Perú: A propósito de la situación del grupo Yacutaita. Aclaraciones y reafirmaciones

Por Alberto Chirif*

El artículo que circulé hace una semana, "El drama de los Yacutaita, grupo de manejo pesquero modelo para la Amazonía", ha suscitado una serie de comentarios, la mayoría de ellos, debo decirlo, favorables, por la sencilla razón de que los autores de esas glosas se sienten identificados con mi punto de vista.

Existen además muchas personas que no han publicado comentarios, pero me han expresado personalmente su opinión favorable. En estas líneas, como señalo en el encabezamiento, quiero hacer algunas aclaraciones y reafirmaciones sobre el contenido de ese escrito.

La primera de ellas tiene que ver con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), y es para que se entienda que mi crítica no es a la institución sino a su dependencia encargada de opinar sobre los planes de manejo pesqueros, en concreto, del área de ecosistemas acuáticos.

Si se lee bien mi artículo, en él destaco el positivo apoyo dado a las comunidades de la reserva nacional Allpahuayo-Mishana por el proyecto BIODAMAZ, que fue un proyecto del IIAP, para el aprovechamiento de sus recursos naturales, entre ellos, los acuáticos, a través de una estrategia inteligente: los llamadas planes adaptativos que liberan el manejo del lastre burocrático, tan querido por los oficinistas, sean éstos científicos o llanos funcionarios, para poner el énfasis en lo que importa: la voluntad de una población para usar sus recursos de manera sostenible, expresada en normas sociales que eviten su extracción por encima de su capacidad de regeneración natural.

Las estrategias son muy sencillas, pero sus resultados son notables. Si se trata de explotar la palmera irapay, muy usada para el techado de casas, la regla es no cortar todas sus hojas porque de hacerlo la planta muere; y si se trata de peces, las normas aprobadas por consenso son respetar las épocas de veda, no usar redes de trama pequeña para no barrer con las crías, no dejar entrar a pescadores comerciales y cosas por el estilo.

Para los buro-científicos o cienti-burócratas esto puede sonar a anatema, porque medidas prácticas como éstas les quitan piso. Es la misma actitud del médico que desacredita el conocimiento y las prácticas de los vegetalistas. Qué entre éstos puede haber charlatanes, claro, pero también los hay entre los llamados científicos.

Una de las cosas que más me sorprende en los que así actúan es su falta de perspectiva histórica. La humanidad ha vivido (y por suerte ha sido así) libre de su sabiduría por siglos, y los recursos han sobrevivido a la historia y llegado hasta el siglo XIX. En el XX, en pleno furor científico, el sistema de explotación actual, desligado por completo de los principios éticos que guiaron la relación de las sociedades con la naturaleza, y por cierto también de la racionalidad que afirma poseer, en el siglo XX, digo, es que ha comenzado la verdadera destrucción de recursos y ecosistemas.

Los debates sobre el efecto invernadero, el calentamiento global, el cambio climático, la contaminación extendida y la acelerada desaparición de especies son actuales, modernos, y consecuencia de una civilización basada en el desenfrenado consumo de recursos y de energía, frente al cual los buro-científicos no muestran la menor capacidad crítica. Menos aun les importa el crecimiento dramático de la pobreza de sociedades indígenas que han sido despojadas de sus recursos y sus conocimientos, y han visto contaminados sus hábitats.

Para regresar al IIAP, esta institución tuvo la sensibilidad necesaria, en el caso del proyecto BIODAMAZ, de adoptar un acercamiento al tema a partir de una estrategia basada en las propias fortalezas de la población. No todo, por supuesto, fueron éxitos en ese proyecto, en el cual también hubo fracasos, que en su momento, cuando me tocó evaluarlo, critiqué con el mismo énfasis con que alabé sus logros. Pero ahora no es momento de ampliar este tema.

En suma, mi artículo no significa un ataque a la institución, sino un cuestionamiento al área que debe opinar sobre los planes de manejo. He expresado de manera privada mis críticas a los diversos intentos de quitar autonomía al IIAP y, de ser el caso, estoy dispuesto a expresarlos de manera pública en cualquier campaña que defienda este principio, porque estoy convencido que hay que evitar que ella se convierta en fuente de trabajo para correligionarios, adláteres, linajes y ayayeros varios de los gobernantes que transitan por el poder, cosa tan frecuente en el ámbito nacional y regional.

El grupo de manejo de paiche Yacutaita, que debió obtener la aprobación de su plan no más de un año después de haber iniciado sus gestiones y presentado su propuesta formal, lo obtuvo luego de doce años de sacrificios propios y de fuerte inversión de fondos de Pro-Naturaleza, la ONG que lo apoya. Si con una institución que apadrina la iniciativa la aprobación es tarea difícil, sin ella es imposible.

Es exacto lo que dice el biólogo Arsenio Calle en uno de los comentarios a mi artículo, en el sentido de que todas las iniciativas de manejo presentadas a ecosistemas acuáticos del IIAP y a PRODUCE han sido apoyadas por ONG. De otra manera, ni siquiera hubieran podido ser presentadas porque el Estado está totalmente ausente. Las veces que los funcionarios han viajado a ver las propuestas, siempre han sido con fondos de las ONG, nunca con dinero público.

