Servindi, 20 de setiembre, 2014.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
- Mundo Indígena Perú, 20 de setiembre, 2014. (Archivo mp3, 6 minutos, 4 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como).
Mundo Indígena Perú, 20 de setiembre de 2014
Cumbre de los pueblos. La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático se desarrollará del 8 al 11 de diciembre en el Parque de la Exposición de la ciudad de Lima y contará con mesas de debate, exposiciones y presentaciones artístico-culturales.
El anuncio lo hicieron el jueves último organizaciones sindicales, campesinas e indígenas.
De este modo, todos ellos, junto a la sociedad civil en general, unen sus voces y propuestas en un espacio unitario común, frente a la Conferencia de las Partes (COP20) que organiza Naciones Unidas en Lima.
El vocero de la Confederación Nacional Agraria, Antolín Huáscar, afirmó que la Cumbre de los Pueblos será un espacio desde donde se plantearán críticas y propuestas a las negociaciones para un nuevo Acuerdo Climático Global.
Huáscar demandó a los gobiernos que participarán en la COP20 que permitan a las organizaciones sociales y pueblos originarios participar en la construcción de una nueva gobernanza climática global.
Asesinato de asháninkas. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica demandaron que se castigue a los responsables del asesinato de los cuatro dirigentes asháninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto, en Ucayali.
Ambas organizaciones exigieron además que se protejan a las familias de la comunidad.
Por su parte, la embajadora de la Unión Europea (UE), Irene Horejs, rindió un homenaje a los cuatro líderes indígenas asesinatos por madereros ilegales. "Ellos murieron en defensa de los bosques y en lucha contra el cambio climático", afirmó.
De esta manera, inició su intervención en el Taller para periodistas: Camino a la COP20, organizado el 16 de setiembre en Lima por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Libélula y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Recientemente, también se pronunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Comisión instó al Estado peruano a investigar con debida diligencia estos hechos de violencia, esclarecerlos judicialmente, juzgar y sancionar a las personas responsables.
Asimismo, urgió al Estado a adoptar medidas sin dilación para proteger la vida e integridad de los pueblos indígenas, respetando su identidad cultural, perspectiva, y concepción de derechos.
Contratos forestales. El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda consideró que los contratos de cesión en uso de suelos forestales son una herramienta para burlar el derecho de la propiedad de las comunidades nativas sobre sus territorios.
Dicha modalidad permite que madereros ilegales exploten de forma también ilegal el recurso forestal de manera impune, señaló.
Asimismo, explicó que es una de las razones por la cual fueron asesinados cuatro dirigentes indígenas asháninkas en Ucayali, cerca a frontera con Brasil.
Ruiz Molleda precisó que el problema radica en el artículo 11 de la Ley de comunidades nativas, que establece que las tierras con aptitud forestal serán entregadas en cesión de uso y no en propiedad.
Dado que la mayoría de los territorios de las comunidades amazónicas tiene aptitud forestal, estamos ante un andamiaje normativo para el desalojo de la propiedad de los pueblos indígenas, afirmó citando al especialista Pedro García Hierro.
Regulación minera. El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, afirmó que el aporte por regulación (APR) que pagan las empresas mineras es vital para la fiscalización ambiental.
Así lo sostuvo durante la presentación de un libro sobre el financiamiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por medio del citado aporte.
El Ministro explicó que el aporte garantiza la idoneidad y continuidad de la supervisión y fiscalización ambiental que realiza el OEFA.
Por su parte, Luz Orellana, secretaria general del OEFA, descartó que los aportes perjudiquen la rentabilidad de las empresas mineras.
Afirmó que éstas no han presentado hasta ahora estudios financieros que demuestren un grave perjuicio económico.
Águila Dorada. Las comunidades nativas y rondas campesinas de las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca, y organizaciones indígenas de Amazonas exigieron al gobierno paralizar las obras del proyecto Yaku Entsa de la empresa minera Águila Dorada.
Dicho proyecto se ubica en la cabecera de cuenca del río Chirinos, entre las comunidades awajún de Supayacu y Naranjos, en Cajamarca.
Los nativos denunciaron que la empresa realizó “malas prácticas” en sus talleres informativos y audiencias públicas, que incluirían el chantaje y pagos para la firma de las listas de asistencia.
Por lo cual, demandaron que se invaliden la declaratoria de impacto ambiental y la resolución de aprobación de las actividades de exploración de la citada empresa.
Asimismo, advirtieron que si Águila Dorada no se retira “en el menor tiempo posible” de los territorios awajún, implementarán “acciones de resistencia y lucha” hasta que lo haga.
Concesiones mineras. Un reciente estudio reveló que las concesiones mineras ocupan nada menos que la quinta parte del territorio nacional, cuando hace apenas doce años la proporción alcanzaba sólo al 6 por ciento.
Se trata del informe “Concesiones mineras en el Perú: Análisis y propuesta de política” realizado por el Grupo Propuesta Ciudadana.
El coordinador ejecutivo de la organización, Epifanio Baca Tupayachi, explicó que Arequipa, Puno, Áncash y Lima son las regiones con mayor proporción de su territorio ocupadas por derechos mineros.
Baca sostuvo que es necesario establecer una pausa en el proceso de concesiones mineras, tras veinte años de concesiones ininterrumpidas, a fin de atenuar los conflictos sociales.