Dar cliq en el mapa para ver  el mapa de lotes petroleros, enero 2007 de Perupetro

Por Ivan Brehaut*, Asociación Nampitsi

El Estado Peruano viene lanzando una agresiva campaña por elevar el nivel de inversión extrajera en el sector minero energético. Este proceso ha llevado a que PeruPetro haya lanzado una agresiva campaña internacional para la concesión de nuevos lotes de hidrocarburos. A la fecha se tiene 45 contratos de exploración y 19 de explotación de gas y petróleo en el país, los que generan inversiones por alrededor de US$4,000 millones de dólares. En tanto, el 8 de junio se cerró la convocatoria para licitar otros 19 lotes nuevos, 12 de los cuales están en la Selva.

Con esta iniciativa, más del 80 por ciento de la amazonía está ubicada dentro de lotes petroleros, que de una u otra forma afectarán la vida de la población asentadas en sus límites. Las reacciones no se hicieron esperar y podemos ver que la polémica recién empieza.

Conflictos en ciernes

Cuando en el 2004 la Red Muqui emitió un pronunciamiento en el que mostraba preocupación por la multiplicación de conflictos mineros, si es que no se promovían procesos transparentes de diálogo y consensos entre los actores, así como mecanismos de participación efectivos y un marco legal que proteja los derechos de las comunidades y poblaciones, hicieron casi una predicción, si se compara con la situación actual del sector minero.

Pero, en el sector hidrocarburos, ¿qué dicen hoy los grupos ambientalistas y las organizaciones indígenas respecto a los nuevos lotes? Son varias las voces, aunque no necesariamente los mismos objetivos. Un grupo de destacadas organizaciones nacionales e internaciones han salido al frente del tema de los nuevos lotes sosteniendo, mapas de Perupetro en la mano, que muchos de los lotes están sobre áreas naturales protegidas (ANP) como Reservas Comunales, Zonas Reservadas y otras áreas protegidas y que otros lotes son peligrosamente colindantes con Parques y Reservas Nacionales, todas de alta importancia ambiental por los recursos físicos, biológicos y paisajísticos que albergan.

El centro de los argumentos de estas organizaciones es que la intangibilidad de las ANP debe ser respetada, y que es ilegal el hecho que Perupetro promocione lotes superpuestos con ANP, sin que haya una opinión positiva previa de INRENA declarando la compatibilidad entre las actividades de hidrocarburos y los objetivos de protección de recursos de las ANP.

Por su parte otro sector de organizaciones, en este caso organizaciones indígenas como AIDESEP, sus bases regionales y federaciones locales, así como sus organizaciones aliadas están emitiendo pronunciamientos oponiéndose a los nuevos lotes, centrándose en otro tema: la superposición de los nuevos lotes sobre áreas donde se supone la existencia de población indígena en aislamiento. Aunque la mayoría de estas áreas aún esperan su reconocimiento oficial por parte de INDEPA y el trámite correspondiente, AIDESEP ha ido un paso mas allá en sus reclamos, interponiendo una acción legal contra Daniel Saba, Presidente de PeruPetro, por atentar contra la vida y la salud de la población en aislamiento.

Perupetro por su parte justifica su actuación respondiendo a las ONG diciendo que la promoción y suscripción de contratos por los lotes no es una actividad de hidrocarburos, por lo que es inviable legalmente la coordinación previa con INRENA. Por otro lado, el Presidente de Perupetro ha anunciado la contratación de una empresa para ir a evaluar la presencia de indígenas en aislamiento, insinuando un contacto forzado no deseado, por lo que los ánimos se caldean más ese frente.

¿Qué pasa con el resto de zonas?

En medio de estas polémicas queda un espacio, a nuestro parecer fundamental pero poco tratado. ¿Qué pasa con el resto de las áreas donde no hay ONG velando por áreas protegidas o donde no existen pedidos de reservas indígenas? ¿Qué pasa con la enorme cantidad de comunidades que apenas atraen la atención de sus propios gremios?

