Trocha de 600 km. afectaría a pueblos Ikitu, Kandozi, Achuar, Kichwa, Urarina y Kukama Kukamiria, entre otros, y al complejo de humedales Abanico del Pastaza.
Servindi, 23 de agosto, 2016.- Las organizaciones de los pueblos indígenas ubicados en la zona oriente del Perú piden al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aplicar el proceso de consulta previa a los pueblos que podrían ser afectados por el proyecto “Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos”.
Tal petición es respaldada tanto por la Defensoría del Pueblo como el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS) quienes expresan su preocupación sobre los probables impactos sociales y ambientales.
Ubicación de la línea de transmisión. Detalle de infografía de ProInversión
La obra supone trasladar la energía eléctrica en un trecho de aproximadamente 100 metros de ancho y 600 kilómetros de largo —que equivale a la distancia de Lima a Trujillo— y deforestar zonas sensibles como el Abanico del Pastaza, el mayor complejo de humedales de la Amazonía peruana.
También afectaría el territorio de comunidades nativas pertenecientes a diversos pueblos indígenas como el Ikitu, el Kandozi, el Achuar, el Kichwa, el Urarina y el Kukama Kukamiria, entre otros.
La trocha puede además convertirse en ruta de acceso para el ingreso de colonos y la proliferación de actividades como la tala, la caza, la agricultura y otras actividades que afectarían el territorio de dichos pueblos y restringir su acceso a recursos indispensables para su subsistencia.
Jorge Pérez Rubio, presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), cuyas comunidades afiliadas se encuentran en el área de influencia del proyecto, exigió al Estado peruano que se atienda y respete el pedido de consulta previa.
La Defensoría del Pueblo que respalda dicha petición observa que los emplazamientos donde se ubicarían las torres de alta tensión y las subestaciones supondrían una evidente afectación del derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas. Para este efecto envío un oficio el 3 de junio de este año.
Minem escamotea derecho constitucional
El MINEM rehusa aplicar el derecho a la consulta previa y se ampara en el Reglamento de la Ley de Consulta Previa que indica que la construcción y mantenimiento de infraestructura “necesaria para la provisión de servicios públicos" y que se orienta a beneficiar a los pueblos indígenas "no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta”.
El ingeniero José Serra Vega cuestionó el argumento del MINEM que asume que con el proyecto eléctrico se beneficia a los pueblos indígenas.
Lo cierto es que ninguna comunidad es directamente beneficiada por el mismo, puesto que no son los consumidores finales del servicio de electrificación, como sí lo son los habitantes de la ciudad de Iquitos, indicó el experto.
En busca del desarrollo sostenible de la Amazonía
Henry Carhuatocto, presidente del IDLADS y asesor de ORPIO, informó que el 22 de agosto la organización regional reiteró a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del MINEM su pedido de consulta previa.
De no ser atendida su petición solicitarán que se suspenda el procedimiento de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del citado proyecto por existir un proceso judicial sobre la obligación de consulta previa.
En consecuencia, la autoridad administrativa debería de abstenerse de aprobar el EIA mientras el asunto en cuestión se encuentre en sede judicial, remarcó Carhuatocto.
Al respecto José Serra Vega recalcó que el EIA no proporciona información esencial sobre los impactos sociales y ambientales del proyecto ni señala la eliminación de aproximadamente 8 millones de árboles.
Tampoco indica si se requiere o no reubicar a población nativa y cómo se afectará el humedal del Abanico del Pastaza, que constituye la zona aluvial tropical más grande del mundo y que alberga a nueve especies de fauna en peligro de extinción.
El EIA carece de precisión respecto a las medidas de mitigación frente a los impactos indirectos, tales como la migración, el cambio de uso del suelo y el incremento de actividades ilegales, entre otros, agregó.
Finalmente, Henry Carhuatocto sostuvo que la consulta previa del proyecto es una oportunidad para el Estado peruano de alcanzar consenso respecto al desarrollo de la Amazonia con los pueblos originarios que la habitan ancestralmente y atender sus legítimas demandas socioambientales.
Asimismo, hace posible escuchar sus propuestas de desarrollo y dar sostenibilidad a las inversiones públicas a partir de las propias necesidades de las poblaciones impactadas.
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