Por Edinson Uriarte, Informe especial de IDL

14 febrero 2008.- La famosa propuesta de Ley de la Selva por la que el gobierno pretende vender tierras eriazas de la Amazonía a empresas nacionales o extranjeras, bajo el argumento de que ello incrementará la inversión privada en reforestación y agroforestación, no sólo tiene inconvenientes de forma y fondo, sino que su ejecución la hacen prácticamente inviable.

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Yehude Simon, cuestionó por ejemplo, que se plantee la figura de la entrega en propiedad de las tierras amazónicas sin cubierta boscosa, en perjuicio de las comunidades y dejando de lado el principio legal de la concesión. En nombre de la privatización o de la empresa, no se puede hacer daño a la propia Nación, exclamó la autoridad al criticar la verticalidad con que se impulsa la discusión de esta iniciativa.

En el tema de la Ley de la Selva, que va afectar a la Amazonía, se vuelve a cometer el mismo error, de comenzar a legislar fuera de la realidad y fuera de los intereses de las propias regiones. Es evidente, hace mucho tiempo le dijimos al Gobierno Central que queremos tener una relación horizontal y queremos ver qué es lo que más le beneficie a nuestras regiones y al país. El tema de esta ley es un problema de visión económica y por lo tanto es un problema de fondo, por que yo creo que si no existe el diálogo, si no hay la corrección necesaria, va a ver muchas dificultades en el país, advirtió.

El presidente del departamento de San Martín, César Villanueva, criticó por su parte, que el cuestionado proyecto de ley Nº 840/2006-PE, afecte directamente a los pobladores de su jurisdicción, además de Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, sin tomar en cuenta que se desconoce con exactitud formal, cuales son las áreas que pertenecen al Estado y cuales son por el usufructo, de propiedad de sus habitantes.

Para nosotros, es una ley inaceptable y absurda porque la Amazonía no está en subasta. Tenemos características diferentes en el conjunto de la Amazonía. En lo que lo que corresponde a la Selva Alta, de San Martín y Amazonas también, son territorios que están ocupados sólo en un 50 por ciento y son de tipo precario, porque son posesionarios sin titulación, de gente que ya está asentada hace mucho tiempo en el espacio y que -muchas veces- como no aparecen en el catastro, se piensa que son territorios vacíos, refirió.

Villanueva Arévalo explicó que el otro porcentaje de tierras que están libres, pertenecen a conservaciones forestales, es decir, representa según la Carta Magna, un patrimonio de la Nación que no puede ser vendido. Aclaró asimismo, que la posición de las autoridades amazónicas es objetiva y descartó cualquier insinuación de animadversión a la inversión privada, deslizada por el presidente de la República Alan García.

El especialista del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), José Álvarez Alonso, reprochó la intención del régimen aprista, de ignorar los derechos de quienes no tienen títulos de propiedad, para cumplir con su objetivo de entregar para siempre áreas deforestadas al sector privado.

Álvarez Alonso rebatió igualmente la tesis oficialista de que existen diez mil o cuarenta mil hectáreas deforestadas, pues la ausencia de un catastro, impide conocer con certeza la zona que se privatizaría.

Es un proyecto de ley que ignora de una manera muy grosera la realidad de la selva, porque no existe ni en Loreto, ni en Ucayali, grandes extensiones de tierras eriazas - como señalan- que están deforestadas. En Loreto, no van a encontrar mil, diez mil o veinte mil hectáreas deforestadas sin ningún tipo de derecho, como ellos pretenden (hacer creer). No pueden intentar entregar lo que es de Loreto, así de forma indiscriminada. Es un proyecto con riesgos y además se va a prestar posiblemente a incentivos perversos, en comunidades que harán que la gente deforeste para acceder a una propiedad, comentó.

El representante del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, dijo igualmente que el verdadero interés en modificar las leyes forestales, radica en los bonos que se pagan por reforestación, mediante los convenios de Bali y Kyoto.

Rosa Guillén Velarde, coordinadora de la Alianza Social Continental - Capítulo Perú, añade que la venta de parcelas haría que el Estado pierda la administración y regulación de nuestros recursos naturales, como ya ocurrió en la etapa privatizadora del gobierno de Alberto Fujimori.

Este proceso de privatización de nuestros recursos naturales es muy peligroso porque afecta la biodiversidad y nuestras posibilidades de vida y desarrollo, presentes y futuras. Las concesiones ya tuvieron algunos problemas, pero esta privatización radical no solamente está afectando los derechos humanos, sino también además el Estado pierde el control y la responsabilidad de regular y administrar sus propios recursos. De modo tal que nos veremos con un territorio mercantilizado que les da ganancias a las grandes transnacionales y no pensado en las posibilidades de desarrollo del país, opinó.

El riesgo de una inadecuada regulación es más que latente, pues a la fecha no se ha definido las competencias del Ministerio del Medio Ambiente anunciado por el primer mandatario, entidad que absorbería funciones del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) y el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). Así lo entiende también Alberto Barandiarán Gómez, presidente de la asociación civil sin fines de lucro Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

El tema de las concesiones para reforestación es un aspecto ya regulado por la Ley Forestal y que ha definido como autoridad competente al INRENA. La idea es que dentro de este proceso de unificar e independizar –entrecomillas - la autoridad ambiental, evidentemente este sea uno de los temas que se trabaje desde esta nueva autoridad. Mi opinión es que esta ley no aporta en realidad nada importante y no considero que en base a estos elementos se pueda pues aprobar una propuesta de este tipo, indicó.

La propuesta del Ejecutivo influye además en los propios procesos de planeamiento que están desarrollando los gobiernos regionales de su zonificación económica ecológica. La inconstitucionalidad del proyecto y una eventual consulta popular promovida por el Frente Patriótico de Loreto (FPL) representan ya un problema.

La oposición a la Ley de la Selva entonces está basada en argumentos fácticos, legales e institucionales, más allá de la traba ideológica que esgrime el Síndrome del Perro del Hortelano, de autoría intelectual del jefe de Estado.

Fuente: Ideele