Servindi, 01 de mayo 2008.- De ejemplar calificó Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, el informe alternativo elaborado por organizaciones de la sociedad civil de Perú para ser entregado al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas.
El documento fue alcanzado al VII Foro Permanente el 29 de abril en New York y Clavero recomendó tomarlo en consideración en el marco de los mecanismos de control y promoción de los derechos humanos, como la evaluación periódica universal de los estados que impulsa el CDH.
En su intervención oral el Dr. Bartolomé Clavero, explicó la importancia de este informe, haciendo notar que en él, se recoge información que puede ayudar a ampliar la visión de la situación de los pueblos indígenas en Perú.
También sugirió al Foro Permanente discutir mecanismos para que se puedan facilitar y canalizar informes alternativos elaborados por las propias organizaciones indígenas y representantes de la sociedad civil, a partir de la experiencia peruana.
El informe fue alcanzado en inglés y en español a los miembros del Foro y relatores especiales, saliente y entrante, por dos representantes pertenecientes al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Oxfam América, presentes en New York.
El documento fue elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en el que participan, además de las instituciones mencionadas, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la Asociación Paz y Esperanza, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui, el Instituto del Bien Común (IBC) y Servicios en Comunicación Intercultural SERVINDI.
Los incumplimientos del Estado peruano
El informe reconoce que el Perú ha ratificado numerosos instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos relacionados con los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas pero advierte que "el Estado ha actuado de manera negligente en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones internacionales".
Coloca como un ejemplo las preocupaciones y recomendaciones efectuadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) en 1999 las cuales no han sido atendidas por los sucesivos gobiernos.
Esto ha obligado a que el 07 de marzo de este año el CEDR le ha remitido una comunicación al Estado peruano solicitándole que cumpla con actualizar sus cinco informes pendientes a esta entidad.
De igual modo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe sobre Perú del año 2000, formuló observaciones y recomendaciones que también han sido desatendidas por el Estado peruano.
En su informe del año 2001, la CIDH señaló que el Estado peruano "no ha proporcionado información" sobre el cumplimiento de diversas recomendaciones efectuadas.
Debilitamiento de la institucionalidad estatal
El informe alternativo examina la institucionalidad estatal y describe el debilitamiento del Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa).
Observa que "el actual gobierno no muestra ninguna voluntad política por reactivar dicha institución, lo que agrava la desprotección de los demás derechos mencionados en el presente informe".
La consulta y participación no garantizada
Sobre el tema de la consulta y participación señala que el Estado peruano se encuentra en una situación de incumplimiento general "dado que no existe ningún mecanismo oficial ni permanente que permita consultar a los pueblos indígenas cuando se desarrollan políticas, normas o decisiones que puedan afectarlos".
El Estado peruano no ha asumido la consulta como un derecho de los pueblos indígenas y como un instrumento democrático de negociación con los mismos, la concibe como un requisito por salvar para poder cumplir con sus proyectos e intereses señala.
En referencia al recién aprobado D.S. 012-2008-EM, denominado nuevo Reglamento de Participación Ciudadana del sector Hidrocarburos, el informe sostiene que se ha desnaturalizado el sentido de la consulta toda vez que se afecta el contenido esencial del derecho".
"Las autoridades sectoriales y las empresas extractivas solo tienen la obligación de realizar talleres informativos y audiencias públicas durante el proceso de negociación, aprobación y desarrollo de los contratos, pero ninguno de estos mecanismos garantiza que se llegará a un acuerdo con los pueblos indígenas afectados sobre la implementación o no de los proyectos, o sobre las condiciones de dicha implementación agrega.
Amenazas al territorio indígena y comunal
Por otro lado, el informe describe como en los últimos años, el sistema jurídico peruano ha regresionado permanentemente en cuanto a la protección de los territorios indígenas.
Observa con preocupación que el gobierno actual viene incluso cuestionando la existencia de los territorios de las comunidades nativas y campesinas y sostiene la necesidad de que reviertan al Estado para ponerlas en manos de grandes inversionistas.
Tales intenciones se manifiestan en una serie de iniciativas legislativas y simultáneamente "el gobierno está promoviendo la parcelación de los territorios comunales, en abierta contradicción al espíritu del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas".
Concesión de recursos naturales, fuente de conflictos
En referencia a los recursos naturales el informe reporta que desde el 2004 "se ha intensificado drásticamente la promoción de actividades petroleras en la amazonía peruana" a tal grado que "de sus 75 millones de hectáreas, más de 53 millones están cubiertas por lotes de hidrocarburos, lo que representa el 70 por ciento".
Las concesiones comprenden Áreas Naturales Protegidas, territorios para pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario (altamente vulnerables a cualquier contagio de enfermedades comunes en la población no indígena, con consecuencias fatales) y numerosos territorios titulados a las comunidades nativas.
La institucionalidad existente hasta el momento "no garantiza una adecuada prevención de los impactos sociales y ambientales que esta actividad puede generar en un ecosistema tan frágil como la amazonía".
Tal situación es similar al proceso de acelerado crecimiento de la minería en la región andina, que pasó de abarcar 4 millones de hectáreas en 1992, a 22 millones de hectáreas en el año 2000.
El aumento de las concesiones mineras y de hidrocarburos "genera un clima de inestabilidad en el país" y según la Defensoría del Pueblo "los conflictos socio-ambientales son la principal fuente de conflictos sociales y muchos de ellos son agravados por la acción indiferente o incluso hostil de las autoridades del gobierno central".
Un apartado merece la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial que a pesar de estar reconocidos en diversas declaraciones y normas del Estado peruano no cuentan con medidas eficaces que protejan cabalmente sus derechos a la vida, la salud, la integridad física e identidad cultural.
El documento finalidad con un cuestionario de preguntas específicas que el estado peruano debería responder ante los organismos de derechos humanos para cotejar el cumplimiento de sus compromisos con los pueblos y comunidades indígenas del Perú.
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Usted puede descargar el informe con un cliq en los siguientes enlaces electrónicos:
- Informe alternativo Perú 2008 (español) (formato PDF, 13 páginas)
- Mapa de lotes de hidrocarburos superpuestos (PDF, 1 página)
- Tabla de listado de lotes de hidrocarburos superpuestos (PDF, 2 páginas)
- Informe alternativo Perú 2008 (inglés) (formato PDF, 12 páginas)