La realidad es que cualquier pretexto es bueno. De lo que se trata es de amedrentar y reprimir a los pueblos indígenas, pues son el principal obstáculo para el saqueo del país. Resulta que viven sobre yacimientos de minerales ya concesionados, o en lugares que tienen gran potencial turístico (o ambos, como Ostula), y pretenden defender su territorio. Eso es seguramente lo que consideran justificación suficiente como para matar niños.Hay otras comunidades indígenas, como Xochicuautla, Estado de México, cuyo territorio tiene que ser atravesado por obras tan “importantes” para el futuro de este país, como la autopista Toluca – Naucalpan, que servirá para que lleguen más rápido al aeropuerto de Toluca los habitantes de Interlomas y Santa Fe. Los indígenas se oponen a la obra porque acabará con sus bosques y atravesará la ruta sagrada de sus peregrinaciones. En este caso, por más que los han reprimido durante varios años que llevan intentando detener la obra, no han claudicado, por lo que se optó por la expropiación, otra forma de despojar a los pueblos que contraviene convenios internacionales y artículos constitucionales, pero eso no les importa.
Descaradamente, en el decreto de expropiación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio, se afirma que se cumplió con los artículos 1º y 2º de la Constitución y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al llevar a cabo “diversas asambleas” con representantes de la comunidad, en las que se aprobó la obra. Con eso pretenden justificar la expropiación, cuando es sabido que lo que se debe hacer es una consulta previa, libre e informada en la que participe toda la comunidad, no diversas asambleas con representantes; y que el proceso de dicha consulta no lleva cinco días (en los que según el mismo decreto hicieron las asambleas) sino varios meses, pues de acuerdo al protocolo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, primero se debe informar a la comunidad sobre el proyecto, luego se da tiempo para que la comunidad delibere y hasta después se toma la decisión de aprobar o no una obra.
En síntesis, como la comunidad no cedió ante la represión, simplemente expropiaron, violando precisamente el convenio y los artículos constitucionales que mencionan. Es obvio que una comunidad que lleva años luchando para frenar la autopista no va a aprobarla en asamblea, y es obvio que si la hubiera aprobado, no se requeriría de un decreto de expropiación. ¿A quién pretenden engañar?
Es evidente que quienes tienen el poder van con todo contra los pueblos indígenas, pero también es evidente que éstos van a resistir, como lo han hecho durante siglos.
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* La Tlacuila es el seudónimo de Margarita Warnholtz Locht, etnóloga egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Trabajó muchos años con organizaciones indígenas en cuestiones de comunicación.
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Fuente: La Jornada: http://www.animalpolitico.com/blogueros-codices-geek/2015/07/24/van-con-todo-contra-los-pueblos-indigenas/
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