La Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI S.C.) salió bastante fortalecida con su Segundo Congreso Ordinario de renovación que concluyó ayer por la noche, luego de tres días de duración. Libia Rengifo Lázaro, del pueblo Yanesha, encabeza la nueva Junta Directiva de ARPI en su calidad de Coordinadora Regional.

ARPI es base de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y estuvo un tiempo envuelta en una crisis de representación, atizada por la ONG PROCAM, según denunciaron diversos participantes.

Esta amenaza llegó al extremo de poner en peligro a la propia organización indígena.

Sin embargo, ARPI se ha visto fortalecida con la permanencia e incluso incorporación de nuevas federaciones.

El único caso de controversia corresponde a la CECONSEC, que por medio de Percy Amaro Bonatto reservó su ratificación, posición que ha sido apreciada por otros dirigentes como enconada y personal, no compartida por las bases.

Los dirigentes salientes encabezados por Guillermo Ñaco agradecieron la confianza depositada en ellos, así como el apoyo brindado por diversas instituciones como la Fundación del Valle, Ibis, Terranuova, el proyecto FORIN, entre otras, que han contribuido a pesar de la crisis.

En el congreso expusieron los responsables de la Reserva Comunal El Sira, la Reserva Comunal Ashaninka, el Parque Nacional Otishi, el ECOSIRA, el Alcalde de Río Tambo, el Consejero Indígena de la Región Junín, el responsable del Proyecto FORIN, entre muchos otros invitados.

Los nuevos directivos

Libia Rengifo se desempeñó como SubCoordinadora de la directiva saliente y fue elegida Coordinadora en mérito a su empeño en trabajar de manera transparente, lo cual fue expuesto con detalle a los asistentes.

Entre los trabajos realizados a su cargo se encuentra la promoción de la educación intercultural bilingüe y la gestión a favor de la Universidad Indígena del pueblo Arawak, en coordinación con la Universidad Nacional de San Marcos y la Fundación del Valle, entre otras instituciones.

Acompañan a Libia Rengifo como Subcoordinador: Alcides Calderón (ANAP); Secretario: Fernando Rivas Cárdenas (FECONABAP); Tesorero: David Barboza (OARA); y fue electo como Fiscal: Enrique Jacobo Díaz (CONAVAN SAT).

Alcides Calderón es un experimentado líder indígena de la Apatyawaka Nampitsi Ashaninka Pichis (ANAP), organización indígena del Valle del Pichis. Hijo del líder histórico Alejandro Calderón, Alcides cuenta en su experiencia el haberse desempeñado como alcalde indígena.

Fernando Rivas, de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Perené (FECONABAP) es asimismo un experimentado líder que se desempeña además como regidor en la Municipalidad Distrital de Río Negro, gracias al respaldo de las comunidades indígenas del distrito.

David Barboza es un líder de la Organización Ashaninka del Río Apurimac (OARA), la cual ha presidido anteriormente, habiéndose caracterizado por enfrentar con solvencia los desafíos a su cargo en la región del Valle de la Región Apurímac - Ene (VRAE).

Enrique Jacobo Díaz, es asimismo un joven ashaninka valorado por su honestidad y vocación de servicio. Fue integrante del grupo impulsor de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP) y técnico de apoyo en ARPI.

Participación Indígena en la Segunda Cumbre Amazónica

El Congreso de ARPI decidió participar activamente en la Segunda Cumbre Amazónica a realizarse los días 12 y 13 de abril en la ciudad de Pucallpa.

Daysi Zapata Fasabi, Presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), invitó a ARPI y sus bases a sumarse al proceso de levantar nuestras propuestas como pueblos indígenas y articularnos, sin perder nuestro perfil propio, a otras fuerzas sociales para enfrentar el paquete de iniciativas legales que promueve el gobierno sobre la amazonía.

