Servindi, 10 de marzo, 2022.- La necesidad de una “reforma ambiental” para fortalecer la institucionalidad del sector recomienda un documento que evalúa el derrame petrolero ocurrido el 15 de enero de 2022 sobre las costas de Ventanilla.
El documento se titula “Informe de balance: responsabilidad de Repsol y desempeño de las entidades estatales en la respuesta al derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero”.
Además de proponer que la reforma centre el enfoque en la protección del ambiente y la salud de las personas, también debe conllevar la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Este Acuerdo busca garantizar derechos ambientales de la población a la información, participación y justicia ambiental, y que el Estado adopte acciones concretas para su ejercicio.
El informe elaborado por la asociación CooperAcción sugiere la necesidad de iniciar inmediatamente la discusión sobre la “reforma conservacionista” en el país.
Considerando que el Perú es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, urge trabajar en un diseño robusto de las políticas de conservación frente a los extractivismos.
Desastre ambiental
El informe fue elaborado por la abogada Ana Leyva y el sociólogo Alejandro Chirinos, director de la asociación CooperAcción.
El derrame de petróleo de aproximadamente 11 900 barriles es catalogado de gran magnitud y sin antecedentes en su tipo por el informe de la misión de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Los daños ambientales y sociales ocasionados en la zona marino costera son cuantiosos por las dimensiones que alcanzó el derrame y la expansión de la mancha de petróleo, la cual siguió creciendo durante semanas.
En respuesta al derrame, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) han dispuesto medidas administrativas y que varias de ellas no han sido cumplidas por Repsol.
Asimismo la empresa dio información falsa sobre la magnitud del derrame lo que dificultó una acción pronta y oportuna.
Además, su personal no estaba preparado para enfrentar la emergencia y no tenía equipo e implementos necesarios para controlarla.
El informe indica que los hechos dan cuenta de un actuar irresponsable, pero también una falta de supervisión adecuada a la implementación del plan de contingencia.
Los daños ambientales y sociales no han sido identificados, inventariados y caracterizados o no se tiene resultados. Esta es una tarea pendiente de la empresa y del Estado peruano.
También es importante recordar que en el Perú los gastos de remediación de los daños ambientales se trasladan del infractor al Estado, lo que significa que toda la sociedad los asume.
Otros pendientes
El desastre ambiental de Ventanilla ha puesto en evidencia que el Perú requiere, además de una "reforma abiental", también de reforma pesquera.
La reforma pesquera debe comenzar por retomar la discusión sobre la restitución o implementación de un ministerio de pesca y acuicultura, y revisar la Ley General de Pesca, para hacerla más justa, inclusiva y equitativa.
El estado debe implementar un sistema abierto de información pública sobre el crimen ecológico de Repsol de tal manera que permita acceso a la información para la toma de mejores decisiones.
El jueves 10 de marzo a las 8:00 p. m. se realizará una transmisión en vivo vía space con los autores del documento, para profundizar en los hallazgos y recomendaciones. Esta se transmitirá desde la cuenta oficial de twitter de CooperAcción: @CooperAccionPER
- Puede leer el informe completo aquí: https://bit.ly/3MAhTSx
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