El histórico conflicto socio-ambiental conocido como el Baguazo hasta un histórico récord de desatenciones de informes ambientales componen el legado de Alan García. A pocos días de su abrupto suicidio, las políticas ecológicas del expresidente peruano no serán precisamente su mejor herencia política.
Por José Díaz
Servindi, 24 de abril, 2019.- El evento político más impactante en lo que va del año ha sido, sin dudas, el suicidio del expresidente de la República y líder del Partido Aprista, Alan García.
A punto de ser detenido por la policía fiscal como parte de las investigaciones que se le seguían por presuntos actos de corrupción cometidos durante su segundo gobierno, el fallecido ex mandatario acumula –entre otras cosas– un triste legado ambiental que en el presente informe pasamos a resumir.
El caso ambiental más emblemático de sus gestiones fue el conflicto ocurrido en Bagua, en la selva norte peruana, en el año 2009. Como recuerda, por aquel entonces Alan García se había propuesto liberalizar el territorio amazónico ancestral para agilizar la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
En aras de esto, su gobierno había promulgado una serie de mandatos que permitían cambiar el catastro del territorio ancestral indígena a territorio susceptible de extracción. Ante la resistencia encarnada por los pueblos Awajún y Wampis, Alan García no tuvo mejor respuesta que subestimar a las comunidades originarias al señalar que no eran “ciudadanos de primera clase”.
Esta frase histórica, y la sangrienta represión que ocurrió en Bagua en junio del 2009, dejando un saldo de más de 40 muertos entre policías e indígenas, marcaría para siempre el derrotero de Alan García con los pueblos originarios del Perú.
Leyes anti-ambientales
No obstante, la última gestión de Alan García se caracterizó por la emisión constante de leyes y decretos atentatorios contra el medio ambiente. Uno de los más polémicos fue el “decreto de urgencia” N°4335 que lanzó desde el Consejo de Ministros en el 2010 para desregular la certificación ambiental de diversas obras en la Amazonía.
Por aquel entonces, Alan García buscaba agilizar la construcción de diversas represas en la selva peruana, obras que se consignarían a constructoras brasileñas –años más tarde descubriríamos el entramado de corrupción detrás de estas concesiones–. Lo que este DU N°4335 pretendía era permitir la certificación ambiental recién después de otorgada la concesión definitiva, es decir que la obra se concesionaría independientemente de que afectara o no al medio ambiente.
Asimismo, como lo reveló un informe del portal Convoca, durante el segundo gobierno de Alan García se batió un récord de informes de supervisión ambiental archivados.
En total el 82% de los informes que advertían el impacto de obras de infraestructura en el medio ambiente se mandaron al archivo sin ser estimados. Una cifra que supera ampliamente al segundo lugar en este triste registro, que es la gestión de Alejandro Toledo con 17%.
Aunque el legado político de Alan García aún viene siendo materia de discusión, la cercanía de su muerte no permite un análisis lúcido, lo que sí queda claro es que el legado ambiental de sus administraciones no será lo que más recuerden sus partidarios.
Te puede interesar
#DíaDeLaTierra: “Nuestra #MadreTierra está en grave peligro”, denunció María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU → https://t.co/l6Hx3qWXcm pic.twitter.com/NyIOdIK8Pn
— Servindi (@Servindi) 24 de abril de 2019
Añadir nuevo comentario