Por Alberto Chirif

El 2006 fue un año agitado en la región de Loreto y, en especial, en la cuenca del río Corrientes. Cansados de la contaminación de su medio ambiente y de sus propios organismos, como consecuencia de un proceso acumulativo desarrollado a lo largo de 36 años que ellos habían venido denunciando al menos durante las dos últimas décadas, ciudadanos achuares de la cuenca del río Corrientes planificaron y ejecutaron un vasto plan de incidencia en medios de comunicación nacionales y extranjeros, con la finalidad de sacar a la luz sus problemas y de plantear sus reclamos y soluciones con entereza.

El proceso, largo y difícil, fue angustioso e, incluso, implicó nuevos peligros para la integridad física y moral de los dirigentes indígenas involucrados en esta lucha y del personal de instituciones que les brindaron apoyo y asesoría. Al final, sin embargo, el balance ha sido positivo para los achuares, no sólo por los logros que han conseguido para ellos, sino también para el país entero.

En las líneas siguientes quiero hacer una sistematización crítica del proceso, destacando la justicia de los reclamos de los achuares, las maniobras del Estado y de la empresa petrolera para evadir sus responsabilidad, el reconocimiento de algunas instituciones públicas del derecho que les asistía a los indígenas, el papel jugado por instituciones de la sociedad civil, incluyendo por supuesto a las organizaciones indígenas de la cuenca del Corrientes, los logros conseguidos en esta larga lucha y las lecciones que deberían haberse aprendido de esta experiencia.

De hecho, el motivo principal de mi interés por escribir estas reflexiones es haber comprobado que no es claro, incluso para alguna gente cercana a la temática de los derechos de los pueblos indígenas y del manejo sostenible de la biodiversidad, la importancia de la lucha librada por el pueblo Achuar y la resonancia de los logros alcanzados.

El contexto

La cuenca del Corrientes está habitada desde tiempos inmemoriales por población del pueblo Achuar y también, aunque en menor número, del pueblo Quechua. En la parte baja de ella y en uno de sus tributario, el Chambira, se asientan comunidades indígenas del pueblo Urarina.

La industria petrolera en esta cuenca comenzó sus operaciones hace más de tres décadas, con la explotación de los lotes 8 y 1AB. El primero de éstos abarca la parte media y baja de la cuenca del Corrientes, y una zona ubicada dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Su explotación comenzó en 1969, cuando la empresa estatal Petroperú inició sus actividades. En 1996, ésta transfirió sus operaciones en este lote a un consocio liderado por la empresa argentina Pluspetrol Norte S.A.

Por su parte, el lote 1A fue entregado por el Estado en concesión, en 1971, a la empresa Occidental Petroleum Corporation of Perú OXY. En 1978, esta empresa firmó contrato para explotar también el lote 1B. Estos dos lotes, que pasarían luego a denominarse como lote 1AB, se ubican en la arte alta de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre.

Este contrato sufriría dos modificaciones que sólo voy a mencionar en sus grandes rasgos. La primera, en 1986, en el anterior gobierno del presidente Alan García, porque se consideró que la empresa no tributaba lo suficiente; y la segunda, en 1991, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Este último dio nuevas leyes sobre hidrocarburos y medio ambiente mucho más favorables a las empresas explotadoras, no sólo por los mayores beneficios económicos que fijaron, sino además porque relajaron las normas que hasta entonces se les exigía respecto al cuidado del hábitat natural. En mayo del 2000, el Estado aprobó la transferencia del contrato de explotación de OXY sobre el lote 1AB, en favor de Pluspetrol.

El Estado, el medio ambiente, la gente

En el Perú, la legislación ambiental es rara vez acatada. La laxitud de la exigencia del Estado, se debe a la poca importancia que le otorga al medio ambiente y a la vida misma de la población que será afectada por una industria extractiva que opere en su zona de asentamiento. Como invariablemente se trata de gente modesta, indígenas, campesinos y obreros, el comportamiento del Estado es fiel expresión del racismo que impera en el país. No tengo idea cuán consciente pueda ser esta idea en la mente de los gobernantes, por lo que no quiero entrar en especulaciones subjetivas, pero sí referirme a su práctica, que claramente indica que para ellos esa gente, en su escala valorativa, es menos.

La práctica es antigua. Sólo para limitarme a algunos acontecimientos republicanos puedo citar el caso de los humos de la refinería de metales de La Oroya, que destruyeron los pastos comunales, o de la explotación minera en Pasco y otras regiones alto andinas, que contaminó las aguas usadas por los campesinos para regar sus sembríos y beber. La minería y el petróleo en la Amazonía son ejemplos de cómo se ha afectado a la población y envilecido a muchas personas, que han sucumbido al destello del dinero para ponerse al servicio de la empresa y en contra de los intereses de su pueblo, o que para acceder a una riqueza que les era esquiva, se han dedicado al robo o a la prostitución.

