Ana Leyva, coordinadora de la Plataforma para el Ordenamiento Territorial / Foto: Servindi
Servindi, 11 de julio, 2012.- Con el fin de integrar una norma que establezca la correcta administración de los territorios y los recursos naturales, organizaciones no gubernamentales presentaron este martes una propuesta de ley para el ordenamiento territorial.
La propuesta que fue elaborada por las organizaciones que conforman la Plataforma para el Ordenamiento Territorial (OT) propone simplificar la legislación densa y dispersa sobre el tema para definir los roles y funciones de cada sector involucrado.
Representantes de la Plataforma reconocieron que la usencia en el país de una política de ordenamiento territorial es una de las principales causas que dan origen a los conflictos sociales.
Destacaron además que el uso, la ocupación y la transformación de territorio no debe quedar en manos de particulares o de políticas sectoriales que carecen de una visión integral.
Para la elaboración de la propuesta se ha tenido en cuenta proyectos desarrollados por el Ministerio del Ambiente así como por la Comisión de Descentralización del Congreso y otros grupos de trabajo.
También se tomó en cuenta los lineamientos de la Política de Ordenamiento Territorial.
Importancia de abrir el debate
Ana Leyva, abogada y coordinadora de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, destacó la importancia que tiene que se abra el debate en torno a la propuesta de ley debido a que hasta ahora se ha delineado el territorio en el país en función de políticas sectoriales o de la iniciativa privada.
Políticas que han dado lugar a desequilibrios y problemas territoriales relacionados, por citar solo algunos casos, a ocupación de zonas de riesgo, degradación ambiental, pérdida de riqueza natural y cultural, conflictos sociales a raíz de problemas ambientales, entre otros.
Asimismo destacó que la propuesta de ley busca promover el desarrollo sostenible del territorio, hacer uso y ocupación del territorio de una manera ordenada, promover la conservación del ambiente y la preservación del medio ambiente, y garantiza la seguridad alimentaria.
“Hay que trascender de un desarrollo economicistas y optar por el desarrollo sostenible para lograr mejores condiciones de vida. El Ordenamiento Territorial es un instrumento que promueve la descentralización”, sentenció Leyva.
Javier Torres, antropólogo de la Asociación SER, sostuvo que de la contradicción entre los proyectos de ordenamiento de las regiones y las políticas de desarrollo impuestos por el gobierno central han surgido varios casos de conflicto.
Citó de este modo el caso de la Central Hidroeléctrica de Inambari en Puno donde el Estado construyó una carretera y luego otorgó una concesión en la zona para construir una hidroeléctrica.
Sobre el caso de Cajamarca y el conflicto por el proyecto minero Conga, Torres afirmó que desde hacía cinco años que se venía debatiendo el ordenamiento territorial en la región entre la población, los representantes del Estado y las empresas mineras.
Señaló de otro lado que los gobiernos regionales tienen la tarea de trabajar en este tema. Torres señaló que se deben hacer las consultas del caso entre la población para definir en la fase final de lo que significa el ordenamiento territorial a qué actividad se le va dar más importancia.
Sostuvo así que hoy algunas regiones se guían por la actividad que genera más Impuesto a la Renta.
Eduardo Barzola, secretario ejecutivo de la Red de Municipalidades Rurales, hizo hincapié a su turno en la necesidad de definir los usos de territorio y armonizar el conjunto de responsabilidades que tiene el Estado con los gobiernos locales y regionales’.
La propuesta de ley remarcó la coordinadora de la Plataforma busca simplificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Sostuvo así que el POT regional o provincial debe ser referencia obligatoria para planes sectoriales, como el de de desarrollo concertado, de desarrollo urbano, de biodiversidad, forestales, entre muchos otros.
“Estos planes, son demasiados, es difícil gestionar con tantos planes”, aseveró.
Las promesas de Ollanta Humala
Representantes de la Plataforma recordaron lo declarado por el mandatario hace casi un año cuando asumió el poder. En ese entonces se comprometió impulsar una política de ordenamiento territorial “que permita establecer de manera participativa el uso racional de nuestro territorio”.
De este mismo talante se pronunciaron al respecto hasta fines del aña pasado otras autoridades como el ex presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, en una de sus presentaciones ante el Congreso.
Javier Torres al respecto afirmó que es “urgente que Ollanta Humala recuerde que una de sus promesas al iniciar su mandato fue el proceso de ordenamiento territorial, que implicaba el desarrollo de un normativa que ordene los procesos de ordenamiento que se dan en las regiones’’.
Algunos casos concretos
En Amazonas la ausencia de una política de ordenamiento territorial ha hecho que la petrolera Maruel Et Prom Perú tenga la concesión del Lote 116, la misma que se superpone al Área Natural Protegida (ANP) Zona Reservada Santiago Comaina y a la ANP Reserva Comunal Tuntanain.
En Junín la Hidroeléctrica de Pakitzapango se superpone al territorio de las comunidades asháninkas, mientras que el Proyecto Toromocho en el distrito de Morococha (Junín) implicaría el reasentamiento de un tercio de la ciudad.
La Plataforma para el Ordenamiento Territorial está conformado por: Cooperacción, Cima Cordillera Azul, Fedepaz, Grufides, Instituto de Montaña, Red Muqui, Propuesta Ciudadana y la Asociación SER.
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