Precisamente, el Congreso de ARPI acordó un pronunciamiento (ver líneas más abajo) en el que rechaza dichas iniciativas que no solo vulneran leyes nacionales, la Constitución Política sino también el Convenio sobre Pueblos Indígenas N° 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Lanzan Comisión de Interlocución y Enlace con el Estado peruano

Otro importante acuerdo adoptado por el Congreso de ARPI es la creación de una Comisión Indígena Amazónica para el diálogo con el Estado.

Guillermo Ñaco fue electo como responsable de esta comisión que tendrá representantes de otras regiones y que en coordinación con Aidesep nacional buscará de manera efectiva una diálogo directo con el Estado frente a diversos temas de urgente interés nacional.

Ñaco explicó que hay una serie de asuntos que se están tratando en diversos espacios pero en los cuales el movimiento indígena amazónico está ausente o poco visible.

Ñaco señaló que es urgente articular propuestas y sentar posición frente a temas como la implementación del Tratado de Libre Comercio, las relaciones con la Comunidad Europea, la Comunidad Andina de Naciones, el Proyecto IIRSA, entre muchos otros sobre los que falta iniciativa.

Cuestionan al Presidente de AIDESEP

Un tema secundario pero relevante es el cuestionamiento efectuado al Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango Chota, quién fue emplazado por no atender a los dirigentes indígenas que lo llaman por teléfono o acuden a su despacho en Lima.

Como una forma de satisfacer a las presiones Pizango anunció al Congreso que los asesores Juan Reátegui y Alfredo Rodríguez ya no laboran en AIDESEP.

Ambos asesores fueron cuestionados por el Consejo Ampliado de Aidesep por promover rencillas entre dirigentes indígenas por lo que el acuerdo de retirarlos adoptado hace meses no se había cumplido hasta ahora.

Robert Guimaraes, Vicepresidente de AIDESEP, expresó que él no avalaba la permanencia de los asesores por lo que se deduce que habrían permanecido hasta hoy solo con el respaldo personal del Presidente.

Otro acuerdo fue pedir que AIDESEP restablezca de inmediato a Jude Jumanga Jacinto en el Consejo Directivo Nacional de AIDESEP.

Ella fue desembarcada de manera arbitraria por el actual Consejo a pesar que fue electa en el Congreso Nacional de AIDESEP junto con los demás miembros directivos.

Jude Jumanga había tenido a su cargo la Secretaría de la Mujer Indígena Amazónica, función que ha sido relegada por la Presidencia actual, denunció.

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Anexo 1: Pronunciamiento

Segundo Decenio internacional de los Derecho de los Pueblos Indígenas

Años de las Cumbres Mundiales en el Perú

Pronunciamiento: En defensa de nuestros Territorios, los Bosques y los Recursos Naturales de la Amazonía Peruana los Pueblos Indígenas de la Selva Central rechazan el paquete de proyectos de leyes promovido por el Presidente de la república Alan García Pérez

Reunidos en su magno II Congreso Ordinario de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva central, ARPI SC, los representantes legítimos de los Pueblos Indígenas Ashaninka, Yanesha, Nomatsiguenga, Kakinte, Asheninka, Matsiguenga y otros pueblos originarios de la selva central, a través de nuestras organizaciones: CARE (Río Ene), KANUJA (Valle de Pangoa), OCAR (Río Negro), CONAVAN SAT (Valle del Maranquiari), FECONABAP (Bajo Perené), CECONSEC (Satipo y Chanchamayo), ANAP (Puerto Bermúdez, Oxapampa, Pasco), OARA (Río Apurimac, La Convención, Cusco), UNAY (Ciudad Constitución y Yuyapichis, Puerto Inca, en Pasco y Huánuco), OIRA (Atalaya Ucayali), con la participación de las hermanas organizaciones indígenas ORAU (regional Ucayali), OAGP (Oventeni, Raymondi, Ucayali), de nuestra organización nacional AIDESEP, el ECO Ashaninka (Reserva Comunal Ashaninka), ECO SIRA (Reserva Comunal El Sira), ECO PURÚS (Reserva Comunal Purús), CONECAP (Coordinadora Nacional de Ejecutores de Contrato de las Reservas Comunales de la Amazonía Peruana), PROGRAMA FORIN-WWF, SERVINDI y las instituciones de cooperación IBIS, Fundación del Valle, durante los días 28, 29 y 30 de marzo del año dos mil ocho, en la ciudad de Satipo, frente al conjunto de proyectos de leyes que el actual Gobierno viene promoviendo en grave afectación de nuestra seguridad territorial como pueblos y de los bosques y recursos naturales amazónicos del país, venimos en expresar lo siguiente:

