Por Redacción Bolpress

6 de abril de 2008.- La eventual aprobación de su estatuto en el referéndum el 4 de mayo no será el fin sino el principio de la inexorable cruzada de las dirigencias políticas y empresariales en pos de la autonomía de Santa Cruz. Todo indica que si llegara a constituirse, el gobierno departamental no será reconocido por los pueblos indígenas, por algunas provincias ni por la comunidad internacional.

El movimiento autonomista de la capital cruceña recibió dos reveses en los últimos días. A nivel interno, pueblos indígenas y ciudades provinciales se rebelaron contra la autonomía de los patrones que centraliza todo el poder en la ciudad. En el plano internacional, representantes de la Unión Europea (UE), de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pusieron en entredicho la legalidad y legitimidad del proceso autonómico en Santa Cruz.

Los pueblos indígenas chiquitano, guaraní, guarayo, ayoreo y moxeño-yuracaré, que aglutinan a por lo menos 50 mil personas, desconocieron el estatuto autonómico departamental elaborado por las elites políticas y empresariales, anunciaron que sabotearán el referéndum del 4 de mayo, declararon su autonomía indígena y comenzaron a redactar sus estatutos.

Los proyectos de estatutos elaborados por los cincos pueblos afiliados a la Organización Indígena Chiquitano (OICH), Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano (CANOB), Central Indígena del Pueblo Yuracaré Mojeño (CIPYM), Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) serían la base de una ley de autonomías indígenas que el Congreso tendría que aprobar hasta el 25 de abril, y servirían para elaborar un futuro estatuto autonómico común.

La rebelión indígena comenzó el 29 de marzo, cuando la asamblea de la Central Indígena de Comunidades Originaria de Lomerío (Cicol), el primer municipio indígena de Bolivia, se declaró autónoma apoyándose en el derecho a la libre determinación establecido en los artículos 1 y 171 de la Constitución Política del Estado actual, la Ley 1257 que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Ley 3760 que ratifica la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Pacto de San José de Costa Rica.

Los indígenas rechazan el estatuto autonómico departamental, elaborado entre cuatro paredes y sin su participación, porque sólo beneficia a la oligarquía cruceña aglutinada en la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), el Comité Cívico y la Prefectura.

Los cinco pueblos afiliados a la Cidob enviaron una carta al presidente de la Corte Departamental Electoral Mario Orlando Parada pidiéndole no enviar ánforas a su territorio porque no permitirán el sufragio. El presidente de la organización Adolfo Chávez aseguró que destruirán las ánforas y, si hay resistencia, usarán arcos y flechas.

Sin respaldo internacional

El embajador de Italia en Bolivia Silvio Mignano confirmó que la Unión Europea no enviará observadores a Santa Cruz mientras no se regularice la situación legal del referéndum autonómico. Luego, el español Bartolome Clavero, representante de Naciones Unidas, comentó que el referéndum promovido por el Comité Cívico cruceño es anticonstitucional.

Esta mañana, el argentino Dante Caputo, jefe de la misión y subsecretario de Asuntos Políticos de la OEA, dijo que el objetivo central de la organización es que los gobiernos electos mayoritariamente por decisión democrática de los pueblos (Morales fue elegido con 54% de los votos) cumplan no sólo su mandato sino que lo cumplan en pleno ejercicio de sus facultades.

Luego de reunirse con el Presidente Evo Morales en La Paz, Caputo adelantó que si la OEA asume un papel más activo en el conflicto político boliviano se asegurará de que las tensiones se resuelvan por la vía pacífica y de que se mantenga la institucionalidad democrática en el país.

Caputo confirmó que la OEA no enviará observadores al referéndum cruceño aunque la Prefectura lo pida. Toda solicitud a la OEA, siempre a través de la Cancillería, debe ser con 60 días de anticipación. "Una observación electoral no es el día que se vota, sino implica ver todo cómo se preparó, ver los padrones, instalaciones; tal vez en caso de fuerza mayor hasta 45 días antes, pero nunca menos de este", explicó.

El presidente de la Corte Nacional Electoral (CNE) José Luis Exeni comentó que una de las garantías de transparencia de los procesos electorales es la participación de misiones internacionales. Por tanto, la ausencia de observadores de algún modo deslegitima cualquier proceso electoral.

Consciente del aislamiento, el presidente de la Corte Electoral de Santa Cruz Mario Orlando Parada no descartó convocar a representantes de Estados Unidos para que actúen como observadores en el referéndum del 4 de mayo, aunque parece poco probable que la Embajada esté dispuesta a involucrarse considerando que su embajador Philip Goldberg es conocido en Bolivia como un experto en dividir países.

La respuesta de los autonomistas

Los autonomistas desestiman a sus opositores. El director de Autonomía de la Prefectura cruceña Carlos Dabdoub opina que los centralistas usan a los pueblos indígenas en su lucha contra los estatutos autonómicos, mientras que el senador de Poder Democrático Social (Podemos) Roberto Yáñez descalifica el rol de la OEA y de la Unión Europea.

La OEA no es un organismo creíble debido a que está en manos del señor Miguel Insulza, acólito y delfín del señor Hugo Chávez, mientras que la Unión Europea no puede decidir apresuradamente porque no conoce la verdadera realidad sobre los estatutos departamentales.

La UE pidió encausar el referéndum cruceño porque no conocen la verdadera realidad, por eso vamos a hacer todos los esfuerzos para brindarles mejor información para que de esa manera puedan estar tranquilos de que el proceso autonómico en el país es irreversible, comentó Yánez.

El presidente del Senado Oscar Ortiz (Podemos) declaró que la única entidad que puede definir la legalidad o ilegalidad de algo en el país es el Tribunal Constitucional; "no hay ningún embajador que pueda decir qué es legal o ilegal en Bolivia, si alguien ha dicho eso estaría cometiendo una intervención a asuntos internos".

El hecho es que comienza a reproducirse a nivel departamental el mismo fenómeno nacional, es decir la sublevación de grupos locales frente al centralismo que se declaran autónomos de facto. Lo peor de todo es que ninguna organización internacional querrá apoyar a las elites del departamento cuando tengan que asumir la responsabilidad de un gobierno autónomo ingobernable.

Fuente: Bolpress