Perú: Nuevas reflexiones sobre los decretos del TLC a golpe de marinera norteña

Por Pedro García Hierro

El gobierno aprista hace un nuevo intento de flexibilización de las reglas que permitirían la venta de tierras indígenas y presentará mañana, así lo dice la prensa, una nueva propuesta que combina tal o cual tipo de porcentajes para poder vender o alquilar las tierras comunitarias.

Parece que alguien no se enteró del mensaje. No se trata de un problema matemático (porcentajes más o porcentajes menos) sino de cuestiones esenciales: lo que ellos nos dicen es que la tierra es madre, que no se vende, y en cualquier caso, se dispone de ella de manera autónoma, de acuerdo con la Constitución vigente.

Lo que corresponde al Congreso, según el artículo 89º de la Constitución es legislar la autonomía comunal y los mecanismos para hacerla efectiva, previa consulta y participación de los interesados en el proceso. Los Decretos 1015 y 1073 derogados por el Congreso y que el Ejecutivo resiste son anticonstitucionales, entre otras cosas, porque se entrometen en la autonomía de las comunidades y regulan aspectos que la Constitución peruana y los Tratados Internacionales firmados por el Perú consideran materia normativa propia de las comunidades.

Y lo mismo ocurre con cualquier otra propuesta que trate de modificar ese criterio constitucional. Muchos dicen que también la Ley 26505 era, bajo esos mismos argumentos, anticonstitucional, y por supuesto lo era. Y se protestó y se organizaron grupos de trabajo para demostrarlo. Pero eran tiempos difíciles para el diálogo y la protesta social (hoy se celebran los cinco años de la Comisión de la Verdad).

Varios son los articulistas que en las últimas semanas han contribuido a sembrar malentendidos. En El Comercio de 22 de agosto pasado ha aparecido un artículo, me imagino que hecho con prisas, en que la explicación (en realidad, una mala explicación) de un derecho explícitamente reconocido en un texto legal ratificado por el Perú y parte de su bloque de constitucionalidad, se presenta como una especie de intriga política internacional perversa.

Tiene frases ese artículo de mucho mérito, y, para el disfrute de los juristas internacionales que conocen de qué se está hablando, cuenta con expresiones como esta: "Existe una estrategia internacional orientada a que las comunidades nativas avancen hacia la declaración de sus tierras como territorios, y ya no solo de cada comunidad por separado, sino de los grupos étnicos. Esta estrategia, ...recomienda, entre otras cosas, por ejemplo, precisamente la vinculación conceptual entre territorio y nacionalidad". Alerta claro está de los peligros que una intriga así generan a la soberanía y la seguridad nacional.

Conceptos jurídicos que conforman lo más básico del corpus iuris de la cuestión son presentados como maquiavélicas conspiraciones. Instituciones como la del territorio indígena, con amplio desarrollo en el derecho internacional especializado desde hace décadas, incorporado en muchas constituciones americanas, familiar al Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos y elemento primordial de algunas de las más importantes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se presentan como creación intelectual de algunos profesionales relacionados con las organizaciones indígenas.

El periodista hace mención a un texto mío, pedido por IBIS en 1992, pese a que esa institución se instaló en el Perú en 1996, si mal no recuerdo, y se me dice que soy asesor de AIDESEP, que lo fui y con el mayor orgullo y dedicación hasta 1994. Al margen de estas fallas de información (muy menores en comparación con la intencionada desinformación de fondo), espero que no se haya intentado hacer creer a la ciudadanía peruana que un texto de 1992 (que ni yo recuerdo) esté relacionado con la reciente protesta social indígena. En ese mismo sentido, y con muchísimo más mérito y razón, se podría inducir a pensar que la "mano negra" detrás de todo esto es la del padre Bartolomé de Las Casas.

Pero como se ha incursionado en la historia me he permitido revisar algunos documentos que permitirían a los congresistas de las diferentes bancadas tomar una posición cuando se les consulte al respecto.

Opiniones (póstumas) de eminentes ideólogos y políticos peruanos frente al discurso del perro del hortelano

• Primera

La primera va dedicada a todos los apristas de raigambre. Disfrutemos todos de algunos extractos de la palabra de don Víctor Raúl Haya de la Torre.

Y dice así:

"El problema indígena es pues económico, social y eminentemente internacional. Sostengo que la fuerza de la unidad americana no está en lo de europeo que nos envuelve sino en lo indígena que nos arraiga......