Otra forma de expresión de racismo es la que, una vez más, se ha manifestado en el caso de los achuares con mucha claridad. Cuando ellos, en su desesperación por no ser atendidos, lograron asesoría especializada de instituciones de solidaridad, el Estado acusó a éstas de estar manipulando a los indígenas. Si el Estado sigue afirmando que FECONACO es manipulada cuando recibe apoyo externo, lo que está haciendo es afirmar que los achuares congregados en este organización carecen de raciocinio para saber, a pesar de que lo experimentan en cuerpo propio, que la actividad petrolera destruye su hábitat y, con esto, afecta su economía y su salud. Por supuesto que el Estado actual no ha inventado esta manera de pensar. Los caucheros y sus defensores, a comienzos del siglo XX, sostenían que los indígenas que habían sido víctimas de torturas, maltratos y asesinatos, no podían acusarlos porque su condición de indígenas les impedía tener capacidad reflexiva y de expresión. Una revisión de documentos de la época sería de utilidad para funcionarios que aspiren a conocer las lecciones de la historia para reorientar su actividad hoy.

Lo curioso es que el argumento sobre manipulación de los indígenas es usado por el Estado y las empresas en casos de movimientos sociales que protestan en defensa de sus derechos, pero nunca respecto a los que callan o apoyan las políticas públicas. Así, mientras se lo utiliza para desacreditar las luchas de los achuares congregados en la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO), se lo ignora olímpicamente cuando se trata de la Federación de Pueblos Indígenas del Bajo Corrientes (FEPIBAC), que apoya la extracción petrolera, niega que la actividad sea nociva para el medio ambiente y la población y, por supuesto, la emprende contra las instituciones manipuladoras, las que siempre son acusadas además de llenarse los bolsillos. Ninguna autoridad pública quiere reparar en el hecho de que la aparición de una organización como FEPIBAC se produjo cuando las protestas de los achuares ganaban terreno, ni menos que sus representantes se desplazan con fondos de la empresa, que además les proporciona los argumentos, así como los recursos para hacerlos públicos.

Por cierto, tampoco pretendo negar el derecho que le asiste a FEPIBAC para actuar de esta manera. Si esta organización cree que su rol histórico es justificar la irresponsabilidad del Estado y de una empresa que desarrolla una industria contaminante, es opción de ella mantener su papel. Pero lo menos que se les puede exigir, no es que acepten el punto de vista del contrario, porque esto la dejaría sin base de argumentación, sino que respete su derecho a defenderse, apelando a ayuda especializada para poder afirmar, sobre bases objetivas, la justicia de sus reclamos.

El Estado sublima sus políticas con el argumento de la prioridad nacional, que sin duda alguna ofrece cada día beneficios más privados. Una simple revisión de los mapas de pobreza o, como hoy se llaman, de desarrollo, indica que las zonas productoras de mayores recursos para las empresas y el Estado son las más pobres o menos desarrolladas. Además, si estos mapas tuvieran en cuenta la contaminación del medio ambiente y la alteración de la salud de la gente como indicadores de sus mediciones, sin duda que los índices de pobreza serían incluso mayores.

Es así patente la contradicción entre un Estado que ha olvidado por completo a la población, o sólo le arroja algunas migajas mediante profesores escasamente formados y escuelas destartaladas, que súbitamente se hace presente mediante la firma de contratos que enajenan a favor de empresas el territorio y los recursos que la población ha usado desde hace milenios para su sustento y bienestar. En estas condiciones, sostengo, es mejor que esas poblaciones sigan olvidadas para el Estado, a que éste se acuerde de los lugares donde ellas habitan. En estos casos, no son los olvidos sino los recuerdos los que matan.

Los reclamos de la población así afectada, que en el pasado han llegado tarde por su escaso poder, la lejanía de sus asentamientos y dificultades para estructurar una protesta que logre resonancia en los medios de comunicación, son fácilmente ignorados por funcionarios que manejan una habilidad especial para cerrar los oídos o derivar las demandas de oficina en oficina, que así entran al juego del peloteo burocrático.

