Por Gil Inoach Shawit*

En el entender del gobierno, la solución a la movilización amazónica era vía "mano dura", argumentando que por culpa de un grupillo no puede perjudicarse a los 28 millones de peruanos. En esa línea dejó entrever que los decretos legislativos cuestionados responden al interés de estos millones de habitantes. En ningún momento se tuvo en cuenta la idiosincrasia de los pueblos indígenas, cuando éstos, enardecidos por sus derechos conculcados, se plegaron a las calles para expresar su descontento.

Más que descontento por los decretos legislativos cuestionados, el ánimo indígena de hacer pública su demanda, fue por los siguientes motivos:

1.Basta de ver a la amazonía como un gran vacío

En el tiempo de la colonia, el sueño del país de la canela, condujo a los aventureros de la época a meterse en los lugares más recónditos de la selva para quedarse con todo lo que olía a riqueza y con eso hacerse los dueños y señores de las mejores tierras, que tomaban arrebatando, matando e hiriendo a los "naturales" con la espada en la mano. El asesinato de miles de Boras y Huitotos por el sanguinario Fitzcarraldo es tal vez una de las historias negras que se registra en la época del caucho.

A partir de los 40, los pueblos indígenas de la selva experimentan una ola desmedida de colonización promovida por diferentes gobiernos de turno. Las mejores tierras de la costa y la sierra ya estaban en dominio de terratenientes, así es que los sin tierra - en este caso - los campesinos, fueron desterrados de su posesión ancestral y lanzados hacia la aparente selva deshabitada.

Esa percepción colectiva de la élite centralista, que poco conoce la amazonía, empujó a que la clase política de tendencia derechista haya cerrado filas para que el ensayo de la teoría del "perro del hortelano" trate de germinar confrontación entre los peruanos.

El cálculo de los estadistas en materia de ingreso per cápita versus número de la población existente, los lleva a crear esquemas de comprensión social de manera cuadriculada a los gobernantes y funcionarios de turno, lo cual se refleja en la restricción sistemática de los derechos de posesión territorial que tienen los pueblos indígenas.

Un congresista del APRA sostenía que una de las medidas para poder atender a todos los indígenas sería desplazarlos de sus asentamientos para concentrarlos en algún sitio, argumentando que el Estado no estaba en la capacidad presupuestal de atender población dispersa. Una postura nada decente y evasiva frente a las presiones de la opinión pública que exige mayor acercamiento a estos pueblos.

Claro, uno se pregunta, si así piensan los políticos que hacen las leyes, que más nos queda a los peruanos que elegimos a nuestros representantes que creen que para resolver el problema social de la población hay que sacarlos de su hogar. Sólo lamentar la poca capacidad creativa de nuestras autoridades.

Cuando uno vuela y cruza al medio del verdor amazónico puede imaginarse que no existe gente adentro, porque en la concepción de los no indígenas, una de las evidencias de la existencia humana es el bosque abierto con árboles talados. De lo contrario, aquellas áreas son inexploradas.

Cualquier vecino tiene derecho de quejarse si alguien le invade su casa sin permiso alguno. Por más que un hermano tenga iguales derechos y obligaciones para con sus padres, no le es facultado agredir a sus congéneres, como tampoco el presidente puede ningunear como ciudadanos de "segunda clase" a los indígenas para justificar la masacre a nombre del Estado.

Para los indígenas el bosque, la fauna, el agua y el suelo es su capital natural como la gallina de los huevos de oro; comen y usan los huevos que produce su gallina y saben que si por ambición desean escarbar sus entrañas, ese día incrementarán la estadística de la pobreza y desaparecerán como pueblo.

2.Respeto a la cultura y derecho a la identidad como pueblos indígenas

La población citadina poco sabe de las poblaciones amazónicas más allá de las fronteras del casco urbano de Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, y de otras ciudades. Su idioma y cultura son mirados con desprecio, tan solo como objetos, ya sea por fines de negocios turísticos de parte del grupo de la "primera clase" que el presidente defiende.

El Decreto Legislativo Nº 1090 puede revertir los bosques otorgados a los indígenas en la modalidad de "contrato de cesión de uso" si es que éstas áreas fuesen declaradas de interés nacional. Y no puede negarse que esto pueda ocurrir, porque aquellas cedidas en uso son solo temporales y no forman parte de las tierras tituladas.