El imperialismo plantea para nuestra América su problema capital... Tanto la adquisición de materias primas como la conquista de mercados como las inversiones financieras suponen directa o indirectamente explotación.... Pero no olvidemos que el imperialismo implica ante todo emigración de capitales de los centros que han alcanza gran desarrollo económico hacia los países inexplotados total o parcialmente. Uno de los grandes secretos de estas inversiones es lo que se llama la mano de obra barata ( ... ) Para este propósito nuestros millones de indígenas ( ...) ofrecen un inmenso contingente de brazos explotables para el imperialismo. El gran negocio de extraer materias primas y hacer inversiones en empresas de nuestros países, está en el bajo costo de producción, en la fácil explotación de nuestros trabajadores. El imperialismo, pues, trae consigo un nuevo y grandísimo peligro para (los) indígenas. La alianza del gamonal nacional con el invasor económico extranjero, apuntala el poder de la clase dominante y pesa doblemente sobre nuestros trabajadores". (Citado por: Atilio Sivirichi: Derecho Indígena Peruano, Editorial Kuntur 1946, páginas 32 y siguientes.)

"Nuestra lucha por el indígena peruano y americano es pues la lucha contra el latifundio. El latifundio y la comunidad no pueden coexistir. Son instituciones opuestas (...) La lucha de cuatrocientos años de la comunidad contra el latifundio y la decadencia de este, prueban históricamente que las bases de la comunidad incaica constituyen las bases de la restauración económica nacional. La reorganización de nuestra economía desquiciada no podrá establecerse sino sobre las bases de la maravillosa organización económica incaica modernizada, dotada de todos los elementos de la técnica contemporánea y resguardada por el Estado (...) La lucha entre el latifundio y la comunidad no puede mitigarse con decretos y leyes que nunca se cumplen. El latifundio se ha formado a expensas de la comunidad (...) robando la tierra a los indígenas. En el caso del Perú esto es indudable" (Misma referencia, página 48)

"El indio es en el Partido Aprista Peruano el primer reivindicado por su justicia societaria[ ... ] La lucha por el indio es la lucha contra el latifundio, por la comunidad" (Misma referencia, página 49)

"Los propagandistas de la inferioridad del indio tienen garantizada la inmortalidad de la burla eterna. Son como los que creían en la antigüedad que en la zona tórrida los mares hervían" (Misma referencia, página 53).

Algunos deberían abochornarse si el maestro levantara la cabeza.

• No hay primera sin segunda

Dedicada a todos los demócratas peruanos que piensan que vivir en una sociedad plural, conformada por diversidad de pueblos, culturas y modos de ver la vida constituye un privilegio que hasta ahora no hemos sabido aprovechar ni disfrutar (y algunos ni tan siquiera tolerar).

Aquí van extractos de las palabras del señor presidente de la República don Valentín Paniagua a la comisión del pueblo Asháninka que recibió en Palacio el viernes 2 de febrero del año 2001.

Y dice así:

"Quisiera expresarles en primer término la profunda satisfacción que me produce recibirlos. Decirles a todos ustedes que representan el Perú auténtico, el Perú indígena, el Perú que hizo la gloria e hizo la historia. Mejor, la historia gloriosa del Perú.

Quiero decirles que he sentido una profunda emoción al escucharlos porque en el fondo ustedes representan el Perú dominado, sujeto y sometido a servidumbre y olvido dentro de su propio territorio.

El Perú ha cometido en efecto, no sólo con ustedes, pero de modo especial con ustedes, el grave pecado de olvidar sus raíces. Sometió a servidumbre al indio y mantuvo la servidumbre que los españoles habían establecido sobre él. (...) El Perú auténtico vivió desterrado dentro de su propio territorio.

Yo reconozco por lo tanto y siento como ustedes que hay una obligación moral del país para reivindicar los derechos que a ustedes les corresponde, porque eso es parte de la afirmación de la identidad nacional. Quisiera decirles que si estuviera en mis manos satisfacer todos y cada uno de los pedidos que aquí me han formulado y que me parecen todos razonables, lo haría de inmediato (...) El progreso no puede significar desarraigar y desconocer a quienes tienen titulo histórico primario anterior al de cualquier ocupante de la selva. La selva del Perú no es una tierra de nadie, es de aquellos a quienes Dios puso allí, o de cuando menos de aquellos hoy se encuentran allí.