Otra de las características del Estado peruano es su negativa a asumir sus responsabilidades frente a quejas justificadas de la población. Tiene como principio fundamental el negarlas. Para el Estado siempre es el otro el que está equivocado o miente, nunca él mismo. Luego, se dedica a ignorar los reclamos, a evadirlos y, a veces, a darle una leve esperanza a la gente de que tal vez, más adelante. No obstante, la gente ya se ha dado cuenta de este juego, sea por haberlos experimentado antes o por los casos que ha visto. Por ello, las propuestas se vuelven violentas y llegan a niveles a los que nunca debieron llegar si el Estado hubiera asumido su papel. Ilave o la comunidad awajun Flor de la Frontera (Cajamarca) son sólo dos casos patéticos de cómo la irresponsabilidad pública llega a generar situaciones de violencia que causan la muerte de muchos ciudadanos. Aun así, el Estado no aprende, no le interesa aprender, y sigue reproduciendo su actuación evasiva.

La toma de los pozos petroleros por los achuares es un ejemplo de lo que señalo en el párrafo anterior, aunque en este caso no se llegó a una situación de violencia que causara muertos ni heridos, gracias al manejo consciente que hizo la población indígena y al buen desempeño de la Defensoría del Pueblo, que se opuso al uso de la fuerza, tal como otros sectores del Estado lo proponían.

Por suerte el Estado no es monolítico, como quedó demostrado en el caso de los achuares. Ya en 1984 la entonces Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), reemplazada en 1992 por INRENA, había dado un campanazo de alarma al considerar que el lote 1AB era una de las zonas ambientales críticas más dañadas del país. Durante el clímax del conflicto entre los achuares y el Estado y la empresa, hay que destacar la firmeza de la posición de la oficina central de la Defensoría del Pueblo, y en especial la de la doctora Merino, para frenar la maquinaria de represión que el Ejecutivo impulsaba. Es también destacable que en una situación como ésta, que se incubada desde hacía largo tiempo, se hayan emitido informes y análisis desde instituciones del Estado, como los ministerio de Salud (DIGESA) y de la Producción, que dejaban en claro que el tema de la contaminación de las personas y del medio ambientes era una cuestión objetiva y no un invento de malos peruanos, comunistas disfrazados o perros de hortelanos. A propósito de esto último, hay que indicar que lo que la gente no quiere es que se la coman los perros, sin importar quiénes son sus dueños. Los análisis referidos dejan en claro que la concentración de cadmio, plomo y otros metales pesados en la sangre de las personas y de los peces examinados por dichas instituciones superan los límites tolerados, de acuerdo a estándares internacionales.

Lo mismo debe decirse del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG), quien en informe dirigido al Congreso de la República, en marzo de 2004, señaló: la presencia de contaminantes por encima de los máximos permisibles en suelos y quebradas han originado diferentes grados de afectación al medio natural selva [] el agua vertida sale con altas concentraciones de cloruros, aceites y grasas, así como a altas temperaturas. Esta información y las del párrafo anterior dejan en claro que el Ejecutivo contaba con información procedente del propio Estado sobre la gravedad de la situación y no sólo con aquélla proveniente de fuentes que consideraba inamistosas.

Un último hecho que demuestra que desde el propio Estado hubo otras visiones que las sostenidas por el Ejecutivo, es el de la actuación de la guardia de asalto mandada al río Corriente, que casi nos hace acordar las imágenes de jóvenes estadounidenses del movimiento hippie en la década de 1970, poniendo flores en las bocas de los fusiles y las ametralladoras de los policías mandados a reprimir una protesta contra la guerra de Vietnam. En este caso no hubo flores, pero sí una comprensión muy rápida de los policías de que los achuares no respondían a la imagen que habían recibido antes de viajar, de ferocidad y violencia, y terminaron compartiendo con ellos la convicción de la justicia de sus reclamos. Los testimonios fotográficos de apus y policías abrazados dan cuenta de la relación amigable establecida entre ellos cuando fueron conscientes de que no había razones para considerarse enemigos.

Después de los acuerdos

Ha transcurrido un poco más de un año desde el remezón que significaron las protestas de los achuares del Corrientes y los tensos debates que se sucedieron. ¿Qué ha quedado?

Comienzo por lo negativo, no por afán necrófilo, sino porque creo que lo que tiene que quedar al final como lección aprendida son los logros alcanzados por una organización, con asesoría externa inteligente, para afirmar su derecho a la vida, a la salud y a la dignidad. La parte negativa es que los acuerdos firmados entre las partes en el Acta de Dorissa no han sido cumplidos a cabalidad por la Empresa y el Estado. Un tema central de los acuerdos es el de la reinyección al subsuelo de las aguas de formación, que por su alta temperatura y fuerte contenido de metales pesados son las causantes de la situación de contaminación que hoy afecta al medio ambiente y a la salud de los moradores de la cuenca. El compromiso de Pluspetrol era reinyectar la totalidad de dichas aguas en el lote 1AB hasta el 31 de diciembre de 2007 y en el lote 8, hasta el 31 de julio de 2008. Sin embargo, el informe de OSINERMING, citado por el congresista loretano Mario Peña (Iquitos al Día. 14 al 20 de febrero, 2008, Año V, Nº 171, p. 5), indica que, a noviembre de 2007, la empresa sólo había logrado reinyectar el 45% de ellas.

