El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos contribuye a un entorno seguro para las labores de los defensores de derechos fundamentales, a raíz de la aprobación de una herramienta que adopta acciones oportunas para protegerlos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional propicia un panorama de deslegitimidad de los movimientos sociales en nuestro país, en el marco de una resolución sobre el caso de ‘convenios que celebran la Policía Nacional e industrias extractivas’.
Servindi, 14 de octubre, 2020.- El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aprobó la creación del “Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos” y sus lineamientos mediante la Resolución Ministerial N.° 255-2020-JUS.
Según indica el sector, esta herramienta –emitida el 1 de octubre– permite acopiar, analizar y gestionar información sobre situaciones de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el Perú.
De igual forma contribuye en la adopción de acciones pertinentes y oportunas para prevenir amenazas y garantizar la protección integral de ellos.
Entre otros puntos, la información del registro servirá para generar información estadística y un mapa de riesgos.
Esto a fin de orientar las acciones de prevención y protección contenidas en el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos”, aprobado por la Resolución Ministerial N.° 159-2019-JUS.
El registro de la R. M. N.° 255-2020-JUS y sus lineamientos son el resultado de un amplio proceso de diálogo entre actores estatales, de los pueblos indígenas, sociedad civil y del sector empresarial.
Los mismos que integran la “Mesa de trabajo temática sobre personas defensoras de derechos humanos”, así lo hace saber el Ministerio de Justicia.
A raíz de lo indicado, el Minjusdh cumple una meta del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 generando un entorno seguro para las labores de los defensores de derechos fundamentales.
Dato: Los lineamientos del Registro se halla en la parte final de la nota del Ministerio de Justicia, a través del siguiente enlace.
Incongruencia en defensa de los derechos humanos
No obstante, la iniciativa del sector Justicia se confronta con incongruencias de los órganos del Estado, como el que propicia el Tribunal Constitucional (TC).
En setiembre del 2020, el TC resolvió el caso de la prestación de servicios policiales extraordinarios, también conocido como el de los convenios que celebran la Policía Nacional e industrias extractivas.
Foto: IDL
El Tribunal declaró constitucional dichos convenios –aunque con ciertas reglas– que forman parte de un andamiaje institucional estatal que promueve la criminalización de la protesta.
Además que socava la legitimidad de los movimientos sociales en nuestro país en perjuicio de los defensores de derechos humanos en el Perú, se refiere en el portal del Instituto de Defensa Legal.
Entre estos asuntos jurídicos, cabe indicar que en el transcurso del 2020, cuatro defensores del medio ambiente han sido asesinados, así como otros defensores de derechos humanos por intereses diversos.
Comentarios
Exijan la ratificación de
Exijan la ratificación de firma del Acuerdo de Escazú, el resto de alternativas como ven lo han copado y distorsionado.
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