Por José Álvarez Alonso
La Región, Iquitos, 1 febrero 2008.- No cabe ninguna duda de que Loreto necesita inversión, como tampoco hay duda de que con frecuencia los Loretanos la ahuyentamos con nuestras actitudes, protestas y posiciones políticas radicales. Pero de ahí a aceptar la inversión bajo cualquier condición (incluyendo la enajenación de extensos territorios de Loreto) hay una gran distancia. No toda la plata que venga disfrazada de inversión es buena ni ventajosa, y no todas las condiciones impuestas por los inversionistas son necesariamente aceptables para nosotros.
Los que preconizan las bondades de la llamada Ley de la Selva, el proyecto de ley que impulsa el ejecutivo para promover la inversión en reforestación y agroforestería, se olvidan de algunas realidades de nuestra región:
1) Se olvidan de que en Loreto (como en Ucayali o en Madre de Dios) no existen grandes áreas deforestadas libres o eriazas, es decir, sin derechos adquiridos sobre ellas. Para promover la inversión de grandes capitales en reforestación se necesitan grandes extensiones continuas, parcelas de varios miles de ha (hasta 40,000, según este proyecto de ley).
Sin embargo, luego de consultar con expertos, y sobre la base de mi experiencia de 20 años recorriendo ríos y quebradas, puedo afirmar que va a ser muy difícil que encuentren en Loreto siquiera 100 ha contiguas de áreas deforestadas libres, es decir, que no tengan un dueño, formal o no.
Debemos recordar que el modelo agrícola tradicional de tala y quema, empleado por los campesinos e indígenas, implica dejar en descanso por 10 ó 20 años el terreno cansado para que se empurme y se recuperen los nutrientes del suelo. La mayoría de las purmas en Loreto tienen dueño, aunque carezcan de título.
2) Se olvidan de que, de las cerca de 2,500 comunidades indígenas y campesinas que hay en Loreto, menos de 500 están tituladas, y el resto carece de ningún documento que certifique sus derechos de posesión sobre chacras, purmas y bosques que usan y han usado por cientos de años para su subsistencia.
Desgraciadamente, dados los precedentes en nuestra región, es demasiado real el riesgo de que sean ignorados estos derechos –pese a que legislación internacional como el Convenio 169 de la OIT los protege-, y de que sus purmas o bosques sean calificados por funcionarios de mano blanda como terrenos eriazos listos para subasta al mejor postor.
3) Se olvidan de lo cuestionado que es en países como Malasia o Brasil el modelo de desarrollo basado en grandes plantaciones de palma aceitera, caña de azúcar o soya, que convierten a la selva tropical megadiversa en un desierto verde de tierras estériles saturadas de pesticidas y fertilizantes químicos, y de ríos contaminados vacíos de peces, y a la población indígena en una masa de peones mal pagados apiñados en barrios miseria y plagados de lacras sociales.
¿Eso queremos para el futuro de Loreto? Cuanto menos debería haber un debate regional sobre el tema, y deberían ser consultados los campesinos e indígenas, que son los legítimos propietarios de los bosques y las tierras que algunos llaman eriazas, a ver qué opinan.
De momento, algunos líderes regionales como Yván Vásquez -en un artículo publicado recientemente en el Comercio- preconizan un modelo de desarrollo que no ignore a las comunidades locales o las reduzca a simple mano de obra barata, sino que sean consideradas por los inversionistas como socios estratégicos en su calidad de legítimos posesionarios de la selva y de sus recursos.
4) Se olvidan de que no podemos confiar en el Gobierno Central en temas de gestión de los recursos de la selva: el Presidente García ha hablado de suspicacias injustificadas y de dar un voto de confianza al Gobierno en este tema.
¿Cómo vamos a confiar en el Gobierno después de lo que pasó en Jenaro Herrera, donde casi 50,000 ha. de bosques casi vírgenes fueron calificados por INRENA como áreas degradadas, y entregadas a empresas de la capital para, supuestamente, hacer reforestación? ¿Cómo confiar en el Gobierno si entregó casi cinco millones de ha de bosques en concesiones forestales sin verificar primero si había comunidades dentro, o si algunos de esos bosques eran territorios tradicionales de comunidades, usados para aprovechar recursos esenciales para su subsistencia, como de hecho lo eran?
Tenemos muchas razones para ser suspicaces ante cualquier proyecto que se geste desde la capital para la Selva, especialmente si, como en el caso de la Ley de la Selva, no se ha consultado en absoluto a los amazónicos, y hay tantas ambiciones y tantos intereses en juego sobre los recursos de la Amazonía.