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Perú: Autoridades y pobladores responsabilizan al gobierno de disturbios en La Oroya

Servindi, 24 de setiembre, 2009.- El gobierno es el principal culpable de los disturbios provocados con la empresa Doe Run, en la localidad de La Oroya, según consideraron autoridades locales y pobladores de la región. (Imagen: la republica)

Por un lado, el gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Junín, Walter Angulo, responsabilizó al Ejecutivo y a la empresa Doe Run por la violencia registrada en La Oroya, donde un policía falleció ayer.

Angulo Mera señaló que el gobierno regional advirtió oportunamente que la situación en torno a Doe Run Perú podía derivar en enfrentamientos como los ocurridos el último martes.

Aseveró que el lunes último trataron de reunirse con el premier Javier Velásquez Quesquén. Sin embargo, el jefe del gabinete habría declinado la propuesta con el argumento de que no manejaba plenamente el tema.

De igual manera, el funcionario acusó a la compañía norteamericana de utilizar el malestar de los mineros, quienes temen perder sus puestos de trabajo luego que la minera suspendiera sus operaciones.

De otro lado, la mayoría de la ciudadanía del valle del Mantaro se encuentra indignada por los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores mineros y culpan al gerente de Doe Run, Carlos Huyhua, del conflicto por instigar y promover los desórdenes.

Al momento, los enfrentamientos han desencadenado la violencia extrema de la policía y de los trabajadores de la empresa minera Doe Run, dejando como saldo un muerto por un pedrada en la cabeza.

Este es identificado como Grober Saico Taype y perteneciente al Escuadrón de Emergencia de Huancayo.

Hasta ahora el paro no se ha levantado en la ciudad de la Oroya. Los comercios se encuentran cerrados y escasas personas se atreven a salir a las calles que están cubiertas de piedras y vídrios.

Hasta ahora no se ha identificado al o los culpables del hecho, pero por el momento los trabajadores de la empresa Doe Run y la policía han hecho un alto a los enfrentamientos hasta que la Comisión de Energía y Minas del Congreso resuelva si se le otorga o no la prórroga de 36 meses al PAMA, el cual exige Doe Run.

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