de perder el control sobre el territorio bien podría asimilarse con expropiación.
En este orden de ideas cobra importancia la protección legal de los territorios indígenas e igualmente su protección real, a la vez asumidos como espacios de conservación, particular que ya tiene precedentes importantes de reconocimiento mediante estas figuras en los congresos mundiales de conservación en el ámbito de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en los congresos de Barcelona (octubre, 2008)(5) y Jejú (septiembre, 2012)(6), respectivamente.
Conclusiones
En este contexto, por parte de los participantes indígenas se mencionaron los siguientes puntos a modo de conclusión:
1. Se agradece a la Secretaría del CDB y a todas las personas y organizaciones que auspiciaron y prepararon el taller, en particular por vincular a participantes de pueblos indígenas. Sin embargo, es importante que esta participación se fortalezca, y especialmente para la mujer indígena, dado su importante rol en la gestión holística e integral de sus territorios.
2. Se reconoce que, según lo mencionaron varios delegados de los estados Partes, se vienen trabajando procesos que vinculan la participación activa de los pueblos indígenas en la definición y gestión de las áreas protegidas, atendiendo a los instrumentos internacionales y nacionales que reconocen los derechos a la consulta, la concertación, el consentimiento informado previo.
3. Se recalcó la necesidad de la consulta previa e informada a los pueblos indígenas, así como su derecho al consentimiento libre, previo e informado, cuando se vaya a establecer áreas protegidas que puedan afectar los territorios indígenas, e incluso en las que ya están establecidas, en términos de una cogestión participativa en el diseño y ejecución de los planes de manejo
4. Igualmente se recordó que en gran cantidad de oportunidades la conservación de la diversidad y el conocimiento tradicional resulta de la interacción de la naturaleza con los pueblos que tradicionalmente han habitado los respectivos territorios, de ahí la importancia de la participación de los pueblos indígenas en todas las políticas de conservación, especialmente en la gestión y manejo de los territorios tradicionales que se han delimitado como protegidos, y haciendo énfasis en la participación de la mujer indígena.
5. Finalmente, se ha planteado la necesidad de que se reconozcan los territorios indígenas como opciones válidas y efectivas de conservación, sin necesidad de que ellos sean elevados a una nueva categoría de área protegida, que limite el gobierno comunitario y la potestad de autoridad ambiental indígena, y que se les imponga un plan de manejo ajeno a su cosmovisión o a sus prioridades de desarrollo.
A este respecto se citó un artículo del actual Plan de Desarrollo de Colombia orientado a que se garantice el reconocimiento de la vocación ambiental de los territorios indígenas, junto con el goce efectivo de los derechos colectivos y fundamentales. Llevar este postulado a la práctica sería un gran aporte a la pervivencia de los pueblos indígenas y por ende a la conservación de la diversidad biológica.
Notas:
(1) Tomado de http://www.un.org/es/events/biodiversityday/convention.shtml. Consulta 8 de octubre de 2015. 6:07 p.m.
(2) Aichi es el nombre de la provincia de Nagoya en Japón.
(3) CBD. UNEP/CBD/PAWS/2015/2/1/Add.1, 21 de septiembre de 2015. Versión español. Original Inglés. Página 1.
(4) OLACEFS. Auditoría coordinada de las áreas protegidas en América Latina. 2014 – 2015.
(5) Resolución 4.050
(6) WCC-2012, Res. 096-SP
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*Edith Bastidas es abogada especialista en derecho constitucional y parlamentario. Es indígena del pueblo Pasto, de Colombia. Es también miembro de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad (RMIB).