mineria ilegal

La informalidad, promovida por la inoperancia y corrupción, es lo que ha generado que la minería ilegal se propague en el Perú, manifiesta el pronunciamiento del CEAS. 

Entre las peticiones de los mineros informales se encuentra el pedido de reconocer La Pampa como centro poblado y ampliar el “Corredor Minero”, lo que afectaría drásticamente a la Reserva Nacional Tambopata.

Es un tremendo error hacer concesiones a un sector que se sigue expandiendo de manera caótica, generando graves impactos ambientales y sociales, escribe Josè de Echave.

Por la Ley N° 27651 se han emitido varios dispositivos legales sobre procesos de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, que no han culminado hasta ahora.

Cifras reveladas por informes de USAID contradicen la última medición hecha por el gobierno que, en 2020, señaló que en todo el Perú había 50 mil mineros artesanales.

Hallazgos superan significativamente las estimaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible en 2020, la cual calculó que 50 000 personas en el país se dedican a esta actividad.

La minería ilegal desborda el Perú y en el contexto de una nueva crisis política generada por la salida del exministro del Interior Mariano González, el sexto ministro de esta cartera durante el primer año de gobierno. 

Carlos Manuel Llanos Castillo es el quinto agricultor asesinado en la zona de influencia de La Pampa desde 2019, mientras mineros ilegales ganan cada vez más terreno.

El domingo 17 de julio mineros ilegales ocuparon sin autorización la sede de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) y tendrían secuestrados a dirigentes de esta organización.

Ataque se produjo el 3 de julio, pese a las reiteradas denuncias que existen desde el 2017 sobre las presiones en la zona por el incremento de actividades ilegales.