Servindi, 24 de abril, 2012.- A fin de evaluar cómo el Perú se ha desenvuelto en materia de derechos humanos en los últimos años, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas su más reciente informe elaborado por su observatorio jurídico.
El mismo será de utilidad para el Examen Periódico Universal (EPU) que estará a cargo de la 14ª Sesión del Consejo de Derechos Humanos que se realizará en octubre de este año. El objetivo de la misma es vigilar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por los países en temas de derechos humanos.
Víctimas en conflictos sociales
El documento presentado por CAOI recuerda que entre enero de 2006 y septiembre de 2011, la Defensoría del Pueblo reportó 195 personas fallecidas a consecuencia de conflictos sociales. Entre los casos más sonados se cuentan: Bagua con 33 fallecidos y 200 heridos, Majaz con 7 muertos y 8 heridos, y Puno con 6 muertos y 20 heridos.
Todos ellos conflictos desarrollados en áreas donde habitan comunidades campesinas o nativas y que tuvieron como origen la afectación de los derechos colectivos al territorio y/o la disputa por el uso prioritario de recursos naturales (especialmente agua) con empresas mineras o petroleras.
Según el informe la cifras citadas demuestran que el Estado ha actuado frente a los conflictos de forma represiva, ineficiente y soslayando todo tipo de diálogo.
En otro punto el documento considera que pese a anteriores sugerencias referidas a la protección de aquellos que defienden los derechos humanos, instituciones públicas como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial contribuyen a amedrentar a quienes defienden su derecho a la propiedad sobre la tierra y uso de los recursos naturales de su territorio.