- Recomienda sesiones diarias para que culmine en un plazo razonable.
Servindi, 26 de abril, 2014.- A fin de garantizar el desarrollo adecuado del juicio oral que se inicia el 14 mayo por los hechos ocurridos en la "Curva del Diablo" el 5 de junio de 2009, la Defensoría del Pueblo efectuó una serie de recomendaciones a la presidenta de la Corte Superior de Amazonas.
Entre estas se cuenta que la sala judicial tenga competencia exclusiva y que las audiencias se realicen en sesiones diarias "a fin de que el proceso culmine en un plazo razonable”.
En un oficio enviado a la citada Corte, el encargado de la Defensoría, Eduardo Vega Luna, señala: “En vista que el citado proceso cuenta con una pluralidad de procesados, agraviados, testigos y peritos, lo que hace previsible una cantidad considerable de audiencias, se debe adoptar medidas que permitan realizar sesiones diarias".
Sugiere por lo tanto que la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua, dedique el tiempo necesario a este caso, dada la alta carga procesal que mantiene actualmente y que puede dilatar el proceso que después de cinco años de los hechos recién se iniciará el 14 de mayo próximo.
Vega Luna consideró que estas medidas “permitirán reducir los costos de transporte, alimentación y alojamiento de un gran número de personas que deberán viajar desde lugares lejanos e inclusive, permanecer en Bagua durante varios días para participar en el proceso”.
Otra de las recomendaciones hechas por el representante del organismo autónomo es que se cuente para el proceso oral con intérpretes de lenguas originarias.
Cabe destacar que por los hechos ocurridos en el denominado Baguazo, en los cuales se enmarca lo sucedido en la "Curva del Diablo", están siendo procesados más de veinte nativos, entre un total de 53 inculpados, incluyendo a los mestizos.
La presencia de intérpretes permitirá la comprensión y comunicación para las procesados cuya lengua principal no es el castellano.
Entre los delitos que se les imputan tanto a nativos y mestizos figuran los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, contra la seguridad pública, contra los medios de transporte comunicaciones y otros servicios públicos, delito contra los poderes del estado y el orden constitucional, entre otros.