Foto: CAOI

Servindi, 5 de noviembre, 2012.- La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) denunció el viernes 2 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la persecución y criminalización permanente de los defensores y defensoras de los derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano.

El Estado ecuatoriano representado por la subsecretaria del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la asesora del Ministerio de Ambiente y el delegado Erick Rioberts "no supieron responder a los severos cuestionamientos planteados por los participantes" indicó una nota de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

La delegación de la sociedad civil estuvo conformada por Delfín Tenesaca, presidente de Ecuarunari; Carlos Pérez, defensor del agua en Quimsacocha (dirigente de UNAGUA, miembro de ECUARUNARI); Mario Melo, de la Fundación Pachamama, entre otros.

Delfin Tenesaca denunció que existe una persecución y criminalización permanente a los dirigentes y dirigentas indígenas defensores de los derechos de la Madre Naturaleza por parte del Estado ecuatoriano.

“Se ha visto en las marchas, en los más de 200 casos de perseguidos y criminalizados por la protesta, aduciendo que han sido actos de terrorismo y sabotaje" denunció Tenesaca. "Nuestra petición es que dejen de criminalizarnos, dejen de perseguirnos. Somos defensores de la Pachamama y seguiremos en esta lucha", señaló.

Carlos Pérez, criminalizado por defender las fuentes de agua de Quimsacocha, un proyecto minero que se empezaría a desarrollar hacia el 2014 en Cuenca, Ecuador, también brindó su testimonió ante los comisionados.

“Soy perseguido desde hace varios años. No solo criminalizado sino sentenciado por actos que no corresponden. Primero fue por terrorismo y sabotaje y el jurado tuvo que cambiar los cargos por otros menores y darme ahora ocho días de cárcel por no ser individuo peligroso para la sociedad y porque mi causa ha sido altruista" expresó.

"Si el Estado en verdad quiere dialogar, necesitamos un diálogo sincero, horizontal” concluyó Pérez.

A su turno, la delegación del Estado Ecuatoriano sostuvo reiterativamente que el Ecuador es pionero en la defensa de los derechos de la naturaleza así como en realizar cambios importantes en la Constitución sobre los derechos humanos y el derecho a la protesta social, siendo garante de este derecho.

Durante la audiencia presentó imágenes de protestas a las que calificó de “hechos de vandalismo y desorden social que no respetan la seguridad de las personas y desacatan la ley”.

Anunció asimismo que las reformas legales en marcha incluirán una modificación del Código Penal mediante la cual se eliminará la tipificación de terrorismo y sabotaje.

Los representantes oficiales del Estado ecuatoriano aseguraron que el Estado protege la protesta social, que está contemplada en el artículo 98 de la Constitución y agregó que existen mecanismos y herramientas que la población puede utilizar para denunciar vulneraciones a los derechos de la naturaleza contemplados en la Constitución.

Mario Melo, de la Fundación Pachamama, replicó que el Estado ecuatoriano muestra información sesgada y parcializada sobre la situación de los derechos humanos y la criminalización de la protesta, y se muestra contradictorio al deslegitimar los propios informes de la Defensoría del Pueblo sobre la criminalización.

“El Estado abusa del poder con la información, que lo único que hace es generar un ambiente de confrontación social”, sostuvo Melo.

Inquietud en los comisionados

Por su parte, los comisionados de la CIDH solicitaron al Estado Ecuatoriano que explique tópicos relacionados al estatus de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Asimismo, ¿qué tipo de políticas públicas o herramientas contempla para que dicha Declaración se haga efectiva?

La delegación estatal respondió que en poco tiempo no podía brindar la información y que las preguntas serán respondidas posteriormente por escrito y en ningún momento dejó clara la situación del Estado ecuatoriano frente a la citada Declaración.

Tampoco explicó cómo se están pensando efectuar las modificaciones del Código Penal respecto de la tipificación de terrorismo y sabotaje, qué vertientes tomarán, etc.

Al término de la audiencia, los comisionados agradecieron la apertura para el diálogo y expresaron su esperanza en que se inicien reuniones entre el Estado ecuatoriano y las organizaciones civiles para revisar la situación de los criminalizados.

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Para ver la audiencia, ingrese aqui: http://www.livestream.com/OASLive2/video?clipId=pla_e8cdf430-b570-4573-a...

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Fuente: Con información proporcionada por la CAOI: http://www.coordinadoracaoi.org/portal/?q=content/cidh-examina-criminalizaci%C3%B3n-por-parte-del-estado-ecuatoriano#.UJfiFIaaBdh