Servindi, 3 de abril, 2009.- Los dirigentes de los pueblos indígenas de Naso y Ngobe denunciaron una persecución por parte de las autoridades de la Provincia de Bocas del Toro, en Panamá.

En ese sentido, precisaron que el pasado lunes fue enviado un contingente de más de 100 efectivos policiales a las comunidades Naso de San Durui para destruir casas en un área que está en litigio con la empresa Ganadera Bocas.

Además, los indígenas denunciaron la llegada de grupos policiales a la comunidad de Bonyik con el objetivo de forzar la construcción del proyecto hidroeléctrico de las Empresas Públicas de Medellín.

"Esos acontecimientos son semejantes a episodios similares que ocurrieron en abril del 2005, los que fueron denunciados ante las autoridades competentes y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)y las Naciones Unidas", afirmaron los manifestantes.

Los indígenas atribuyeron la responsabilidad de los abusos cometidos en su contra a la gobernadora, Esther Mena de Chiu.

"A tres meses de terminar el presente período de gobierno, queremos recordar a las autoridades de la provincia que los ojos del mundo están sobre Bocas del Toro y que esperamos que no pasen a la historia como las personas que sancionaron la represión y al despojo territorial de los pueblos indígenas", puntualizaron.