Por CooperAción

14 de septiembre, 2010.- La transferencia de la titularidad de las concesiones del proyecto minero Las Bambas a la empresa Xstrata Copper, ha sido calificada como “el contrato del siglo”, por el presidente Alan García. La empresa minera invertirá 4.200 millones de dólares.

Sin embargo, un proyecto de esta magnitud, obliga a tomar con cuidado las variables sociales y ambientales y la necesidad de garantizar espacios de concertación para prevenir futuros conflictos con las comunidades ubicadas en el área de influencia.

Entre los puntos delicados del proyecto minero está el proceso de reasentamiento de la comunidad de Fuerabamba, que requiere de mecanismos adecuados que protejan los derechos de las poblaciones en todo el proceso. Por ello, llama la atención que el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, haya avalado con su presencia la colocación de la primera piedra del nuevo poblado de Fuerabamba (Cotabambas), sin haberse aprobado todavía el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto. ¿Acaso se está entendiendo que la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental es una mera formalidad y no un momento de evaluación rigurosa que puede permitir aprobar o desaprobar un proyecto minero?

Por ello es clave analizar cómo se vienen estimando los impactos ambientales y sociales del proyecto. El EIA, presentado en mayo, aún se encuentra en evaluación por la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Es importante subrayar que según el propio EIA, Las Bambas se presenta como un proyecto que trasciende la región Apurímac y que también tendrá influencia en el Cusco. Si bien el proyecto se ubica en la provincia de Cotabambas en Apurímac, el mineral será transportado a través de un mineroducto hasta la provincia de Espinar en Cusco: es en Espinar y no en Cotabambas, donde se va a procesar el molibdeno que se extraerá en Las Bambas.

El mineroducto tendrá una extensión de aproximadamente 206 kilómetros y como se señala en el EIA, atravesará una provincia de Apurímac (Cotabambas) y dos provincias de Cusco (Chumbivilcas y Espinar). Cabe señalar que de las 20 comunidades afectadas por el derecho de vía del mineroducto (todo indica que serán mucho más comunidades), cuatro se encuentran en Apurímac y el resto están entre Chumbivilcas y Espinar en el Cusco. Además, se construirán nueve estaciones de bombeo que se ubican a lo largo de todo el recorrido del mineroducto, que travieza cinco cuencas y 17 ríos.

CooperAccion ha observado que el EIA del proyecto Las Bambas no cuenta con un estudio que analice la calidad de los suelos en relación al contenido metálico; tampoco se han caracterizado las zonas de reservas de agua como son las lagunas y bofedales; no se ha hecho un estudio de los impactos a nivel de cuenca y no se ha evaluado el impacto que causará el movimiento y el tráfico de vehículos en las zonas de construcción del mineroducto. Todos estos temas deberían ser subsanados.

Las comunidades que se ubican a lo largo del trazo del mineroducto no están adecuadamente informadas y desconocen los posibles impactos del proyecto, que el propio EIA reconoce cuando habla de zonas de influencia directa e indirecta. Las autoridades nacionales deberían informar cuanto antes sobre todos estos aspectos del proyecto. Hay temas ambientales y sociales que deberían ser abordados con objetividad y total imparcialidad.

Si bien nadie se puede oponer al desarrollo de proyectos de inversión, estos deben garantizar que los derechos de las comunidades sean respetados, que se proteja adecuadamente el ambiente y que los beneficios lleguen a las regiones. Se espera que en esta ocasión se manejen todos los temas de manera clara y transparente para que el proyecto pueda realmente beneficiar al sur andino del país.