El pasado domingo 22 de octubre, en la edición regional del diario La República apareció una entrevista al Sr. Robinson Rivadeneyra, presidente del Gobierno Regional de Loreto (GOREL), en la que afirma que la ONG Racimos de Ungurahui tiene su sede en Ecuador y que ella estaría detrás de las denuncias sobre contaminación en el río Corrientes y la movilización de las comunidades achuares. De acuerdo al periodista, señaló también que no es una ONG, porque no está inscrita en los registros que controlan este tipo de instituciones en el Perú. Racimos de Hungurawi (sic) no tiene representante legal [en el Perú], sólo tiene una tesorera que recibe el dinero, lo gasta y jamás informa a nadie de dónde recibe el financiamiento, porque esos fondos están destinados ahora a generar condiciones que afectan la soberanía nacional y perjudican gravemente nuestro país.
En contraste con estas declaraciones, que destilan ignorancia y mendacidad, en la edición nacional de ese mismo diario, el mismo día, aparece un equilibrado pronunciamiento firmado por organizaciones indígenas (AIDESEP, FENAMAD y ORAU), gremiales (CONACAMI), ambientalistas (APECO, DAR, TREES y WWF) y humanistas (Asociación Civil Labor, Centro Bartolomé de las Casas y CETA). En éste, las instituciones firmantes recuerdan que la contaminación y degradación de las condiciones de vida en el Corrientes llevan 35 años, que éstas atentan contra los derechos humanos de más de 7000 pobladores indígenas, que FECONACO ha denunciado este hecho desde hace años sin recibir atención alguna, que Pluspetrol arroja un millón cien mil barriles diarios de aguas de formación a la cuenca, que esta agua, dos veces más salada que la del mar y a 80º de temperatura, contiene metales pesados que se han ido acumulando a lo largo de tiempo en el organismo de la gente, que el informe de DIGESA demuestra que el 74.5% de las personas analizadas tiene niveles superiores de plomo en la sangre que los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, porcentaje que en el caso del cadmio llega al 64.8%, que Pluspetrol ha sido varias veces multada por OSINERG por los daños causados al ambiente y, finalmente, que la empresa Powes Engineerng ha cuestionado los argumentos de Pluspetrol, que alega que la reinyección tiene costos muy altos que no podrá cubrir. El documento, finalmente, hace una invocación a la sociedad civil y al Estado a asumir su responsabilidad frente a estos hechos, teniendo en cuenta la pérdida de credibilidad de instituciones públicas, que en vez de velar por el cumplimiento de la ley y la defensa de sus ciudadanos, ampara atropellos cometidos por algunas empresas.
En realidad no se necesitaría decir más para demostrar que las falsas declaraciones del Sr. Rivadeneyra no requieren mayor atención.
Terminé un artículo anterior sobre el tema expresando la esperanza de que el actual gobierno regional de Loreto finalizara su periodo actuando de manera verdaderamente regionalista, asumiendo la justa causa de los achuares. Señalé también que estaba seguro que de obrar así sería recordado por los achuares y por todos los que confiamos en la derrota del atropello y el triunfo de la justicia. Me equivoqué de punta a punta.
El Sr. Rivadeneyra, que no ha tenido una sola palabra de solidaridad con los achuares del Corrientes, sale, en cambio, en defensa de los intereses transnacionales de quienes pisotean la salud y la vida de personas y del medio ambiente de Loreto. El discurso regionalista le sirve a él para reclamar más dinero, que luego usa en obras tan poco necesarias para la región como un estadio, en el que se jugaron tres partidos de un campeonato mundial en 2005, y que el Instituto Peruano del Deporte no puede aún recibir porque, faltando dos meses para que él regrese a su casa, la obra está inconclusa. Le sirve para eso, pero no para defender los derechos a la vida y la salud de ciudadanos loretanos.
Sus lamentables declaraciones, que no son propias de un presidente regional, se vuelven incluso más patéticas cuando recordamos que él, durante la campaña que lo llevó al poder, fue acusado por un contendor de ser ecuatoriano y, más adelante, difamado por cuestiones de carácter familiar. En primer lugar, habría que recordar que se le está dando carácter de delito a una cuestión que las leyes peruanas no contemplan como tal, ni en lo penal ni en lo civil. En el caso del presidente del GOREL, lo que puedo decir es que aun cuando, efectivamente, el apellido Rivadeneyra, de origen gallego, llegó a Loreto por patrones madereros que entraron por el Napo desde Ecuador, país donde nace este río, me pareció, entonces tanto como ahora, absurdo y ruin tratar de desacreditar a alguien por su origen, en vez de enfrentarlo por sus ideas. A mí personalmente no se me ocurriría descalificarlo diciendo que ha hecho un mal gobierno por sus orígenes nacionales y discutiría con cualquiera que use este argumento. No, el Sr. Rivadeneyra ha hecho un mal gobierno porque es una persona sin ninguna visión sobre el desarrollo regional, sus problemas y la manera de enfrentarlos. Es por eso que su gobierno ha terminado dedicándose a obras de carácter municipal, como calles y desagües, algunas muy mal hechas, como la avenida de la Participación, con problemas técnicos graves que ya han sido señalados por especialistas, entre ellos, la falta de peralte de la pista, y el mal diseño de las vías de acceso y de los desagües.
Me equivoqué también al pensar que las viles acusaciones de las que el Sr. Rivadeneyra fue objeto hace unos años, le servirían al menos para aprender cómo no hay que argumentar frente a los problemas.
El regionalismo del Sr. Rivadeneyra revive aquél de los caucheros de comienzos de siglo XX, que al ser denunciados ante los tribunales por los delitos de lesa humanidad cometidos contra la población indígena del Putumayo y afluentes, desataron una caza de brujas contra los jueces probos que llevaban la causa, los doctores Carlos Valcárcel y Rómulo Paredes, diciendo que ellos respondían a visiones centralistas y que jugaban en alianza con intereses de Inglaterra, en ese tiempo el principal consumidor de la producción mundial de caucho, y de Colombia, que reclamaba los territorios al norte de ese río. Cuando el regionalismo y el patriotismo son un antifaz para esconder las verdaderas intenciones se llega a situaciones como ésta en las que se desconocen los derechos de ciudadanos regionales, y qué más regionales que los achuares, que estaban aquí antes que llegasen sus antepasados por el Napo y antes de la formación del Estado.
¡Qué fácil se miente y desinforma lanzando a la prensa, desde una posición de poder como la del Sr. Rivadeneyra, cualquier infundio! ¿Por qué no se tomó ni siquiera la molestia de averiguar si lo que quería decir sobre Racimos Ungurahui tenía, por lo menos, algo de verdad? No hay que ser un genio de la investigación para esto. Hoy día con Internet podría haber tenido la respuesta en unos minutos. También, y mucho más fácil, con una rápida revisión de la guía telefónica de Lima, él habría encontrado la dirección y teléfono del Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui.
Al final, con las mentiras pasa lo mismo que cuando uno escupe al cielo: en la cara nos caen. Por eso, si le sirve de algo, debo decirle que participé en la fundación de Racimos de Ungurahui, en 1995, junto con la Sra. Lily La Torre y otros compañeros que pensamos igual respecto a la justicia y los derechos de los achuares y de cualquier ciudadano que sea amenazado por defender sus legítimos intereses. Aunque no estoy más con la institución, vayan desde aquí mis felicitaciones por el trabajo que realiza.