
Servindi, 1 de setiembre, 2011.- Del 12 al 16 de setiembre la ciudad de Arequipa será escenario de dos actividades que concitarán la atención nacional y mundial. La primera es una convención de empresarios mineros, la segunda es un foro de comunidades. Una hablará de minería, la otra sobre los peligros al ambiente y a los derechos de los pueblos indígenas.
Una busca ampliar sus negocios a los extremos del país, la otra quiere que en el desarrollo de las industrias extractivas, se asegure la incorporación de las visiones e intereses de las comunidades. Una muestra las bondades de las actividades extractivas, la otra exhibe las malas prácticas de las empresas mineras.
Aquélla reúne a los empresarios más poderosos del país, ésa congregará a dirigentes, autoridades comunales y activistas en derechos humanos. A una le interesa que las reglas de juego no se muevan, la otra cuestiona el modelo económico extractivista.
Podemos seguir con los contrastes. Por ejemplo, una costará inmensamente más que la otra.
Una se desarrollará en el local del Tecsup, la otra en la gran unidad escolar Mariano Melgar. En una, la inscripción cuesta 320 y 520 dólares para los socios y los no socios, respectivamente. En la otra, la inscripción es un acto simbólico. Aquélla cuenta con los mejores auspiciadores del país, la otra no.
El derecho a ser respetados
Magdiel Carrión, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (Conacami), tiene en claro la importancia de sacar adelante el Foro Nacional de los Pueblos como un evento alternativo a la 30 Convención Minera (Perumin).
En la cita de empresarios no hay cabida para el testimonio sincero de aquella población que sufre las consecuencias por la contaminación minera o el despojo de sus derechos en aras del “desarrollo nacional” y de un “crecimiento económico” que siempre les ha sido ajeno.
Los pueblos indígenas tienen derechos que el Estado y los sectores privados deben respetar, dice Carrión Pintado, y es oportuno que el país conozca los terribles impactos que ocasionan las actividades extractivas no solo a los pueblos indígenas sino a la nación y a las futuras generaciones.
El Foro Nacional de los Pueblos muestra la otra cara de la moneda de las actividades mineras en el país, con exposición de hechos y con análisis sobre su impacto en la vida de los ciudadanos: ambientales, sociales, económicos y culturales.
Empezará realmente el 13 de setiembre, un día después de Perumin, con el foro público “Modelo de desarrollo extractivo y modelo de desarrollo para el buen vivir”. Por la noche se ofrecerá un encuentro cultural.
El 14 de setiembre se celebrarán cuatro eventos paralelos: Cambio climático, agua y minería; Encuentro de las víctimas por metales tóxicos producto de la minería; Criminalización y militarización en territorios comunales; y Agenda de las mujeres.
Al día siguiente se discutirá sobre la constitucionalización de los derechos de los pueblos indígenas en el actual contexto nacional y concluirá el viernes 16 con una asamblea de los pueblos y comunidades y un pasacalle típico.
Buen vivir
Al interior de cada debate, subyace la visión de desarrollo propia de los indígenas (buen vivir) cuya preocupación central no es acumular, como sostiene Leonardo Boff sino que apunta a una ética de lo suficiente para toda la comunidad y no solamente para el individuo.
Lejos de ser un lirismo fantasioso, el buen vivir es descrito como una serie de expresiones con los pies bien puestos en la tierra: identificados con su pueblo originario, viviendo en sus territorios, sin contaminación, con alimentos sanos, con salud, con educación acorde a su realidad, organizados, produciendo, etc.
El foro aspira a llamar la atención del nuevo gobierno para que dé inicio a una verdadera política pública para los pueblos indígenas, y se corrijan aquellas que vulneran sus derechos. Existe expectativa en el lado indígena en que sus propuestas sean recogidas y que sus voces tengan eco en los canales institucionales.
Todavía queda lugar para un contraste más: el anterior gobierno avasalló los derechos colectivos de los indígenas, el actual está dando muestras de respeto. Ambos eventos deberían merecer la misma consideración de las autoridades.