Esta pregunta tiene una base sencilla, respaldada por la realidad de los hechos. Y volvemos otra vez la vista a Camisea. Mientras las ONG ambientalistas y pro indígenas estaban concentradas en el tema de indígenas no contactados dentro de la Reserva Territorial Nahua Kugapakori, y en la afectación de las áreas protegidas de Vilcabamba y Paracas, centenares de comunidades campesinas, caseríos y comunidades nativas veían el ingreso de la empresa TgP y su principal contratista Techint dentro de sus territorios.

En el caso específico de las comunidades del Bajo Urubamba, pocas comunidades pudieron tener el valiente apoyo de CEDIA y la Defensoría del Pueblo. La mayoría no tuvieron ni tiempo para pedir apoyo; la velocidad de las operaciones en el campo, la ausencia de asesoría especializada, y el ímpetu de TgP por cerrar acuerdos bajo términos poco transparentes ocasionaron la firma de convenios de uso de la tierra con montos irrisorios, comparados con lo que Pluspetrol estaba dando por sus operaciones localizadas en la misma zona.

Más adelante, los impactos por el tráfico fluvial, la erosión y los reclamos comunales fueron llegando con timidez a los discursos de las ONG, concentradas en Lima y sin contacto con el campo. Las organizaciones indígenas nacionales y sus aliados en el extranjero poco captaron de estos temas y siguieron concentradas en el tema de los aislados. Las noticias de impactos reales eran muchas veces transformadas en noticias espantosas de muerte y contaminación masiva, lo que fue restando la credibilidad y seriedad de sus afirmaciones. Sólo en el Bajo Urubamba, más de 10,000 personas vivieron los impactos del día a día de las operaciones, que alteraron su rutina y a la larga, han alterado su destino como pueblo.

Unas horas río abajo, cerca de Atalaya, en el Alto Ucayali, Repsol desarrollaba exploraciones sísmicas bajo la crítica constante de la organización indígena OIRA. Sin una política de compensaciones, sin la atención de la prensa y las ONG verdes, las antipetróleo, y todas las que se concentraban en Camisea, las comunidades pasaron por problemas recordados hasta ahora por la población y que lamentablemente se vienen repitiendo.

Escenarios y retos presentes

Las circunstancias actuales nos devuelven escenarios similares a los anteriormente descritos, con una gran concentración temática y grandes temas ausentes. Es cierto que la legislación ambiental ha mejorado y que tenemos experiencia para compartir y aplicar. Sin embargo, esto no es suficiente.

Los Estudios de Impacto Ambiental son un primer aspecto a revisar. Más allá de que estén bien o mal escritos, de que contengan información confiable o no, subsiste un pequeño problema que ya ha sido abiertamente señalado por la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Es imposible que las autoridades locales, que las comunidades o sus federaciones, revisen en quince días documentos que un equipo de técnicos del MEM o de INRENA, duchos en el asunto, les toma al menos el mismo tiempo.

Todas las operaciones de hidrocarburos implican el uso de recursos naturales que son usados muchas veces por la población local. La afectación de los recursos flora, fauna y aguas superficiales a las que comúnmente se hace referencia en los estudios de impacto en realidad son nombres genéricos para frecuentes impactos concretos sobre recursos que sustentan la vida de gente, que lamentablemente no cuenta con garantías concretas respecto a su buen uso por parte de terceros.

En ese caso, los temas de compensaciones e indemnizaciones y los criterios para atender estas situaciones, comunes a todas las operaciones de hidrocarburos, apenas han sido discutidos. Y no hablamos de pocos casos. Para darnos una idea, en el gasoducto de Camisea se negociaron 2556 convenios de compensación por parte de TgP, de los cuales 302 fueron en el tramo selva. En una sísmica no es raro el tener que establecer acuerdos con por lo menos media docena de comunidades o caseríos. Estos acuerdos no están regulados y lamentablemente se dan generalmente en condiciones totalmente asimétricas, con una enorme desventaja de los pobladores frente a los equipos que representan a los intereses empresariales.