Por eso, que luego de tantos años de existencia de la reserva y de funcionamiento de esas instituciones sólo haya un plan de manejo de paiches aprobado es un logro más que magro: escuálido. Entre PRODUCE y el área de ecosistemas acuáticos del IIAP se han encargado de bloquear planes de manejo con cualquier argumento. Es una verdad a medias decir, como lo hace el ingeniero Salvador Tello, responsable de ecosistemas acuáticos, que no es el IIAP quien autoriza esos planes, porque lo cierto es que su opinión es decisiva para darle pase a estas iniciativas.

En los casos de Caro Wiurí y cochas de Punga, también dentro de la reserva Pacaya-Samiria, ambos apoyados por el proyecto de la WWF/Dinamarca, esas instituciones jugaron en pared para enfriar las iniciativas, y alegando cualquier cosa hicieron rehacer los documentos muchas veces. Hoy en las cochas de Punga se extrae pescado sin manejo a vista y paciencia de todo el mundo, sin que PRODUCE diga nada. La institución WCS retomó el apoyo al grupo de manejo de Caro Wiurí, pero años seguidos de peloteo la desanimaron de continuar en el intento.

Lo he dicho en otras oportunidades, algunas ya hace tiempo, como lo recuerda un comentarista a mi anterior artículo sobre el tema, que los buro-científicos siempre ponen restricciones para bloquear iniciativas, y que si no hay normas escritas, ellos tienen la ilimitada capacidad de inventar argucias que refirmen su poder, que he calificado de patológico. El delito en este país es tratar de legalizar una actividad, porque mientras se mantenga informal, nadie dirá nada.

Dicho de otra manera, los casos que debiera fiscalizar, no son controlados por PRODUCE: por ejemplo, la comercialización de pescado de talla por debajo de la permitida o con huevos en los mercados de Iquitos, la venta de paiche en restoranes de la ciudad durante la época de veda, el uso de redes de trama de una pulgada o menos para capturar peces destinados a la alimentación, la pesca con barbasco o con químicos de alto poder residual, como thiodan y parathion, o la pesca al pie de desagües que vierten las aguas servidos de la ciudad en los ríos. Frente a estos casos no dice ni hace nada.

El ingeniero Tello señala que los representantes de Yacutaita presentaron a destiempo la solicitud para obtener el permiso de extracción, lo que no es cierto, ya que fue en julio de 2008 y no, como él afirma, en octubre de ese año, que pidieron la presencia de su área para hacer el censo. Lo que pasa es que él dilató la respuesta, exigiendo cada vez más requisitos caprichosos, para finalmente responder a la única experiencia exitosa de manejo de paiche en la Amazonía peruana, seis meses más tarde, "que el plan de manejo necesitaba ajustes", lo que es un acto de irresponsabilidad muy típico de burócratas que no tienen preocupaciones económicas porque gozan de un sueldo seguro a fin de mes.

¿Por qué no planteó hacer esos ajustes durante el año si es que los consideraba tan necesarios y esperó que llegase diciembre cuando la gente del grupo necesitaba desesperadamente de respuestas para proceder a la captura? Por lo demás, como bien señala el biólogo Miguel Tang en su comentario a mi escrito, durante los dos años anteriores esas instituciones otorgaron el permiso durante la época de veda, y esto no ha significado ningún perjuicio para la población de paiches de la cocha El Dorado, por estar protegida de los pescadores ilegales.

Olvida él, además, que se trataba de una solicitud de renovación de un plan ya aprobado y funcionando bien durante años, que ambas instituciones debieron haber monitoreado a lo largo del año. Es decir, se trataba de un simple trámite de renovación que no suponía la revisión de aspectos centrales del plan de manejo. ¿Qué fallas había que ajustar en el plan de manejo? Si existen, que diga cuáles son y muestre el documento de evaluación que las sustenta.

Por último, debo decir que conocí a don Noé Buendía cuando trabajaba en el ex Ministerio de Pesquería. Fue un hombre muy querido por campesinos e indígenas por su don de gentes y la comprensión de sus problemas. No tengo ninguna duda de que si viviera y todos los funcionarios de PRODUCE fuesen como él, la institución sería otra cosa. Lamentablemente no es así.

Por favor, funcionarios de la DIREPRO, no manipulen su imagen y sus cualidades como si ellas pertenecieran a la institución y a los funcionarios actuales. Si de él dependiera, el plan de los Yacuitaita y de otras organizaciones similares habría sido aprobado inmediatamente y sus esforzados integrantes no pasarían por las penurias actuales.

Si los funcionarios actuales quieren honrar su memoria, que abran su entendimiento y su corazón para comprender las justas demandas de gente que no tiene un sueldo a fin de mes, y cuya economía depende del usufructo de su trabajo, en este caso, de controlar y manejar bien una cocha que, de tener una población de peces casi extinta, hoy muestra una en aumento, una experiencia que debería haber sido replicada por la DIREPRO y el IIAP en todas las comunidades con cochas de la RNPS.

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* Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de diversos artículos.