Servindi, 29 de octubre, 2009.- La presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, Elizabeth León, demandó mayor celeridad en la elaboración del anteproyecto de derecho a consulta gestionado junto a los representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía.
En ese sentido, lamentó la lentitud con que se desarrollan las mesas de diálogo convocadas por el Ejecutivo. "Tenemos una de las últimas oportunidades para dar real valor al diálogo. Las comunidades nativas se han abierto a dialogar y debemos apretar el paso".
Precisó que el la Mesa Nº3, referente al derecho de las comunidades a ser consultadas para actividades extractivas en sus territorios, tiene toda la disposición para tener listo en noviembre un documento y someterlo a debate en el seno de la comisión, de modo que el dictamen pueda pasar al Pleno del Legislativo.
"Necesitamos resultados, no podemos quedarnos a medio camino", manifestó la parlamentaria León Minaya en diálogo con la Coordinadora Nacional de Radio.
Agregó que "desde la comisión estamos elaborando proyectos de ley alternativos y con ello derogar esos decretos (...) Hay que tener voluntad política".
Por otra parte, adelantó que convocarán a la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Nidia Vílchez, para aclarar la denuncia respecto a que el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) estaría financiando una dirigencia "paralela" de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
Asimismo, adelantó que en la próxima sesión de su grupo de trabajo se analizará el caso de Radio La Voz de Bagua y se remitirá un documento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones expresándole su preocupación por el cierre de la emisora.
"Tenemos que presionar al Ejecutivo para que juegue con las cartas limpias y en un sólo sentido. No podemos tener un discurso democrático, saludando el diálogo y luego tener estas acciones contrarias, puntualizó.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas especifica que los Estados están obligados a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas a través de consultas de buena fe antes de adoptar medidas que puedan afectarlos.
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