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Volcadura de camión cisterna provocó el derrame de 9 mil galones de petróleo en el distrito de Salas, en Lambayeque.

El OEFA continuará con la supervisión hasta determinar las causas del derrame y verificar la ejecución del plan de contingencia de Petroperú.

Presidenta del OEFA instó al TC a hacer un análisis minucioso del tema y coincidir con las posturas de Indecopi y Corte Suprema sobre aportes o recaudación presupuestal.

Si el TC declara fundada demanda de Perubar para que no se le aplique el aporte por regulación, el Estado peruano tendría que devolver más de 400 millones de soles.

TC tiene en sus manos sentencia que podría arruinar al OEFA al obligarla a devolver a minera demandante lo que ha pagado en los últimos años creando peligroso precedente.

Preocupa que se destine un importante presupuesto del fiscalizador ambiental a labores secundarias como el cambio de logo institucional, algo que ya estaba hecho.

OEFA señala que la unidad minera Arasi de la empresa Aruntani afectaría flora y fauna de la quebrada Lluchusani. De no cumplir la medida preventiva, la minera será sancionada.

El ente fiscalizador señaló que el proyecto minero afectaría la quebrada Huayllani, ubicada en Apurímac. Dio un plazo de 30 días para el cierre de actividades.

La Ley 30230 buscó continuar un proceso iniciado en 2013, que consiste en debilitar la institucionalidad ambiental, entendida como reducir la autonomía del MINAM.

La derogación del artículo 19 de la Ley 30230 no es suficiente para restablecer la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).