No es verdad -como lo presentan en un spot publicitario- que las comunidades poseen más de 13 millones de hectáreas tituladas. Si uno saca pluma para escarbar la cifra, las tierras tituladas en realidad son algo de 4 millones 550 mil 240 hectáreas. El resto está bajo "contratos de cesión en uso" (tierras forestales, aprox. 3´166, 144 ha.), áreas fiscales y reservadas. Los 13 millones de hectáreas son una cifra ilusoria.

El Decreto Legislativo 1064 anula de manera sistemática la imprescriptibilidad de tierras comunales que la Constitución consagra, al facilitar que todo asentamiento (invasión en otras palabras ) al 31 de diciembre de 2004, pueda tener derecho a ser titulado. En este caso, si hubo invasión no reclamada por los propios indígenas hasta diciembre de 2004, ya fuimos.

Además de eso, el derecho de servidumbre impuesto es también una atribución oficial orientada a garantizar el libre ingreso de las empresas petroleras, oleoductos, mineras, etc. en territorios indígenas. Es decir, consulto, pero si no obtengo consentimiento, igual impongo como Estado con tasas calculadas para ello, violando de esta manera el Convenio 169 de la OIT que el Estado Peruano está comprometido a respetar, aplicar y cumplir.

Continúan las agresiones... Para el caso de aquellas comunidades que usan de manera ancestral los aguajales o tahuampales (como se llama en términos regionales), el Decreto Legislativo 994 es una amenaza toda vez que si estas comunidades no están tituladas -como lo están muchas en la planicie amazónica- fácilmente pueden quedarse sin estos recursos si el Estado los otorga en concesión a terceros. De esta manera una costumbre milenaria de uso de los recursos de los humedales puede convertirse en una amenaza para el concesionario, incluso, los naturales podrían ser denunciados como invasores.

Los decretos legislativos cuestionados han sido diseñados como una mina regada por todos lados, prácticamente difícil de extirpar con unas simples modificatorias. Es como que en el Decreto Legislativo 1064 está el perdigón, en el Decreto Legislativo 1090 está la pólvora, en el Decreto Legislativo 994 está el percutor, en el Decreto Legislativo 1089 está el fulminante, etc.

De tal manera que hay un señor que se llama Estado con una cuerda electrónica para activarlo desde una cómoda oficina, cada vez que se le antoje aplicar tales decretos para favorecer a las inversiones privadas. ¿Está garantizada con este tipo de medidas gubernamentales, la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas como lo establece el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? La respuesta es NO.

3.Los pueblos indígenas somos peruanos que también tenemos derecho a la vida

Hay algo que el Perú y los políticos deben tener en cuenta. Particularmente, el pueblo Jibaro, es el defensor ferviente de su patria desde hace 500 años atrás. Tuvieron que defender férreamente sus territorios desde el Marañón, Santiago, Morona y Pastaza. Si no hubiera ocurrido esta resistencia, el antiguo gobierno de Maynas del que tanta mención ha hecho la historia, hubiera caído en manos del conquistador (colonia que avanzaba del norte) y la amazonía norte del Perú no tendría el tamaño que tiene en el mapa geopolítico sino fuera por los Awajún y Wampis quienes señalaron la Cordillera del Cóndor como su principal confin de dominio territorial.

Los Awajún y los Wampis son los que liberaron la zona del avance colonizador e invasor y son los que decidieron ser peruanos con la constitución del Estado. De estos dominios territoriales se valió el Perú para defender su soberanía. Pero resulta que este pueblo que luchó para defender su territorio, ahora es incomprendido por un Estado que pretende enajenar el derecho que tienen estos pueblos de ser reconocidos y considerados como constantes vigilantes de la frontera y fervientes defensores de su existencia.

Con la ausencia del Estado, este pueblo se siente como un hijo adoptivo, extranjero en su propio territorio. No se les considera como patriotas que también tienen el derecho de promover y gozar de su propio desarrollo, más, se les ignora y se los ningunea en vez de escucharlo.