La intervención de la población en el control y monitoreo de las actividades está apenas iniciándose en el Perú. A pesar de lo lógico que puede parecer el desarrollo de iniciativas independientes de monitoreo, no hemos obtenido grandes avances en estos temas. Las pocas experiencias desarrolladas tienen resultados muy diferentes y no son aún una norma para las empresas. Por otro lado, el Estado aún no las ha articulado a sus propios sistemas de monitoreo, a pesar de que como todos los implicados reconocen, la credibilidad de los entes supervisores está constantemente en cuestión.

La participación de las instancias locales y regionales en los temas de hidrocarburos es otro aspecto importante a tratar. Con el impulso que desde varias tribunas se da a la descentralización, nos preguntamos, dónde quedan los gobiernos locales y regionales en estos temas de industrias extractivas. El colectivo Vigila Perú está eficientemente llamando la atención a los temas de gasto público y uso de los recursos del canon minero y petrolero. Sin embargo, ¿es esa la única función de los gobiernos locales? Nos parece que no.

Algunas de las competencias de los gobiernos locales, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades y a la Ley de Bases de la Descentralización, son la protección y conservación del ambiente. Otra de las funciones previstas es el coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental.

En el caso de los municipios distritales, una de las funciones incluidas en la ley es el fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos, efluentes y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, elementos que están definitivamente presentes en las industrias extractivas planificadas. Sin limitar u objetar las funciones de OSINERGMIN, ente fiscalizador minero energético, hay un espacio no cultivado de cooperación entre los niveles centrales y locales. Este es un campo fértil para el desarrollo de iniciativas de monitoreo local de las actividades de hidrocarburos.

Información para mejores decisiones

Existe una enorme necesidad de llevar información al campo, desmitificar la industria y brindarle información a la población para que pueda defender su derecho a un ambiente sano. Pero no sólo para la defensa de derechos, como la definen algunos activistas. Algo poco trabajado por quienes están inmersos en estos temas, dialogando con la gente sobre hidrocarburos o minería es que también es posible obtener beneficios de estas actividades.

El canon petrolero o gasífero en el Perú ha sido históricamente usado en las capitales de departamento y zonas aledañas, no en las zonas productoras. Basta darle una ojeada a las actas suscritas entre Pluspetrol Norte, el Estado y FECONACO por la contaminación en el río Corrientes para darse una idea del abandono que existe en la zona que más petróleo le ha producido al país y que sin duda, ha financiado mas de una obra pública en el centro de Iquitos.

Los fondos del canon, como es sabido, sólo pueden usarse dentro del marco de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública, cuya complejidad no permite el desarrollo de iniciativas viables por parte de los gobiernos locales con tan poco soporte técnico interno. Como consecuencia, el desarrollo de inversiones sociales se estanca y los supuestos beneficios de la inversión extranjera, se quedan en planes y no en obras. Más frustraciones locales y más argumentos en contra de la industria. Una salida viable a estas trabas a la inversión, menos riesgosa que la exoneración del trámite SNIP a los proyectos, sería que la PCM y el MEF enviaran comisiones técnicas de apoyo a gobiernos locales clave, que apoyen el uso eficiente de los recursos, tan necesitados en el campo.

Otro de los aspectos que requiere un nuevo enfoque es el desarrollo de nuevas prácticas para la difusión de información hacia la población. La población indígena mantiene culturas principalmente orales, ante ellas, los discursos técnicos o legales de los especialistas del Estado y las empresas son apenas voces que intentan decirles algo. Ese algo es que va a llegar una empresa, que va a haber trabajo, quizás. Alguien va a entrar en las tierras comunales. No sabemos bien a que, y no sabemos si respetará el hecho que quizás no tengamos un título de propiedad pero que de todas maneras ahí vivimos. Y con estos medios mensajes empieza la desinformación. Con un Estado ausente en la mayoría de zonas donde se establecen los lotes petroleros, que llega sólo para las audiencias públicas que demanda la ley, que se desplaza siempre en los vehículos de la nueva empresa, es comprensible que su credibilidad sea tan baja. Urge entonces cambiar la estrategia de comunicación frente a la población, cambiar las formas de comunicarse. El Estado tiene que aprender a comunicarse. Las exposiciones con cuadros, datos y colores no son eficientes y eso algo que los funcionarios del Estado tienen que entender.