Por eso no me parece difícil y espero que sea posible dictar las normas que reconozcan el grave riesgo que están viviendo ustedes, no solamente de privación de su territorio sino de agresión a sus manifestaciones culturales. Y en este punto quisiera señalar que el Perú es un país disímil y vario. Este un país constituido por diversas nacionalidades. Todos ustedes son representantes de alguna de esas nacionalidades que tienen derecho a integrar la gran nación peruana. El reto que nos ha impuesto la historia es integrarnos, es esforzarnos por coexistir, respetando los derecho de cada quien, de cada grupo cultural. Y yo encuentro perfectamente legítima y justa la aspiración de ustedes de conservar, incluso en su educación, las tradiciones y costumbres de vuestros pueblos, del mismo modo que todo los demás tenemos derecho a afirmar las raíces de nuestra cultura ancestral.

Así como nosotros defendemos la integridad del territorio nacional frente al invasor externo, así como la ley garantiza a cualquier propietario a defender su propiedad, ustedes deben sentirse también con derecho a defender eso que son sus reservas o aquello que necesitan para sobrevivir como personas humanas.

(...) Por todo eso, soy yo más bien, quiero decirle a usted como representante de los pueblos indígenas de la selva central, el que tiene que agradecerles esta visita, (...) que me ha permitido percibir y sentir, como debe sentir cualquier peruano bien nacido, el mensaje de los hermanos del Perú, del verdadero Perú profundo".

Como verán son textos que pasarán a la historia junto con el nombre de sus autores. ¡Qué diferencia de talante con otros discursos que sin duda también pasarán a la historia?

Pero ¿de qué parte de la historia les gustaría a los congresistas ponerse al momento de tomar posición?

La profecía del error histórico y la constatación de un error histórico

• Tercera

Dedicada a aquellas personas sensatas que se fían más de la historia que de las profecías.

Antes de comenzar hay que reconocer que es un gran mérito haber hecho creer a mucha gente que lo mejor para comunidades que tan sólo cuentan para vivir bien con sus tierras, sus recursos y un amplio y profundo conocimiento del comportamiento de esos recursos, mejorarían su situación si venden todo eso y se concentran en ciudades para esperar la llegada de los servicios estatales.

Del mismo modo ha resultado sorprende el argumento de que un conjunto de decretos impuestos verticalmente sin consulta ni participación alguna de los interesados estaban destinados a acabar con el paternalismo tradicional. Es un malabarismo conceptual "para quitarse el sombrero".

Pero del arte de la política se puede esperar todo.

Concentrándonos en el problema. Se ha dicho que poner salvaguardas a la libre venta de las tierras indígenas sería un error histórico, y que las comunidades se retrasarían un siglo como consecuencia.

Volvamos dos siglos atrás.

El 8 de abril de 1824, en Trujillo, Simón Bolívar expide un decreto por el que los indígenas son declarados dueños de sus tierras "para que puedan venderlas o enagenarlas (sic) de cualquier modo" (artículo 2º). En el artículo 3º de este decreto se dice que "las tierras llamadas de comunidad se partirán conforme a ordenanzas...".

En efecto, "este decreto constituye uno de los gravísimos errores en que incurrió el Libertador", dice Sivirichi, y añade que "la finalidad con que se dio no justifica en ningún modo los efectos contraproducentes y funestos que tuvo. El espíritu del decreto vino a vigorizar el ensanchamiento del latifundismo agrario; los terratenientes y hacendados absorbieron las comunidades en beneficio propio" (Atilio Sivirichi: Derecho Indígena Peruano, Editorial Kuntur 1946, página 98 y siguientes). Era lo que Palacios denominó "la libertad liberticida".

El Fiscal nacional José Frisancho (en un texto denominado "Algunas visitas fiscales", circa 1928, que cita Sivirichi) dice que el decreto

"cambió bruscamente en el Perú la forma de la propiedad agraria de los indígenas, adaptándola a un individualismo prematuramente disolvente, proclive al caciquismo. Bajo esta organización republicana se otorgó al indio pleno derecho individual de dominio sobre la fracción de terreno que de la división de las antiguas comunidades le fuera adjudicada; así le fue permitido vender o transferir a cualquier título su pejunal (sic). Esto se llamó fantásticamente establecer la libertad e igualdad entre los derechos civiles cuando en realidad se le despojaba al indio comunitario de la única protección tutelar que amparaba el buen uso de su dominio sobre la estancia de su tradicional aprovechamiento colectivo, de la única barrera legal que hasta entonces había tenido la codicia de los advenedizos por adueñarse de sus tierras ejidales, introduciéndose en ellas por compras irrisorias para expoliar después a los demás miembros de la comunidad agraria" (Atilio Sivirichi: Derecho Indígena Peruano, Editorial Kuntur 1946, página 98)

Y en otro lugar este mismo fiscal afirmaba: "Un dato revelador es que no existe un solo caso, absolutamente uno solo, en que el indio haya alcanzado justicia contra algún hacendado". Son palabras de un Fiscal especializado en la temática.