• El señor Alan García Pérez, sin el menor respeto por la investidura encargada como Presidente de la República, viene reiterando públicamente sus ofensas impregnadas de racismo contra nuestros pueblos indígenas, amazónicos y andinos, como perros del hortelano, culpabilizándonos de supuestas incapacidades, desuso y desperdicio de los recursos naturales que se encuentran en nuestros territorios e impidiendo que otros sectores hagan su aprovechamiento efectivo. Demuestra así el señor García Pérez su total desconocimiento y desprecio por nuestras realidades y las del mundo amazónico de nuestro país.

• Siguiendo con la línea de sus innobles expresiones, el señor García Pérez suscribe y presenta con carácter de urgencia, los proyectos de leyes 840-2006, 1770-2007 y 1992-2007 así como la representación aprista en el Congreso el proyecto 1900-2007 y 2133-PE, a través de los cuales se pretende concretar el despojo de nuestros territorios y de los recursos naturales de la amazonía a la Nación.

• El Proyecto de Ley 1770-2007 plantea la aplicación de declaraciones de abandono y subsiguientes reversiones de grandes extensiones de tierras supuestamente eriazas o abandonadas por sus dueños para su puesta en venta. Esto coloca en peligro la seguridad territorial de un alto número de comunidades indígenas cuyos procesos de titulación no ha sido concluida por el Estado.

Nuestro derecho territorial está provisto del carácter originario, ya que éste proviene desde antes de la fundación del Estado, no se nos vendió ni se nos donó, son trasgeneracionales y no revertibles. Instamos al Gobierno a no confundir los conceptos y a considerar que como pertenencia originaria, nuestro derecho está reconocido por los Tratados internacionales, la Constitución e inclusive por la legislación especial nacional, y en ese sentido viene siendo formalizado desde hace tres décadas a través del proceso de titulación con el Estado.

No obstante, este proceso ha venido siendo obstruido por un sinnúmero de trabas burocráticas y altas exigencias económicas a las comunidades, entre otras. Desde ya exigimos el respeto por nuestras tierras aún no tituladas debido al incumplimiento del Estado, por nuestras tierras en descanso, los refugios de los animales y de toda la biodiversidad, las colpas, cochas para la pesca, nuestros bosques y lugares sagrados que no son tierras ociosas, en desuso ni en descuido, sino que corresponde a los ciclos y roles de la naturaleza.

Este mismo proyecto plantea la suspensión de la Ley de Comunidades Nativas mientras dure el Gobierno del señor Alan García, con lo cual también se desea despojar a nuestras comunidades de la protección legal de su propiedad, librando su tratamiento a los criterios de una entidad meramente técnica e inexperta en cuanto a los ámbitos amazónicos como es la COFOPRI, asimismo, desprovista de las garantías de imparcialidad al ser dependiente directa del Ejecutivo y por ende, del propio Presidente.

• El proyecto de Ley 1900-2007 plantea concentrar en la COFOPRI facultades sumamente excesivas que inclusive invaden competencias que por ley hasta ahora corresponden al campo jurisdiccional, como las facultades de rectificar áreas de comunidades tituladas e inscritas así como de resolver impugnaciones.

Al respecto, queremos manifestar que mucho ha costado a los pueblos indígenas alcanzar la protección legal y la seguridad jurídica registral a favor de las comunidades que a la actualidad ya se encuentran tituladas e inscritas bajo el cumplimiento de una serie de requisitos, absolución de denegatorias y años de esperas en las oficinas estatales.

