Servindi, 29 de junio, 2010.- Acceda a nuestro resumen semanal de noticias dedicado de manera especial a las reacciones frente a la observación de la Ley de Consulta formulada por el Presidente Alan García. Se autoriza la libre reproducción y difusión.
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Mundo Indígena al Día: Nacional
Especial sobre Ley de Consulta
Un amplio rechazo recibió el gobierno al observar y rehusarse a promulgar la Ley de Consulta aprobada por el Congreso el 19 de mayo.
Las cinco principales organizaciones indígenas nacionales AIDESEP, CONACAMI, CNA, CCP y CONAP afirmaron que las observaciones “hacen inviable un acuerdo” y exigen al Congreso que insista en promulgar la Ley aprobada.
Las observaciones “nos remiten a la misma situación vivida antes de los sucesos de Bagua e incluso la agravan” dijeron.
“Se continúa con la política del “perro del hortelano”, desconociendo a los pueblos indígenas, para mantener a toda costa los exagerados beneficios a las industrias extractivas” afirmaron.
Antolín Huáscar, de la CNA y Mario Palacios de la CONACAMI, rechazaron el intento de desconocer a las comunidades campesinas como parte de los pueblos indígenas y, en consecuencia, excluirlas del derecho a la consulta.
“El gobierno está creando distinciones que no están ni en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni en la Constitución Política del Perú” solo para dividir a los pueblos y beneficiar a las empresas mineras que operan en costa y andes, señalaron.
La organización CONAP denunció que el gobierno quiere un procedimiento de consulta que se reduzca a un “mero formalismo”. Mientras que la CCP llamó a las comunidades a enfrentar con decisión al gobierno del “perro del hortelano”.
Otras reacciones
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos respaldo el pedido de las organizaciones y llamó a los congresistas a actuar “con coherencia e insistir en promulgar la ley original, sin las observaciones del Ejecutivo”.
El Instituto de Defensa Legal (Ideele) calificó de injustificadas e inconsistentes las observaciones y advirtió que muestran “ausencia de voluntad política para aprobar esta ley”.
El Instituto Internacional de Derecho y Sociedad señaló que con las observaciones el gobierno se está colocando formal y materialmente por fuera y en contra del Estado de Derecho.
Raquel Yrigoyen sostuvo que las observaciones pueden significar un quiebre en el Estado de Derecho puesto que el Estado no puede privilegiar “intereses” sobre “derechos”
Las categorías como el “bien común” o el “interés general” nunca pueden ir contra los derechos, como la vida e integridad de los pueblos y personas, explicó Irigoyen.
El jurista español Bartolomé Clavero, Vicepresidente del Foro de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, calificó de “fraude” la decisión del Gobierno peruano.
Clavero afirmó que con esta actitud el gobierno se empeña en retroceder jurídicamente “a un momento incluso anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
El analista Carlos Reyna calificó de “grosera burla” a las observaciones del gobierno de Alan García que convierte “la democracia en autoritarismo, las libertades en represión y la afirmación de derechos en negación de los mismos”.
La congresista Gloria Ramos opinó que la mayoría de las observaciones del Ejecutivo son “subjetivas” y que el gobierno trata de postergar el proceso de consulta para culminar la concesión de territorios para la explotación minera, de gas o petróleo, sin respetar los derechos de los pueblos originarios.
“Y esto va a más conflictos. El gobierno no ha aprendido de esa lamentable lección que nos ha dado Bagua”, puntualizó Ramos.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo recordó que la Ley de Consulta debe alentar el diálogo intercultural de buena fe entre el Estado y la población indígena y favorecer la inclusión efectiva de los pueblos indígenas del país.
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