El pueblo Jíbaro salió a las calles para hacer visible su descontento frente a los decretos legislativos que consideran lesivos a sus intereses colectivos, salió para decir "voy a seguir defendiendo al Perú, al territorio que con mi sudor lo defendí antes que nazca el Perú y opté ser peruano cuando nació". Mi pueblo no salió para hacer violencia. Si tomó las instalaciones petroleras y carreteras es porque aprendió de los no indígenas que éste es el único recurso para ser escuchado.

4.Si proteger mi territorio para garantizar mi existencia como pueblos pasa por la muerte, lo haré para asegurar a la generación venidera

A diferencia de lo que la protesta citadina estila casi siempre por fines de reivindicación laboral, los pueblos indígenas han salido para defender sus propios intereses, por encima de cualquier temor que pueda impedir alcanzar sus justas demandas. Ninguna protesta que yo haya visto ha desafiado un decreto de emergencia.

No se debió esperar un derramamiento de sangre para recién ponerse a dialogar. Señores del Estado, demuestren la intención sincera de hacer un diálogo sin trampas y verán con que humildad se presentarán los indígenas para sentarse en la mesa y conversar sus asuntos.

Los pueblos indígenas no salieron a las calles para exigir un aumento de sueldo, tampoco para exigir un aumento en el presupuesto del Programa Vaso de Leche. El pueblo salió para defender lo que es suyo, su vida, su cultura, su territorio, su identidad; y tampoco salió para hacer política partidaria.

¡Basta ya de más muertos! Aunque este pueblo salió -si es preciso con la muerte- para defender su territorio, no permitamos más derramamiento de sangre. El país está al borde del precipicio, con una democracia amenazada y a punto de movilizar de manera masiva a toda la población del país. Hasta ahí no debemos de llegar, cuando tan solo basta una voluntad política para atender los reclamos y enmendar los errores de los decretos legislativos.

5.Si no hay arreglo, no dejaremos ingresar a ninguna empresa en nuestros territorios, ni a los representantes del Estado.

Con un corazón roto a pedazos por incomprensión, hablaba un comunero en una entrevista que realizó un periodista del programa Cuarto Poder. Decía que ellos no dejarán pasar en sus territorios a ninguna empresa, ni a personal del estado, mientras el consuelo no pasa por la derogatoria de los decretos legislativos cuestionados.

Eso es una ruptura social sin precedentes en pleno siglo XXI de un pueblo que por historia es orgulloso de su descendencia y la forma de ver el mundo frente a los desafíos adversos. Este pueblo no piensa como lo piensa el señor Presidente de la República o los Ministros de Estado de tan solo hacerlos callar con la fuerza de la ley. Mientras más duros se pongan los funcionarios públicos, menos posibilidades de desenredo habrá con este pueblo. El gobierno debe tomar iniciativas sinceras y transparentes de diálogo lo mas pronto posible.

La muerte de un ser humano no se debe justificar con alguna excusa, pero tampoco es justificable perseguir a los dirigentes que representaron la movilización amazónica. Ningún dirigente ha promovido y organizado una movilización ni planeado masacre alguna. No hubo ninguna orden ni agitación para convulsionar a la población hasta la rebeldía. El pueblo les dijo "Derogatoria de los Decretos Legislativos" a sus dirigentes, más la prensa sensacionalista y esquemática en su forma de difundir y proyectar las cosas ha hecho aparecer que son los dirigentes como los principales promotores del proceso cuando no es así.

Una lucha sin precedente protagonizada por los pueblos amazónicos no ha sido concebida en el escritorio, tampoco ha sido financiada por extranjeros. Esta pelea se gesta teniendo como raíz el olvido y la marginación del que han sido víctimas los pueblos indigenas.

Los dirigentes que están perseguidos deben ser liberados, si hay que castigar a los responsables de la muerte que la justicia se encargue de ellos, pero no por ellos deben pagar otras personas que lo único que hicieron es canalizar la demanda de la protesta. Señores congresistas de las bancadas de Unidad Nacional, Fujimoristas y Apristas... hagan algo positivo por el país. ¡Deroguen los decretos legislativos cuestionados!

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* Gil Inoach Shawit, es indígena del pueblo Awajun y se desempeñó como Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) durante dos periodos, de 1996 al 2002.