Por tanto, desde ya exhortamos al Gobierno a dejar de lado la intención de intervenir de esta manera vertical y unilateral en tierras comunales tituladas y no tituladas, de lo contrario responsabilizamos al mismo por los conflictos y consecuencias que la aplicación de estas medidas pudieran ocasionar.

• El proyecto de Ley 1992-2007 invade flagrantemente nuestra autonomía tal como está consagrada por la Constitución Peruana y respaldada por los fundamentos de los Tratados Internacionales, al inmiscuirse en promover normas facilitadoras de la fragmentación y venta de nuestros territorios colectivos.

La administración de nuestras tierras y territorios responde a nuestras decisiones internas como comunidades y como pueblos de acuerdo con nuestras propias visiones de consolidación y desarrollo territorial. Quien propicie la desintegración de nuestros territorios propicia la destrucción de nuestra vida como comunidades y como pueblos.

• El proyecto de Ley No. 840 pretende la venta de millones de hectáreas del bosque amazónico para ser reforestadas. Este planteamiento viola la Constitución y las leyes vigentes que establecen que los recursos forestales son Patrimonio de la Nación.

Como es de verse, éste, en conjunto con todos los proyectos precitados son objeto de nuestra condena porque priorizan los planes de venta por el Gobierno de nuestras propiedades y posesiones ancestrales que son la base de nuestra existencia y del patrimonio nacional con el cual convivimos desde hace siglos, para entregarlos al aprovechamiento económico de pocas manos privadas hacia el manejo de extensas plantaciones para la producción agroindustrial por ejemplo.

• El Proyecto 2133, por su parte, se encarga de atacar a las restingas o tierras inundables que significan nuestra subsistencia y de la colectividad local indígena y no indígena. Con éste proyecto se amplía el afán de venta por el Gobierno a estos espacios legalizados como dominio público.

• El Gobierno actual ha venido promoviendo estos proyectos y en general adoptando medidas sin diálogo ni consulta con los pueblos indígenas a través de las organizaciones representativas, desarrollando así una política de exclusión en que los indígenas estamos fuera de sus consideraciones.

Los pueblos indígenas de la selva central hemos sido víctimas de la violencia política, que ha dejado graves secuelas en la vida de nuestras comunidades, por lo que rechazamos la violencia. Lamentamos que el actual Gobierno no valore el diálogo productivo y el consenso entre Estado y sociedad civil, ya que de este modo, y bajo su responsabilidad, las relaciones entre Estado y Pueblos Indígenas se están encaminando hacia la confrontación.

Por tales razones, exigimos al Presidente Alan García Pérez:

• Hacer el retiro de los proyectos de ley precitados por resultar lesivos a los derechos de las Comunidades indígenas andinas y amazónicas, y al Patrimonio Nacional.

• Dejar de lado los planes de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas consagrados por la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Ley de Comunidades Nativas vigente, y disponga la culminación del proceso de titulación de las comunidades indígenas amazónicas, contribuyendo en su seguridad y desarrollo territorial así como en el de las regiones que habitamos.

• Acoger nuestras propias iniciativas de desarrollo comunitario y como pueblos, sin que sean discriminadas para favorecer a las del gran capital.

• Que su Gobierno contribuya con el desarrollo de la Pluriculturalidad y el Diálogo Social, iniciando con hacer efectivo nuestro Derecho a la Consulta y Consentimiento libre, previo e informado, consagrado por el Convenio 169 de la OIT, cuando de medidas que puedan afectarnos se trate.

Nos sumamos al llamamiento a todas las organizaciones indígenas de la amazonía y del ande así como a las instituciones de la sociedad civil, a desarrollar las acciones coordinadas necesarias en defensa de nuestras tierras, bosques y recursos naturales.

Satipo, 30 de marzo de 2008

(Original firmado por los participantes)