Alto Comisionado ONU condena masacre indígena en Guatemala

Foto: Prensa Libre

Servindi, 1 de octubre, 2014.- La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó el martes último el asesinato de once indígenas del municipio San Juan Sacatepéquez que se opone a la construcción de una cementera y una carretera.

En ese mismo sentido, pidió al Ejecutivo adoptar todas las medidas que estén a su alcance para reducir los altos niveles de tensión que se viven en la zona.

"La ONU lamenta que en esta ocasión se haya llegado al extremo de un enfrentamiento entre personas de una misma comunidad, resultando en la pérdida de vidas humanas, graves agresiones en contra de la integridad, así como actos intolerables de violencia en contra de las mujeres", señaló el Alto Comisionado en un comunicado.

Cabe precisar que el brutal hecho ocurrió el pasado 19 de septiembre. Las versiones sobre lo que sucedió entre la noche de ese día y la mañana siguiente son contradictorias, según las versiones recogidas por los medios de comunicación.

En lo que casi todas las versiones concuerdan es en que, aquel día un grupo de personas armadas con escopetas, pistolas, fusiles y machetes entró en una vivienda de la aldea de Los Pajoques, que pertenece a San Juan Sacatepéquez, y durante un enfrentamiento, que se extendió a otras residencias, murieron 11 personas.

Producto del mismo acontecimiento 11 personas resultaron heridas, así como vehículos y propiedades incendiadas. Cerca de un centenar de vecinos abandonaron sus hogares y se trasladaron a albergues temporales a causa del terror que impera en el pueblo.

El Alto Comisionado señala en el mismo comunicado que "los acontecimientos se enmarcan en el contexto de una fuerte división comunitaria que se ha incrementado en los últimos años a partir de diversos episodios de violencia".

En ese sentido, exige a las autoridades guatemaltecas aclarar los hechos y penalizar a los responsables de la masacre y hacer distinción entre quienes violentan en los territorios indígenas y quienes defienden su derecho a la tierra.

Tras el incidente violento el gobierno de la nación centroamericana declaró un estado de excepción que restringe garantías constitucionales por 15 días en el municipio, medida que la ONU consideró inapropiada. "No debería verse como la vía para resolver el conflicto en el mediano y largo plazo", enfatiza en el texto.

Las comunidades indígenas se mantienen en resistencia ante la arbitrariedad de la empresa cementera que desde 2013, busca construir hasta una carretera en territorios de los nativos sin consulta de por medio. Los activistas en resistencia alegan que el Estado los discrimina y acorrala para proteger sus intereses financieros.