Por Juana Huancahuari Páucar*

En el Pleno, realizado el jueves 15 de enero, se discutió el dictamen de la Ley General de Aguas, cuyo debate se remonta a casi diez años y que en esta legislatura fue tomada como prioridad por las diversas bancadas que integran la Comisión Agraria. Consiste en un compilado de más de veinte propuestas legislativas dirigidas a normar los recursos hídricos del país.

La Comisión Agraria y el Paro

Dos días antes, la Comisión Agraria sesionó para aprobar el dictamen y frenar de alguna manera el anunciado paro nacional agrario convocado para el 15 de enero por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú.

El Congreso y la Comisión Agraria habían sufrido serios cuestionamientos por mantener archivadas las distintas propuestas de ley relacionadas a los recursos hídricos, debido a la falta de interés y consenso al interior del legislativo, así como con las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, dormía el sueño de los justos.

Entre otros puntos, los gremios sociales exigían que la ley reconozca el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades humanas primarias, a las juntas y comités de regantes y su participación en las tomas de decisiones.

A mediados del año pasado, el Presidente García, aprovechando la lasitud de los congresistas, y en claro afán de privatización y entreguismo a grupos de poder económicos, promulgó los decretos 997, 1081 y 1083, que disponían la creación de la Autoridad Nacional del Agua, del Sistema Nacional de Recursos Hídricos y el beneficio a quienes pueden o tienen más medios para ahorrar agua, respectivamente.

Propuestas de las comunidades

A puertas de un paro de "brazos caídos" de los regantes que exigían la derogación de estos decretos, la Comisión Agraria aprobó por unanimidad el dictamen de la Ley General de Aguas, no sin antes recibir propuestas de último minuto y otras que sesgadamente la comisión no había recogido, como aquella que disponía la intangibilidad de las cabeceras de cuencas donde se originan las aguas, propuesta hecha por mí y que fue incluida en el artículo 75 del dictamen.

El texto quedó de la siguiente forma:

"El Estado reconoce como zona intangible las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas, como medidas de protección y preservación, no se otorgará ningún derecho que implique uso, disposición o vertimiento de aguas".

Otro de los aportes recogidos en el dictamen fue nuestra propuesta para que las comunidades campesinas y nativas sean reconocidas como organizaciones de usuarios del agua y, evidentemente, su derecho al uso de las aguas, de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Principio 5 y artículos 11, 19, 32, 64).

Asimismo, insistimos con mis colegas de bancada, el retiro de todos los conceptos que promovieran el proceso de privatización de aguas.

Así las cosas, el día 15 amaneció con algunas carreteras bloqueadas por agricultores y un Congreso que incluía en la parte final de su agenda la discusión del dictamen de la Ley de Aguas. Pasada las seis de la tarde, cuando el paro de regantes caminaba de la mano con el Sol hacia el ocaso, el Pleno se lanzó a la discusión de la ley de aguas.

El debate fue breve por el consenso habido entre todas las bancadas. El dictamen se aprobó en primera votación con 76 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones. Hubo un intento de querer eliminar el artículo 95 que creaba el Canon Hídrico, pero no prosperó. El dictamen solo requería una segunda votación.

Contra lo que parecía una jornada importante para los agricultores con una propuesta legislativa que eliminaba automáticamente los anteriores decretos, aparecieron las presiones de los grupos de poder económico para que no se apruebe todavía la ley, a los que se añadió el miedo y la poca vergüenza de quienes claudican y negocian sus decisiones.

La alianza de derecha, que es mayoría en el Congreso, se negó a aprobar en segunda votación el proyecto de Ley de Aguas y en este momento es necesario que las organizaciones sociales del país, comités de regantes e instituciones preocupadas por una adecuada gestión de nuestros recursos hídricos se pronuncien para que la Comisión Permanente del Congreso, que sesionará hasta marzo, incluya en su agenda la aprobación del mencionado proyecto.

Aun cuando no es una ley perfecta, recoge importantes aportes de las juntas de regantes, de las organizaciones campesinas, agrarias y nativas, así como de especialistas, quienes en su mayoría coinciden en que es un documento que ofrece un contexto integral de la gestión de los recursos, un adecuado manejo de las cuencas y de las aguas amazónicas, claridad en el aspecto institucional y participación de los diversos usuarios respecto a la gestión del agua.

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* Juana Huancahuari es indígena quechua de la región Ayacucho y Congresista de la República.