La Defensoría del Pueblo presentó el viernes 30 de mayo ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N°1015.
La acción sostiene que dicha norma vulnera los derechos constitucionales de participación y consulta de las comunidades campesinas y nativas, así como el derecho a la identidad cultural, reconocido por el inciso 19) del artículo 2º y el artículo 89º de la Constitución Política del Perú.
Si bien el decreto legislativo se habría limitado solamente a regular el mecanismo de decisión de las comunidades para la disposición de sus tierras, en la práctica tiene un alcance mayor, refiere la Defensoría.
En realidad, afecta el derecho a la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas al haberse intervenido sobre la organización comunal sin respetar su derecho a ser consultadas sobre las decisiones legislativas que las afectan, tal como lo exige el Convenio Nº 169 - OIT, ratificado por el Perú en 1994.
Para la Defensoría del Pueblo, la afectación resulta agravada porque el Decreto Legislativo No. 1015 debilita la protección especial que la Constitución y los Tratados Internacionales otorgan a las comunidades y a la tierra comunal como instituciones mediante las cuales se ejerce y protege el derecho a la identidad cultural de sus miembros.
Asimismo, la demanda sustenta vicios de inconstitucionalidad formal referidos a la vulneración del principio de reserva de ley para la regulación de derechos fundamentales, y el exceso por parte del Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades legislativas delegadas.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo precisa que el Congreso de la República sólo autorizó al Poder Ejecutivo a regular aspectos relacionados con el Acuerdo Comercial Perú - Estados Unidos, y que este ámbito de delegación no puede ser interpretado de manera extensiva, como se ha hecho en este caso, más aún cuando se afectan derechos fundamentales de las personas.
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Conozca el texto íntegro de la Acción de Inconstitucionalidad en el siguiente enlace:
- Demanda de Inconstitucionalidad contra el D. L. 1015 (formato PDF, 26 páginas)