Servindi, 26 octubre 2007.- El Pleno del Congreso aprobó ayer un proyecto de ley por el cual se deja sin efecto el decreto supremo que fusiona por absorción el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).
La medida se adoptó por 80 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones luego de un debate en que se cuestionó el decreto que dio paso a una indebida intervención en las funciones que competen de manera autónoma al INDEPA, organismo creado por el Poder Legislativo.
El dictamen fue sustentado por la congresista Gloria Ramos Prudencio (UPP), presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
El Decreto Supremo 001-2007-MIMDES se publicó el 23 de febrero de 2007 y dispuso que culminado el proceso de fusión y la transferencia de bienes, recursos, y otros, tanto el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) como el Indepa se extinguen.
La medida fue criticada por diversos sectores sociales debido a que significó en la práctica un retroceso de siete años en materia de institucionalidad pública a favor de los pueblos indígenas pues la dependencia encargada de los pueblos indígenas ya no se relaciona directamente con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sino que retorna nuevamente a un ministerio encargado de aplicar una política sectorial y no transversal.
El Indepa fue creado por ley como un organismo público descentralizado (OPD) de rango ministerial, adscrito de manera directa a la Presidencia del Consejo de Ministros.
La creación del Indepa tuvo una votación importante y fue producto de un consenso multipartidario por lo que llamó la atencion que el gobierno de Alan García Pérez decida cambiar drásticamente su naturaleza mediante un decreto supremo ministerial, que es una norma de mucho menor jerarquía.
El INDEPA no cayó del cielo
La necesidad de crear una OPD dedicada a promover los derechos de los pueblos y comunidades indígenas fue una propuesta levantada por el movimiento indígena peruano frente al fracaso que significó la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA).
La CONAPA estuvo presidida por Eliane Karp, esposa del ex Presidente Toledo, y nunca pudo ejercer una política eficaz debido a que no tenía personalidad jurídica como organismo de estado y fue una simple comisión vinculada al despacho de la primera dama, ahora inexistente.
La propuesta técnica de crear una OPD dedicada a los pueblos indígenas fue formulada por una consultoría especializada el año 2001, encargada por una Comisión Indígena Nacional de la Amazonía (CINA) que abrió un diálogo directo con el gobierno transitorio de Valentín Paniagua.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori la política de promoción de derechos a favor de los pueblos indígenas estuvo encargada primero a una Unidad de Pueblos Indígenas y luego a una Secretaria Técnica de Asuntos Indígenas (SETAI), ambas instancias de muy bajo nivel jerarquico dentro del Ministerio de la Mujer.
La propuesta de crear una OPD de alto nivel fue asumida por una amplia coalición de organizaciones indígenas que impulsaron una Consulta Indígena sobre la Reforma Constitucional el año 2003, y de manera especial por la Coordinadora Permanente de Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP)
Si bien es cierto que el INDEPA no tuvo un notable desempeño esto se debió principalmente a la falta de personas idóneas en los cargos de dirección y no a la naturaleza de la institucionalidad que tenía las jerarquías y características idóneas para ser un órgano rector en políticas interculturales y de inclusión.
Con la medida adoptada el día de ayer el Congreso rehabilita al INDEPA pero aún falta ver la actitud que tomará el Ejecutivo pues actualmente solo existe una Dirección de Pueblos Originarios en el MIMDES, que languidece por falta de personal idóneo, recursos y visibilidad.
Lo que ha quedado evidente es que el gobierno aprista desconoce los compromisos internacionales y la moderna tendencia de promover políticas inclusivas a favor de los pueblos indígenas, tal y cómo se han formulado en diversas instancias internacionales.
Entre los diversos instrumentos que abogan por políticas de promoción de los derechos de los pueblos indígenas se hallan la Declaración de Brasilia, el Programa de Acción del Segundo Decenio para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas o la recién aprobada Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.