Colombia elige la protección ambiental frente a la minería

El alto tribunal encontró que hay desarticulación entre el sector minero y ambiental, así como falencias en el modelo de control y fiscalización de los títulos mineros en Colombia.

Servindi, 3 de setiembre, 2022.- Mientras en Perú los mineros ilegales amplían sus pretensiones ante un gobierno vacilante e incoherente Colombia dio un paso firme para corregir el déficit de protección ambiental frente al ordenamiento minero.

El Consejo de Estado dejó en firme un fallo que ordena delimitar las zonas donde esté prohibida la minería, labor que deben adelantar los ministerios de Minas y Medio Ambiente, que también deben establecer dónde se encuentran las áreas de conservación, entre otros procesos.

En tal sentido, se otorga dos años a la cartera de Ambiente para identificar los ecosistemas donde esté prohibida o restringida la minería y los sitios donde se permite la misma.

Asimismo, el fallo pide identificar las áreas de conservación, las reservas forestales, las cuencas hidrográficas, las reservas de recursos naturales, los páramos, subpáramos y los nacimientos de agua, entre otros.

En una decisión sin precedentes el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Minería (ANM) ordenaron corregir el trámite de asignación de titulos mineros a fin de priorizar la protección ambiental.

Tras el fallo, los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía, así como la ANM, deberán en seis meses actualizar la Política Minera Nacional.

Presidente celebra decisión judicial

El presidente de la República, Gustavo Petro, celebró la decisión judicial en la cual se materializa la protección del medio ambiente frente a actividades como la explotación y explotación minera.

Petro, por medio de su cuenta de Twitter, envió un mensaje al senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, señalando que la justicia le dio la razón al congresista sobre la batalla que libró en pro de salvaguardar zonas ambientales estratégicas.

“Esta decisión protege los derechos colectivos a un Ambiente Sano, al Equilibrio Ecológico, y al Patrimonio Público, puestos en riesgo en 2012, con la reactivación de la ‘Ventanilla Minera’, que tramita títulos en Colombia”, señaló Iván Cepeda en un mensaje de Twitter.

Contenido de la decisión

La finalidad del fallo es contrarrestar los problemas relacionados con el insuficiente ordenamiento territorial minero-ambiental; la desarticulación institucional y las debilidades del modelo de control y fiscalización de los títulos mineros.

La decisión obedece a una demanda presentada en 2013 por el senador Iván Cepeda, en conjunto con organizaciones como Tierra Digna, la Asociación Centro Nacional Salud, Ambiente y Trabajo, Pensamiento y Acción Social, entre otras.

Ello, tras considerar que el procedimiento de evaluación de propuestas y fiscalización de títulos mineros, efectuado a través del Catastro Minero, presentaba fragilidades que podrían afectar de forma irreversible el medio ambiente.

Así, la ANM, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, deberán corregir el trámite de evaluación de propuestas, con miras a que la asignación de los títulos mineros se ajuste a las prohibiciones y restricciones que tiene actualmente la explotación del subsuelo.

“Esta es una de las ocho órdenes que impartió la alta corte, en el curso de una acción popular en la que se ampararon los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la conservación de las especies animales y vegetales, a la protección de áreas de especial importancia ecológica y a la defensa del patrimonio público”, indicó el Consejo de Estado.

Las carteras deberán elaborar un diagnóstico y caracterización sobre los proyectos mineros cuyos títulos se superponen con territorios ambientalmente protegidos.

Asimismo, aquellos cuyos impactos ambientales negativos generados por proyectos mineros no cuentan con licenciamiento ambiental en la fase de exploración y aquellos que no están siendo controlados en la fase de exploración.

A partir de dicha caracterización, los ministerios harán un inventario de Pasivos Ambientales Mineros e implementarán un plan preventivo y correctivo de los problemas identificados en el corto plazo (un año), mediano plazo (dos años) y largo plazo (cinco años).

Cabe destacar que el Consejo de Estado ordenó instalar una mesa de trabajo interinstitucional, en la que participen los delegados de los ministerios involucrados, así como los de las corporaciones autónomas regionales.

Asimismo, participarán las corporaciones de desarrollo sostenible, de la Anla, los grandes centros urbanos, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Agencia Nacional de Minería, de la Gobernación de Antioquia -en su función fiscalizadora-, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

Respetarán títulos mineros

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que se quiere tener “un respeto a los debidos procesos”, lo que significa que “la titulación existente se va a respetar”, al igual que los derechos adquiridos por las compañías mineras que operan en el país.

No obstante, también anunció que se hará una revisión de la titulación minera en Colombia para confirmar si las empresas “tienen una responsabilidad fiscal y ambiental”.

Las declaraciones las efectuó en el primer gran encuentro con empresas mineras de todo el país donde Irene Vélez aprovechó para presentar las propuestas y reformas que se realizarán en el sector durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.