El discurso de anti petrolero en las organizaciones indígenas es algo cada vez más escuchado en las reuniones que tratan temas vinculados a derechos o tierras indígenas. Los argumentos en contra no son pocos, dada la exclusión reinante y la ausencia de distribución de beneficios de industrias extractivas en el campo. Si a estos hechos se suma la propagación de videos mostrando la devastadora contaminación ocurrida en el río Corrientes, obviamente, cualquier defensa legítima del sector pierde rápidamente sustento.

Sin embargo, y pesar de las fervorosas declaraciones de los eventos indígenas, muchos de los líderes comunales mantienen posiciones más pragmáticas respecto al tema, concentrando sus intereses en temas básicos y simples; oportunidades laborales y contaminación ambiental. Es en el balance entre estos temas que las posiciones comunales se definen. En nuestra opinión, el tema no es de traición al movimiento indígena, ni solo de una mano negra de las petroleras dividiendo a la población. Si la gente no tiene de que vivir, si todos sabemos que las condiciones de vida en el campo son cada vez más duras, ¿No es comprensible que la gente quiera un trabajo, al menos temporal, para poder satisfacer las necesidades de sus familias? Pero atención, también es cierto que bajo la promesa de trabajo y dinero para las comunidades es que algunas empresas establecen una mínima responsabilidad social, aprovechando estas carencias locales para conducir operaciones descuidadas, en relaciones clientelistas con la población y sobre todo con sus líderes. Esas son las operaciones que finalmente terminan de desprestigiar no solo a las petroleras, sino a los líderes que se dejan atrapar en este carrusel de beneficios temporales.

En nuestra opinión la población debería recibir algo más que un pedido solidario de decir no al petróleo. El derecho al no debe ser respetado y esas voces deben ser escuchadas. Sin embargo, las organizaciones indígenas y sus aliados deberían darle a la población mayor información acerca de las oportunidades, riesgos y sobre todo, las condiciones de operación que una empresa debería tener si desarrolla sus actividades dentro del territorio de comunidades nativas. Sin esa información y capacidades, se corre un gran riesgo ante la aparición de empresas irresponsables, y la actitud permisiva que con alguna frecuencia se observa de entes del Estado.

Los puntos importantes en este escenario son a nuestro criterio:

• Mejorar las prácticas participativas de las empresas y el Estado, insistiendo en espacios y prácticas de verdadera participación de la población.
• Establecer un esfuerzo de información hacia las comunidades y federaciones respecto a los impactos positivos y negativos de la industria de hidrocarburos, sobre información objetiva y realista.
• Desarrollar metodologías estandarizadas para el cálculo de indemnizaciones y compensaciones.
• Abrir mayores espacios formales para el desarrollo de prácticas de monitoreo comunitario, incorporando la participación de los gobiernos locales y regionales.
• Implementar a la brevedad un esfuerzo coordinado, multisectorial y tripartito para que los beneficios del canon y otros aportes de las empresas sean canalizados con la mayor prontitud a las zonas donde de realizan las actividades extractivas.

En resumen, los diversos actores involucrados en esta nueva ola de inversiones de hidrocarburos requieren el desarrollo de nuevas capacidades y actitudes, de cara a la construcción de nuevos espacios de convivencia bajo el riesgo que de no hacerlo se generalice el clima de conflicto que lamentablemente se expande en el país. Tanto el Estado como las empresas deben estar concientes de que esta ola de conflictos no es responsabilidad única de activistas y revoltosos. Es importante que reconozcan su parte de responsabilidad no solo el origen, sino en la solución de estos conflictos.

Sólo la conjunción de fuerzas y buenas voluntades de parte de los actores locales, regionales y nacionales podrá superar los estándares actuales de operación y generar, si esta vez, mejoras en las condiciones de vida de la población rural, en particular, de las comunidades nativas y campesinas.

29 de junio de 2007

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* Ivan Brehaut es consultor en temas de desarrollo rural e hidrocarburos, con mas de 15 años de experiencia. Forma parte del equipo de la Asociación Nampitsi, ONG dedicada a la promoción del desarrollo de la población indígena de la Selva Central del Perú