Al mismo tiempo, las operaciones de Pluspetrol durante 2007 han generado varios nuevos derrames de crudo. Diversos medios de prensa han informado sobre estos hechos: derrames en pozos Shiviyacu 12 y Shiviyacu 16 17, 4 y 24 de abril; derrame en poza de seguridad Lote 1AB, 17 de octubre; fuga de petróleo de tubería de diesel, 23 de octubre; derrame de petróleo en el Lote 1AB, 24 de octubre; y derrame de petróleo que contaminó la quebrada Tseku Entsa, 29 de octubre.

Adicionalmente a esto, la empresa se había comprometido a realizar trabajos de remediación de los pasivos y daños ambientales causados por su actividad. El mismo informe indica que las metas previstas para 2007 no fueron alcanzadas.

Por su parte, los compromisos adquiridos por el Estado de invertir dinero en servicios de educación y de salud para tratar a los achuares y otros pobladores de la cuenca afectados por la contaminación de metales pesados, así como para poner en marcha un plan integral de salud y medidas sanitarias (agua potable , por ejemplo), y ejecutar actividades de desarrollo, tampoco han sido cumplidos. Gran parte de esta responsabilidad recae sobre el Gobierno Regional de Loreto, que no ha sido capaz de implementar los servicios y medidas prometidas, razón por la cual tuvo que devolver al Tesoro Público, a fines de 2007, los fondos que se le habían sido asignados para estos fines.

A pesar de esta demora en el cumplimiento de acuerdos y de los nuevos desastres originados por la actividad, queda como positivo la bien encauzada energía de los achuares del río Corrientes para protestar contra los atropellos y reclamar sus derechos. Los hechos negativos que los afectan a consecuencia de la industria petrolera, no tienen ahora el mismo peso abrumador que tuvieron antes de su lucha en el año 2006 y de la suscripción de los acuerdos. Sin duda, la experiencia los ha entrenado y capacitado, por cierto bárbaramente, para defenderse mejor.

Adicionalmente al valor de la fortaleza organizativa alcanzada por los achuares, existen logros concretos producto de esta gesta que benefician no sólo a ellos sino al país entero, y cuya consecución se debe también al valor de instituciones que apostaron por la defensa de sus derechos y del medio ambiente, como Racimos de Ungurahui y otras.

Entre esos logros está la Ley Orgánica de Hidrocarburos (D. S. 042-2005-EM, del 14 de octubre, 2005) y el Reglamento para la proyección ambiental en las actividades de hidrocarburos (DS O15-2006-EM), que han dispuesto, por primera vez en la historia del país, la reinyección de las aguas de producción al subsuelo. De esta manera, lo que se ha conseguido es que se apruebe una auténtica medida de prioridad nacional que defiende la vida de los ciudadanos y el patrimonio de la biodiversidad del país. La limitación de esta medida, que era la de aplicarse sólo para los nuevos contratos que suscribiera el Estado a partir de su promulgación, ha sido superada a raíz del acuerdo logrado en 2006 por los achuares, que ha obligado a reinyectar en lotes con más de 35 años de operación. Es decir, esa acta ha sentado un precedente, que ahora puede servir para otras zonas con problemas similares, marcando un hito en la historia de la industria petrolera en el Perú.

El hecho de que FECONACO haya logrado el pleno reconocimiento de todos los reclamos que planteó, pone en evidencia la validez de sus argumentos y la falsedad de los usados por la empresa para intentar desacreditarlos. De otra manera, ni ella ni el Estado hubieran firmado el acta comprometiéndose a remediar desastres del pasado y a corregir rumbos para el futuro.

El país y sus gobernantes deberían mostrarse orgullosos de un pueblo como el Achuar que ha puesto en evidencia un alto grado de autoestima para defender su derecho a una vida digna. Sin duda, otra sería nuestra realidad si todos los peruanos tuviesen igual lucidez y fortaleza para afirmar lo que en derecho les pertenece. La conquista de los achuares se enlaza además con los grandes temas globales sobre medio ambiente y derechos humanos que se manejan hoy. En este sentido, el suyo es también un triunfo que beneficia a todo el planeta.