El desastre ocasionado por este decreto, que Bolívar se apresuró a derogar pero que abrió la puerta al debilitamiento de las comunidades, fue de proporciones históricas.

José Luis Rénique ("Los Sueños de la Sierra", CEPES, 1991), María Isabel Remy ("La sociedad local al inicio de la República", citado por Rénique) y Waldemar Espinoza (en "Proceso de composición y titulación de tierras en Apurímac-Perú siglos XVI-XX, Tomo I,", Hosting, Palomino y Decoster, Cusco, 2007) hacen referencia a la historia de este "gran asalto sobre las tierras comunales" como lo califica Remy. Para 1844, los indígenas habían perdido el 40% de todas sus propiedades colectivas. Fue la Constitución de 1920, y después todas las posteriores hasta 1993, la que consideró la necesidad de asegurar la estabilidad de la propiedad comunal garantizándola con el atributo de su inalienabilidad.

• Acá va la resbalosa

Como se ha venido relacionando pobreza y libre venta de la tierra indígena, aporto algunos datos finales al respecto:

Dinamarca, un país que ha ratificado, como Perú, el Convenio 169, ha pactado con sus pueblos indígenas (sí señores, en Dinamarca también hay dos grandes pueblos indígenas, los sami y los inuit) Estatutos de Autonomía en virtud de la libre determinación reconocida por el derecho internacional (en textos que también Perú firmó), para el autogobierno de sus territorios - ¡ojo, un espacio que representa 4/5 partes del país! - y éstos no son negociables. Por su parte, en Noruega, Suecia o Canadá, países donde las políticas públicas han estado, al menos parcialmente, orientadas a fortalecer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la autonomía en el control y aprovechamiento de sus territorios, han comenzado a florecer economías autóctonas interesantes.

Se trata de pueblos indígenas con niveles de prosperidad importantes siendo la estabilidad que le ofrece el control de sus territorios y su protección estricta frente a terceros lo que les ha permitido desarrollar con tranquilidad sus propuestas económicas diferenciadas.

Por otra parte, la mayoría de las Constituciones Americanas, y más aún las más modernas, ponen salvaguardas a la libre disponibilidad de las tierras indígenas en el entendimiento de que no se trata de una mercancía (y no por paternalismo sino en virtud de una lectura reflexiva de la historia americana). Perú es uno de los pocos países que ya no está en esa línea. Y es el único que, habiéndola adoptado por casi un siglo en sus textos constitucionales, hoy la está abandonando.

La modernidad no consiste en repetir recetas que, una y otra vez, se han venido utilizando en detrimento de los pueblos indígenas, sino en innovar en las modalidades de funcionamiento democrático en las sociedad plurales, entre otras cosas mediante los mecanismos que se vienen diseñando en los más modernos textos surgidos en el seno de las Naciones Unidas, tales como la "Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas", que Perú firmó en septiembre del año 2007. Para quienes no hayan seguido este proceso, es interesante recordarles que fue la delegación diplomática peruana una de las que con más ahínco impulsó la firma de esta Declaración convenciendo a los países renuentes.

En efecto, fue el Sr. Luis Enrique Chávez, Presidente del Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración, el que presentó a nombre de Perú el proyecto de resolución sobre la adopción de la Declaración. "Al destacar la responsabilidad de la Asamblea General por eliminar toda desigualdad en la promoción y protección de los derechos humanos - con la protección de los pueblos indígenas - recuerda las distintas etapas del proceso de redacción, el cual duró 25 años, remarcando que, por primera vez en la historia de la ONU, los representantes de los titulares de derechos, los Pueblos Indígenas, participaron en forma activa, aportando una legitimidad incuestionable al documento (...) , "Perú insta a todas las delegaciones a aprobar el proyecto de resolución".

Con estas palabras se abre el Acta de la histórica sesión que culminó con la aprobación de la Declaración por 144 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. En aquella ocasión, y tal como reza en otra parte de dicha Acta, "Sheikha Haya Rashed Al-Khalifa, Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, agradece al Embajador (...) Luis Enrique Chavez, y felicita a todos los miembros de la Asamblea General por su trabajo en esta histórica Declaración (...) con particular mención a Perú..."

Recuerdo pocas felicitaciones más explícitas, en Naciones Unidas, a una delegación del Perú. No hay que borrar esa imagen de país promotor de los derechos indígenas tan brillantemente ganada por la diplomacia peruana.