Servindi, 14 de julio, 2011.- El Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumangui y la Asociación Popular de Negros Unidos del río Yurumangui (Aponury) demandaron el cese de la violencia, la protección de sus derechos y que no se desarrollen cultivos ilícitos ni actividades mineras en sus territorios. Los pedidos se efectuaron en el marco de su VI Asamblea General, realizado del 1 al 4 de julio.
A través de un pronunciamiento, exigieron además al estado colombiano que garantice la protección de los líderes y lideresas que defienden los derechos humanos, étnicos y colectivos.
Pidieron un alto a los hostigamientos y agresiones contras las comunidades de los ríos Calima y Cajambre, donde se produjeron desapariciones forzadas, atentados contra la vida y amenazas.
Instaron a la Corte Constitucional a declarar inexequible –que no se puede llevar cabo– el Plan Nacional de Desarrollo porque no fue consultado a las autoridades indígenas; y atenta contra los derechos de las comunidades negras y el principio legales. Demandan se cumpla la consulta previa y el consentimiento libre e informado tal como lo indica el Convenio 169 de la OIT.
Añaden que los funcionarios de los niveles municipal, departamental y nacional deben reconocer a los Consejos Comunitarios como autoridades de administración interna de los territorios colectivos y ancestrales.
En el encuentro se reconoció la importancia de los jóvenes, mujeres, y de los mayores como guías y depositarios de la sabiduría ancestral. Razón, por la cual las autoridades de la comunidad promoverán diversas iniciativas a favor de cada uno de estos grupos.
Asimismo, reafirmaron su compromiso con el legado de sus ancestros en la defensa del territorio e identidad cultural.
La VI Asamblea General se efectuó con la participación de delegados de los consejos comunitarios de Raposo, Bajo Calima, Cajambre, Mayorquin, Mayor de Anchicaya, Dagua y la Vereda La Gloria.
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